Si el gobierno estableciera una paraestatal para comercializar esta planta podría acarrear corrupción e ineficiencia, igual que pasa con otros bienes públicos.
La semana pasada el presidente de Uruguay expresó su deseo por legalizar la marihuana, poniendo en la mesa un debate que no ha sido tomado en cuenta por muchos.
Dejando a un lado el debate de legalizar o no la marihuana, una pregunta importante es: ¿Debería ser la marihuana un bien público?
La postura del presidente uruguayo José Mujica sobre legalizarla, deja ver que el estado es quien manejaría la venta de dicha substancia, lo cual tiene tanto su lado positivo como negativo.
Si extrapolamos el debate a nuestro país, hay voces que defienden la legalización de la marihuana para quitarle poder a los cárteles y así reducir la inseguridad.
Sin embargo, ¿qué se haría después de que fuera legal?
Por un lado está la opción de que sea un bien privado y que se comercialice tal cual como si fuera tabaco. Se podría poner un impuesto especial al considerar que el producto puede ser dañino para el humano.
De esta manera podría haber competencia y con una industria eficiente habría beneficios para el país por medio de creación de empleos.
El problema es que siendo un bien que no está en el mercado por barreras legales, se prestaría a que empresarios con mucho poder acapararan el mercado, sobre todo si se diera por licitaciones, como en el caso de la telefonía.
Un problema adicional, que sirve como defensa para quienes consideran que debería ser un bien del estado, es el hecho que los plantíos y la producción de la marihuana son controlados por grupos violentos.
Si una empresa privada fuera a producir marihuana, habría problemas de amenazas por estos grupos.
Las extorsiones serían enormes y sería difícil que tengan plantíos sin ser acosados por los antiguos dueños.
La opción de que sea un bien público no la libra de todos los males.
En caso de que el gobierno quisiera establecer una paraestatal, que podría llamar “Motamex” (si me permíten la sugerencia), podría traer los problemas de corrupción e ineficiencia que sufren los demás bienes públicos.
Lo evidente es que es un problema difícil de resolver.
Si eventualmente más países la vuelven legal, México se vería forzado a hacerlo, y deberá tener ya estudiado un plan concreto para manejar la compra-venta del producto.