Prueba de confianza

La esperanza regresó. El sueño del presidente Andrés Manuel López Obrador de alcanzar un crecimiento promedio anual de 4 por ciento en el Producto Interno Bruto (PIB) y llegar a su meta al cierre del sexenio podría cumplirse.

Sin importar las malas notas casi consecutivas por parte de las agencias calificadoras, las tensiones por los aranceles con Estados Unidos y la poca aceptación que han tenido los proyectos del gobierno mexicano, como el Tren Maya, la Refinería de Dos Bocas en Tabasco y la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, los inversionistas tanto públicos como privados, por fin abrieron su confianza a la Cuarta Transformación.

Las cartas se tiraron sobre la mesa y las apuestas están a la orden del día: el Gobierno federal y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) firmaron el Acuerdo para Promover la Inversión y el Desarrollo Incluyente.

Con dicho convenio se buscará que, aunado a lo que los sectores públicos y privados invierten y que equivale a 17.5 por ciento y 2.8 por ciento del PIB respectivamente, las empresas lleguen a 20 por ciento y el gobierno a 5 por ciento, para que en los próximos dos años, el crecimiento en conjunto pase de 20 a 25 por ciento.

Este año, cerca de 60 empresas del Consejo Mexicano de Negocios (CMN) invertirán 32 mil millones de dólares para generar empleos e impulsar el crecimiento económico. Dicho capital podría abrir un camino de esperanza ante la cadena de malas noticias que se generaron en los últimos meses.

César Salazar, investigador del Instituto de Investigaciones económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), explica que, de acuerdo con los últimos datos de inversión, en lo que va del gobierno actual ha habido una desaceleración en general muy importante, así como una contracción en el consumo y el empleo formal.

“Existen varios elementos que influyen en la desaceleración y aun con el acuerdo es probable que el país crezca este año 1 por ciento, aunque habrá que esperar. Me parece que llegar a un 25 por ciento del PIB de inversión es una meta muy ambiciosa y para que se cumpla el país debe tener condiciones muy favorables tanto internas como externas”, detalla el investigador.

Una por otra

Recuperar la confianza siempre tiene un precio. Los inversionistas han establecido las reglas del juego y el presidente Andrés Manuel López Obrador al parecer está de acuerdo.

Para llegar a la meta será necesario que la responsabilidad de la evaluación y priorización de los proyectos de inversión estén a cargo del presidente, ya que deberá asegurarse de que sean rentables, además una vez que hayan sido analizados y casi confirmados, él también tendrá que facilitar la ejecución de dichos planes.

Bajo esta premisa, los miembros del CCE también estuvieron de acuerdo en que para fomentar la inversión será necesario que el sector público y privado respeten las nuevas reglas y den mensajes claros y propositivos, con la finalidad de lograr un Estado de derecho fuerte y eficaz, una estabilidad macroeconómica, y un compromiso que resuelva, con estricto apego al marco jurídico, los obstáculos de ejecución que con frecuencia impiden la realización de este tipo de proyectos.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), también se subió al barco junto con sus 36 mil empresas socias en todo el país, sus 65 centros empresariales, federaciones y representaciones, para evaluar los diferentes proyectos de diseño, financiamiento, construcción, desarrollo y mantenimiento de los proyectos involucrados en el acuerdo.

Rescatar a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de la corrupción será una prioridad, ya que en la actualidad son las empresas más endeudadas en el mercado bursátil, ambas concentran un monto de 297,730 millones de pesos, es decir, 23.9 por ciento del total en circulación de deuda en el mercado, hasta el cierre de mayo.

César Salazar explica que a pesar de que ya hay un acuerdo, falta esperar por las acciones que den los resultados, pues se está hablando de una política muy apegada a lo neoliberal, en donde no hay mucha claridad respecto a cómo y qué se está haciendo con los presupuestos.

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