Operación limpieza

Este mes, México dará un paso hacia adelante en los esfuerzos de combate de lavado de dinero. 

El 17 de julio entrará en vigor la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, también conocida como la Ley antilavado, nueve meses después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

El poder ejecutivo federal tendrá entonces 30 días para determinar los reglamentos de la nueva ley.

El texto de la nueva ley apunta que su objeto es proteger el sistema financiero y la economía nacional mediante medidas y procedimientos que prevengan actos u operaciones financieras que involucren recursos de procedencia ilícita. 

La ley dotará de nuevas y mejores herramientas a la Unidad Especializada en Análisis Financiero (UEAF) de la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Las autoridades deberán vigilar especialmente las llamadas “actividades vulnerables”. Algunos ejemplos de estas son los juegos de apuestas y sorteos, la emisión de tarjetas de crédito, prepago y otros instrumentos de almacenamiento de valor monetario que no sea realizada por entidades financieras tradicionales, el uso de cheques de viajero, la comercialización de metales preciosos y joyas, la subasta o comercialización de obras de arte, y los préstamos o ventas de inmuebles y automóviles cuyo valor rebase ciertos montos.

Las actividades vulnerables deberán ser reportadas a la SHCP a más tardar el día 17 del mes siguiente en que se realizaron. 

El reporte, o aviso, deberá contener los datos de quién realiza la actividad, del cliente, usuario o beneficiario, y la descripción de la actividad en cuestión. 

La información y documentación reportada ante la SHCP deberá conservarse de manera física o electrónica por cinco años. 

Aquellos que proporcionen información falsa acerca de estas actividades podrán ser sancionados con penas de 2 a 8 años de prisión.

La ley antilavado representa el esfuerzo del gobierno mexicano para acatar las recomendaciones y estándares internacionales dedicados al combate del lavado de dinero. México asumió ante la comunidad internacional el compromiso de combatir el blanqueo de capitales en diciembre del 2000, con la firma de la Convención de Palermo.

Además, la ley es un esfuerzo muy necesario por prevenir y penalizar seriamente el lavado de dinero después que el escándalo del lavado de dinero en HSBC sacudiera el mundo financiero. 

En 2012, las autoridades estadounidenses multaron al banco por 1.9 mil millones de dólares por realizar operaciones financieras ilícitas. Entre estas se incluyen transferencias que alcanzan los 7 mil millones de dólares, provenientes del crimen organizado mexicano, y que la subsidiaria mexicana de HSBC transfirió a su subsidiaria estadounidense. Es importante notar que la investigación que detonó el escándalo provino de Estados Unidos y no de México.

Esfuerzo internacional

En particular, la ley obedece a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (Gafi), una organización intergubernamental creada en 1989 por el G7. El Gafi busca crear recomendaciones y evaluaciones que impulsen el combate del lavado de dinero y del financiamiento de terrorismo.

Compuesto por 34 jurisdicciones miembro, 8 organizaciones asociadas y observadores internacionales, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, el GAFI ha emitido 49 recomendaciones para lograr sus objetivos. 

Estas recomendaciones incluyen mantener registros de información, evitar el anonimato en las operaciones financieras, aplicar sanciones y mantener la capacidad de congelar fondos sospechosos, entre otras.

Aunque las recomendaciones no tienen un carácter vinculatorio, el no acatarlas puede tener consecuencias serias como ser colocado en la lista de países de alto riesgo o no cooperativos. Una vez colocado en esta lista, el Gafi recomienda a sus miembros imponerle al país sanciones y restricciones financieras para proteger al sistema financiero del mundo de su influencia dañina.

Para poder asegurarse que sus miembros se adhieran a sus recomendaciones, el Gafi realiza evaluaciones periódicas de sus sistemas financieros, y reporta un análisis a profundidad que indica las áreas de debilidad y las recomendaciones necesarias para corregir estas deficiencias.

México es miembro del Gafi desde el 2000, y fue presidente de la organización durante el periodo 2010-2011. Adicionalmente, México es miembro del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (Gafisud), observador en el órgano regulador de lavado de dinero del Consejo de Europa (Moneyval), y coopera y apoya al Grupo de Acción Financiera del Caribe (Gafic).

La última evaluación de México fue realizada en el 2008, y encontró que el país tenía debilidades importantes en materia de prevención de lavado de dinero. 

El Gafi dictaminó que México solo cumplía parcialmente con 19 de las recomendaciones del grupo, y que no cumplía en absoluto con 6. Debido a esto, el Gafi decidió que México sería evaluado regularmente hasta que cumpliera con las recomendaciones.

Después de cuatro años en esta situación, el GAFI considera ahora remover a México de su lista de escrutinio aumentado, ya que el país ha realizado esfuerzos significativos para cambiar su situación. 

El gobierno mexicano estimó en el 2012, en su reporte entregado al Gafi, haber corregido el 90 por ciento de las debilidades identificadas en las 137 observaciones de la evaluación original.

La lista negra

Mientras que México está bajo un escrutinio aumentado en el Gafi desde el 2008, otros países se encuentran en peores condiciones. La organización mantiene una lista de países que tienen deficiencias en su cumplimiento de las recomendaciones. 

La lista se divide en dos niveles: países que no han tomado suficientes acciones para corregir sus deficiencias ni se han comprometido a un plan de acción, y países que el Gafi recomienda sean sancionados por sus miembros debido al alto riesgo de lavado de dinero y financiamiento terrorista que representan.

Actualmente, solo dos países reciben recomendaciones de sanción por el Gafi: Irán y Corea del Norte. Entre los países que no han tomado suficiente acción se encuentran Ecuador, Etiopía, Indonesia, Kenya, Myanmar, Paquistán, Siria, Tanzania, Turquía, Vietnam, Yemen y Santo Tomé y Príncipe. 

En junio de este año, cinco países, Bolivia, Brunei, Filipinas, Sri Lanka y Tailandia, fueron removidos de la lista gracias a sus planes de acción para contrarrestar el blanqueo. 

Por el contrario, el Gafi ha amenazado con incluír a Algeria y Antigua y Barbuda en la lista si no toman suficiente acción para octubre de este año.