“Se deberán tomar medidas para evitar que funcionarios con experiencia abandonen sus puestos”
La propuesta ha dividido opiniones. El próximo Gobierno federal se ha puesto una meta: reducir 50 por ciento los salarios de la alta burocracia como parte de la política de austeridad republicana anunciada por Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México.
La medida generará ahorros por hasta 37 mil 582 millones de pesos anuales, que se destinarán a la implementación de programas sociales para impulsar el desarrollo del país, además de que ayudará a cerrar la brecha que existe entre funcionarios y ciudadanos.
Álvaro Vargas, catedrático de posgrado en la Escuela Bancaria y Comercial (EBC), considera que esta propuesta hace eco a la exigencia de la sociedad, que durante años ha pedido no sólo a los trabajadores de las dependencias del gobierno federal, sino también a los entes y poderes autónomos, que se apeguen a la realidad de lo que viven los mexicanos, cuyo nivel de ingreso promedio mensual es de 2 mil 686 pesos, de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami).
“Los sueldos que en la actualidad ganan los funcionarios no corresponden con los resultados que dan a la población, ya que no hay buenos niveles de productividad salvo en algunos casos”
Desde que se anunció, el recorte salarial fue bien recibida por algunos miembros de la iniciativa privada. Prueba de ello es que 64 por ciento de los empresarios mexicanos se mostró a favor de que los altos funcionarios en el país obtengan menos de la mitad de su actual ingreso, según el Estudio Nacional de Factores de Impacto en las Empresas elaborado por Vestiga Consultores.
Aunque la propuesta puede tener buenas intenciones, no todo es miel sobre hojuelas, ya que no existen garantías de que se obtendrán los resultados deseados.
Al respecto, Roberto Colín, integrante de la Comisión de Desarrollo Fiscal 2 del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM), opina que existe el riesgo de que ocurra una fuga de personal capacitado y, en el peor de los casos, que se abra la puerta a actos de corrupción.
“La admiración pública también cuenta con funcionarios muy respetables y honestos que están cumpliendo sus funciones con eficiencia y productividad, y sería muy lamentable que esta medida los lleve a migrar hacia la iniciativa privada”, manifiesta.
Un gobierno más igualitario
La reducción salarial se dará en un contexto en el que 53.4 millones de mexicanos se encuentran en situación de pobreza y marginalidad, de acuerdo con el último informe del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
“Es necesario el acotamiento a los sueldos de altos funcionarios por la desigualdad que se ha profundizado con el paso de los años. Esto va a ayudar a disminuir los excesos que ha habido y a frenar el despilfarro que se ha dado tanto en gastos como en costos laborales de los altos funcionarios”, agrega Roberto Colín, del CCPM.
En tanto, Carlos Urzúa, futuro titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ha defendido la medida al explicar que con la reducción de costos de operación en la administración federal se obtendrán ahorros presupuestales, sin que esto genere una afectación al suministro de bienes y servicios a los mexicanos.
López Obrador ganará 108 mil pesos mensuales de los 270 mil que recibe el presidente Enrique Peña Nieto, es decir que el morenista sólo percibirá 40 por ciento del sueldo establecido para un jefe de Estado en el país.
Para garantizar un piso parejo de salarios, AMLO enviará a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma al Artículo 27 constitucional, con el objetivo de que ningún funcionario gane más que él una vez que se convierta en presidente.
Por su parte, el catedrático de la EBC empata con la idea de que la medida será positiva, pues el servidor público se verá obligado a incrementar su productividad para destacarse
“Es bueno que el nivel de ingreso del burócrata esté ligado a sus competencias y aquel que sea competitivo y capaz merece estar en el gobierno”, añade Vargas, de la EBC.
Los vacíos que existen
Aunque la medida fue bien recibida por diversos segmentos de la población, existen aspectos que podrían lapidarla en el largo plazo.
“El nuevo gobierno deberá implementar una estrategia para no perder a funcionarios capacitados y competentes que ocupan puestos clave”, expone Roberto Colín, del Colegio de Contadores Públicos de México.
El integrante de la Comisión de Desarrollo Fiscal 2 del CCPM plantea que la reducción en el nivel de ingresos de los funcionarios podría aumentar los ilícitos en un intento por contrarrestar la pérdida de su poder adquisitivo.
En términos fiscales, también existe un riesgo de que la recaudación del Impuesto Sobre la Renta (ISR) disminuya al tomar en cuenta el ahorro en la percepción salarial de los funcionarios.
Medios nacionales han reportado que la nómina bruta de altos funcionarios en el país asciende a más de 75 mil millones de pesos, con lo que se obtiene una retención del ISR por 27 mil millones
Frente a esto, Álvaro Vargas, de la EBC, comenta que el gobierno federal puede mitigar el impacto apoyándose en el cobro del Impuesto al Valor Agregado (IVA), aunque la administración deberá trabajar muy de la mano con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Secretaría de Hacienda para mejorar la recaudación de este gravamen que en los últimos años se ha desacelerado a causa de la debilidad económica.
”La siguiente administración deberá buscar otras formas de obtener ingresos mediante nuevas políticas, de lo contrario tendrá que reevaluar si la reducción salarial es el camino a tomar”.
