Nuevo round vs. buitres
Argentina entabló una demanda contra Estados Unidos (EU) en la Corte Internacional de Justicia de La Haya en relación a la disputa que mantiene sobre su deuda soberana.
El país sudamericano busca que la Suprema Corte de EU atienda su caso. De este modo, los argentinos acatarían la resolución del máximo órgano judicial estadounidense, desechando la orden de Thomas Griesa, juez federal por el Distrito Sur de Nueva York, de pagar alrededor de 1.6 mil millones de dólares al fondo de inversión NML Capital.
Rodrigo CarbajalArgentina entabló una demanda contra Estados Unidos (EU) en la Corte Internacional de Justicia de La Haya en relación a la disputa que mantiene sobre su deuda soberana.
El país sudamericano busca que la Suprema Corte de EU atienda su caso. De este modo, los argentinos acatarían la resolución del máximo órgano judicial estadounidense, desechando la orden de Thomas Griesa, juez federal por el Distrito Sur de Nueva York, de pagar alrededor de 1.6 mil millones de dólares al fondo de inversión NML Capital.
Sin embargo, el país norteamericano tendría que dar su consentimiento para aceptar la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia en la disputa.
Tenedores en conflicto
En el 2001, Argentina suspendió el pago de alrededor de 100 mil millones de dólares de su deuda. El país llegó a un acuerdo con la mayoría de los tenedores de bonos para reestructurar la deuda y pagar una parte del adeudo original.
NML Capital, subsidiaria de Elliot Management Corp, adquirió bonos argentinos reestructurados a descuento y emprendió una guerra legal para obtener el pago completo de los instrumentos de deuda.
En junio de este año el máximo tribunal estadounidense rechazó una apelación de Argentina para atraer su caso, forzándola a acatar la resolución del juez Griesa.
Desde el 1 de julio, Argentina se encuentra en suspensión de pagos.
El problema yace en que la eventual paga a NML Capital podría activar una cláusula del contrato de los bonos que estipula un trato igualitario a todos los tenedores. Esto ocasionaría demandas a Argentina para pagar aproximadamente 150 mil millones de dólares, según estimaciones del ministro de Economía argentino Axel Kicillof.