Promover los viajes al interior de la República Mexicana ha sido una apuesta de los Gobiernos federales desde hace 17 años y para lograr esta meta se creó la denominación de Pueblos Mágicos, que la Secretaría de Turismo (Sectur) otorga a localidades que cumplen con determinadas características.
El Programa de Pueblos Mágicos y Destinos Prioritarios (Promágico) lo estableció en 2001 el entonces presidente Vicente Fox. La finalidad era otorgar subsidios a las entidades federativas con el fin de mejorar la calidad de sus destinos turísticos municipales, fomentar la inversión pública y privada para generar derrama económica, empleos, desarrollo social y económico.
La oferta de municipios que entran dentro del programa se incrementó el pasado 10 de octubre, cuando Enrique de la Madrid, quien encabeza Sectur, anunció que añadieron 10 localidades más a este grupo turístico, que en conjunto aportan 1.4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) a nivel nacional.
Sin embargo, uno de los problemas que enfrentan estas zonas es la creciente ola de inseguridad. Prueba de ello es que en los primeros ocho meses del año se cometieron 1.2 millones de delitos en México, revelan cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
En el mismo lapso, el Estado de México y Puebla, federaciones con un mayor número de poblaciones mágicas avaladas por Sectur, se ubicaron entre las entidades con los más altos índices de incidencia delictiva, de 179 mil 100 y 40 mil 100 crímenes, respectivamente.
En los estados del norte del país, como Sinaloa, la inseguridad alcanza un nivel tan fuerte que golpea el turismo en municipios como Cosalá, en donde se han registrado enfrentamientos como resultado de la presencia del crimen organizado, reportan medios locales.
En este sentido, Arturo Argente, director de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey, campus Toluca, considera que para la delincuencia algunos de estos pueblos se han convertido en puntos para la venta de estupefacientes al menudeo.
“En algunas zonas del norte y sur del país existen destinos en donde se promueve la venta y consumo de drogas entre visitantes”, opina el especialista.
Se apaga encanto
En la actualidad, México cuenta con 121 Pueblos Mágicos cuyas características varían de acuerdo a la entidad en la que se ubican. Algunos pueden contar con una zona arqueológica, particularidades arquitectónicas destacadas o incluso playas.
Los municipios contemplados dentro del programa reportan una derrama económica de seis mil millones de pesos por año, y en conjunto reciben a más de cuatro millones de viajeros, según ha declarado De la Madrid Cordero, secretario de turismo a nivel federal.
De acuerdo con el funcionario, la actual administración ha destinado tres mil millones de pesos para mejorar la infraestructura turística de los Pueblos Mágicos.
Durante 2015, el Gobierno federal asignó al programa 500 millones de pesos, cantidad que se vio reducida en el 2016 cuando se destinaron 411 millones de pesos, y que un año después se incrementó en 56 millones de pesos.
El gobierno mexicano entrega los recursos para la promoción de los Pueblos Mágicos a las administraciones estatales, montos que pueden verse mermados por el gasto que se designe a la seguridad, considera Bendreff Desilus, investigador de la Universidad La Salle.
La agenda pendiente
Los Pueblos Mágicos enfrentan una serie de retos que la administración federal que tomará el mando del país el próximo 1 de diciembre deberá resolver.
Para Argente, del Tec de Monterrey, uno de los debates que se debe abordar y resolver para garantizar la seguridad en territorio nacional es la legalización del consumo de marihuana.
El académico añade que una de las prioridades en la agenda del próximo sexenio debe ser blindar las actividades turísticas, ya que es uno de los motores más importantes para la economía nacional.
Desilus, de La Salle, coincide con la idea y asevera que la falta de seguridad en los Pueblos Mágicos puede significar daños en el retorno en beneficios económicos para la administración federal.
El investigador añade que una oportunidad para mejorar la seguridad en estos destinos turísticos es emplear a los civiles para monitorear los municipios y otorgarles facultades para trabajar de la mano con la policía estatal.
“Las inversiones en seguridad deben ser parte de cualquier proyecto económico en el país”.