Sin claridad de rumbo

Si algo ha dejado claro el auge de los movimientos populistas en Estados Unidos y en Europa es que representan un síntoma de una realidad económica que ha cambiado profundamente en las últimas tres décadas.

La creciente brecha de desigualdad de ingreso y de riqueza, el riesgo que implica la nueva oleada de automatización  para los mercados laborales y el desvanecimiento de la influencia de los sindicatos son algunos fenómenos que ponen de relieve que los problemas de la economía del siglo XXI no son los mismos que aquellos a los que se enfrentó la última generación de autoridades de política económica.

Cambiaron las circunstancias y con ellas la discusión respecto a cuáles son los mejores instrumentos para resolver los problemas de la economía moderna. Prueba de ello es que el ingreso básico universal, una medida heterodoxa sin precedentes comparables, se ha convertido en el centro de gravedad de la discusión de la academia económica.

Sin embargo, en medio de esta fuerte transformación de la economía global, el salario mínimo aún es considerado como un instrumento vigente de desarrollo. El problema, es que no existe un consenso claro respecto a su uso. Tanto en México como en Estados Unidos, la discusión respecto a cuál debe ser el nivel óptimo del salario mínimo ha tomado una relevancia inusitada.

El caso mexicano es crítico. De acuerdo a Mario Velásquez, economista de la Organización Internacional del Trabajo, el salario mínimo en México ha perdido cerca del 70 por ciento de su poder adquisitivo en los últimos 30 años.

No obstante, en un estudio publicado por el gobierno mexicano en el 2015, el economista explica que, a pesar de las condiciones críticas del ingreso de los sectores más vulnerables del país, el salario mínimo no es un instrumento efectivo dados los altos niveles de informalidad del mercado laboral mexicano.

Esta opinión, contraria al consenso de la literatura económica de que un aumento gradual del salario mínimo no tiene implicaciones negativas para el empleo, ha sido ampliamente criticada en México.

Universidad de Washington: resultados negativos

Un nuevo estudio de la Universidad de Washington, elaborado por un grupo de economistas con diversas filiaciones ideológicas,  apoya en cierto sentido la postura de Velásquez respecto a las limitaciones del salario mínimo. Se encontró que el incremento del salario mínimo que tuvo lugar en Seattle en el 2016 derivó en consecuencias altamente negativas para los trabajadores de bajos ingresos.

En el 2014, la ciudad de Seattle determinó que elevaría, por decreto, el salario mínimo por hora hasta llevarlo a un nivel de 15 dólares en los próximos años. En el 2015, se realizó el primer incremento, de 9.47 dólares a 11 dólares.  El estudio de la Universidad de Washington refiere que este movimiento no generó distorsiones significativas en el mercado laboral.

Posteriormente, en el 2016, el salario mínimo pasó de 11 dólares la hora a 13 dólares la hora. Seattle, una economía con altos niveles de precios, bajo nivel de desempleo y un dinamismo económico por encima del promedio nacional; se convirtió en la ciudad con el mayor salario mínimo de Estados Unidos.

El estudio, financiado por la ciudad de Seattle para medir los efectos de su política, muestra resultados negativos contundentes. En los primeros nueve meses del 2016, el empleo entre los trabajadores de bajos ingresos se redujo 6.8 por ciento (alrededor de 5 mil empleos), las horas trabajadas cayeron 9.4 por ciento (3.5 millones de horas) y el ingreso mensual de estos trabajadores decreció 6.6 por ciento (125 dólares).

Por un plan de largo plazo

Con el respaldo de más de 80 organizaciones de la sociedad civil, la Coparmex nacional presentó ayer la propuesta de subir el salario mínimo a 92.70 pesos desde los 80 pesos actuales.

La iniciativa busca corregir una de las fallas de la política salarial en el país, que carece de una meta de largo plazo. La falta de claridad de rumbo de la política de ingreso del país contrasta con la planificación que tuvo lugar hace más de dos décadas para controlar la inflación. México, que en los 80 registró tasas de inflación de dos o tres dígitos, se convirtió en un referente emergente de estabilidad de precios. Para Gustavo de Hoyos Walther, presidente de Coparmex, el gobierno, los empresarios y los trabajadores pueden diseñar un plan de largo plazo para consolidar una nueva política salarial que sea suficiente para los trabajadores más vulnerables.

La propuesta fue entregada ayer a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) como un primer paso para abordar una política de largo alcance, que lleve a que el salario mínimo se ubique en un rango de entre 162.35 pesos a 194.68 pesos en el 2030.

“La gran visión es que en el 2030 podamos garantizar que una familia mexicana promedio, que según proyecciones del Consejo Nacional de Población va a tener 3.5 miembros con 1.7 a dos personas laborando por cada núcleo familiar, no esté en la línea de pobreza”, afirmó.

De acuerdo a la Coparmex, México tiene los salarios más bajos de Latinoamérica, eso implica que una persona que trabaja, con el salario mínimo general no alcanza la línea de bienestar.

La propuesta de Coparmex recibió el beneplácito del Coneval, el organismo encargado de evaluar las políticas de combate a la pobreza del Estado mexicano.