Lo barato sale caro, pero muchas veces a los mexicanos no les queda otra opción. En la actualidad, el salario mínimo es insuficiente para costear las necesidades básicas, por eso millones de personas se conforman con las imitaciones, aun cuando estos productos pueden poner en riesgo su salud.
La culpa no es de nadie, pues la responsabilidad recae por igual, tanto para las personas que venden como para las que consumen. La falta de empleos bien remunerados y con horarios flexibles han sido los principales motivos por los cuales una parte de la población opta por generar ingresos o buscar oportunidades fuera de la economía formal.
En el segundo trimestre del año pasado, 30.5 millones de personas se desenvolvieron en el ámbito laboral informal, cifra que representó un incremento de 3.3 por ciento respecto del mismo lapso de 2017, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec), asegura que la piratería genera una pérdida de 34 mil millones de pesos anuales, situación que impacta de manera directa en un 30 por ciento al Producto Interno Bruto (PIB) nacional aunado a que 52 por ciento de la población mexicana trabaja en la irregularidad.
“La actividad económica informal abre muchas puertas que impactan de forma negativa al país porque impulsa el aumento de la delincuencia, la violencia, la evasión de impuestos, el contrabando y la insalubridad”.
México ocupa el primer lugar en piratería de América Latina y el tercer lugar en el mundo. Por la frontera norte le llegan productos irregulares de China, California y Texas, y por la frontera sur, de Indonesia y Belice.
De acuerdo con especialistas, para combatir este problema es necesario tomar medidas regulatorias en los servicios postales de paquetería, ya que distribuyen estos productos indiscriminadamente. También se deben tomar acciones contra los centros de almacenamiento y distribución nacional, como Tepito en la CDMX.
Salud en riesgo
La venta de productos irregulares son un círculo vicioso imposible de frenar. En México, 8 de cada 10 personas consumen piratería, entre los productos que más adquieren están: eléctricos (240 mil millones de pesos); cigarros (50 millones de dólares), textil y calzado (3 mil millones de pesos), industria del cine (110 millones de dólares), medicamentos (12 mil millones de pesos), y alcohol (6 mil millones de pesos).
En la actualidad, el precio de una cajetilla normal es de 55 pesos, mientras que la informal está en 10, lo cual significa que su margen de ahorro es de 45 pesos. Este tipo de productos genera 8 millones de dólares en ganancias anuales.
Además de la evasión fiscal, está comprobado que estos cigarrillos ponen en riesgo la salud de los consumidores, porque entre algunos de los ingredientes que se utilizan para hacerlos, están el aserrín, plástico, basura, moho, larvas de gusano, materia fecal humana y de animales, metales pesados como aluminio y mercurio, saborizantes artificiales que disimulan el mal sabor y una cantidad mínima de tabaco.
Con un valor de 10 mil 337 millones de pesos al año, el mercado del agua embotellada en México es de los más grandes del mundo, cerca de 80 por ciento de la población del país consume el líquido vital por esta vía, situación que ha sido aprovechada por los grupos delictivos que rellenan botellas y garrafones de marcas populares, con agua pirata, para venderlos como originales.
El tema de los fármacos no se queda atrás, pues 6 de cada 10 medicamentos ya están caducos y son adquiridos por las personas en tianguis y mercados, su precio está por debajo de los genéricos y tienen una ganancia anual de 11 mil millones de pesos.
Al respecto, Ricardo Cárdenas Orozco, director ejecutivo de supervisión y vigilancia sanitaria en la Comisión de Operación Sanitaria (Cofepris), asegura que todos los productos considerados como apócrifos o falsificados representan un riesgo enorme para la salud. Por ello, instituciones como la Cofepris en conjunto como otros organismos, como el SAT y la Profeco, trabajan en conjunto para combatir y erradicar dichas prácticas.
“Nosotros recomendamos a la ciudadanía que no compren productos en lugares que no están establecidos de conformidad con las normas, si llegan a un lugar e identifican que están vendiendo productos falsificados es necesario que levanten las denuncias correspondientes, tendrán tres días para que la Cofepris acuda y haga las evaluaciones que corresponden para determinar si los productos son viables o no”.