Reforma fiscal, la reforma prohibida

La reforma fiscal es necesaria, pero impopular. A pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha asegurado que no impulsará una reforma fiscal durante este año ni en su sexenio, diversos especialistas consideran urgente implementarla para alcanzar los objetivos del gobierno. El problema: es un tema que nadie quiere tocar.

Entre los principales retos a los que se enfrenta el país es a la baja recaudación tributaria: aproximadamente 16.2 por ciento como proporción del Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo con datos de la OCDE.

Además se enfrenta a la difícil tarea de incrementar el padrón de contribuyentes que, hasta octubre del año pasado, estaba conformado por 76.7 millones. Aunque la cifra ha crecido, el SAT aún debe apretar el cinturón para incluir en sus filas a los incumplidos.

Pero estos no son los únicos retos a los que se enfrenta la Cuarta Transformación, los delitos de lavado de dinero y el combate a las empresas factureras, cuyas operaciones generan pérdidas por 354 mil millones de pesos, son otros grandes pendientes en la agenda.

Sin embargo, con un Paquete Económico austero y sin nuevos impuestos ni incrementos de los mismos se complicará la ambiciosa tarea del gobierno para ejecutar diversos programas sociales enfocados a los jóvenes y adultos mayores.

El tema de una reforma fiscal no es nuevo, durante la pasada administración se promulgó una legislación recaudatoria con el objetivo de crear un sistema más justo.

Con la Reforma Hacendaria, el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto se propuso aumentar la capacidad financiera del Estado a través de la disponibilidad de recursos para que se pudieran atender las necesidades prioritarias de la población.

Uno de los puntos notables del proyecto fue que se amplió la base de contribuyentes de 38.4 millones en 2012 a 68.4 millones al cierre de 2018, con lo que se estableció un récord.

No obstante, en términos generales la reforma no alcanzó los objetivos deseados, pues la recaudación se mantuvo baja, como hasta ahora, y muchos de los impuestos que se crearon fomentaron la informalidad.

Jaime Espinosa de los Monteros, socio del bufete de abogados Hogan Lovells, considera que en este momento el país necesita una reforma fiscal que ayude a aumentar la formalidad y hacer que quienes ganan más paguen lo correspondiente.

“Es cierto que este año no habrá más impuestos, pero sí una mayor fiscalización y con las herramientas que se le están dando al SAT se realizarán más auditorías, por eso los contribuyentes tienen que estar más preparados. Se necesitan mecanismos que ayuden a recaudar más y con los que paguen impuestos quienes no lo hacen de forma justa”, comenta el experto.

Piso parejo

Países como Argentina, Colombia, Chile o España han atraído la atención por los anuncios que dieron sobre modificaciones tributarias y algunas de ellas generaron descontento social.

En el país del tango se aprobó la imposición de un gravamen del 30 por ciento a las compras con dólares y se mantuvo un tope de 200 dólares mensuales, además se otorgó un extenso plan de pagos para que las pymes pudieran cancelar sus deudas con el Fisco.

A finales de diciembre pasado, el Congreso colombiano aprobó una reforma tributaria con la que se rebajarán los impuestos a las grandes empresas, aunque el Comité del Paro aseguró que los aumentará para la clase media y los trabajadores.

En el caso de la reforma tributaria chilena, diversos especialistas del país sudamericano han advertido que las nuevas disposiciones tendrán un impacto negativo en las concesiones de infraestructura, así como en las inversiones.

Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, opina que en el caso de México se debe sustituir a la reforma promulgada en el sexenio pasado por una acorde a las necesidades actuales, pero reconoce que esto no es sencillo dadas las condiciones del país.

“Llegó la hora de que los millonarios tengan que poner más de su parte para dar paso a un 318,497 259,254 280,244 315,547 252,267 268,288 264,157 244,371 242,879 ENE feb mar abr may jun jul ago sep* verdadero sistema de fiscalidad progresiva para garantizar un apoyo real a la clase media, la pequeña empresa y a la gente más pobre, ese es el cambio verdadero que se tiene que establecer y por eso en México tendrá que ser distinto”.

Unidad fiscal

Con el recorte a los recursos de los estados y municipios, muchos de los gobiernos locales dieron la espalda al presidente Andrés Manuel López Obrador y en un intento por obtener ingresos hicieron ajustes fiscales.

El mayor problema es que estas medidas tendrán un impacto considerable en el bolsillo de los mexicanos, pues algunas de las modificaciones incluyen un alza a bebidas alcohólicas, juegos de apuestas e incluso a los servicios de hospedaje.

Frente a esta situación, el inquilino de Palacio Nacional respondió la semana pasada que ni el Gobierno federal ni la política de austeridad eran responsables y desmintió que las entidades no estén recibiendo los recursos, pues en algunos casos ya se les han realizado las transferencias por adelantado.

La sugerencia del mandatario a los gobernadores fue que en lugar de aumentar impuestos se alinearan a la política de austeridad y con ello recortaran gastos derivados de viajes innecesarios o la organización de eventos.

El ajuste de cinturón por parte de la Cuarta Transformación ha provocado que en varias ocasiones los gobernadores amenacen con abandonar el Pacto Fiscal Federal, pero hasta la fecha ninguno ha dado el paso.

Alfonso Ramírez Cuéllar, explica que las medidas tomadas por los mandatarios locales repercutirán entre los usuarios y esto podría tener un costo político muy alto.

“Los estados están en su derecho y las decisiones que tomaron están dentro de la ley, pero no son las más adecuadas. Urge que la política de racionalidad de gasto se establezca en todos los ordenes de gobierno, no solo a nivel federal. Ya llegó la época en la que todos deben trabajar juntos”, precisa el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

Cambio de mentalidad para la reforma fiscal

Uno de los puntos que más se les ha cuestionado a los gobiernos locales es que durante años han preferido recurrir al endeudamiento en lugar de recaudar impuestos.

Especialistas coinciden en que es momento de hacer una reconfiguración del Pacto Fiscal con el propósito de que haya una distribución más equitativa de los recursos y se logre una mayor independencia.

El mayor problema que se percibe es que a los estados no se les ofrecen incentivos que les ayuden a tener una mayor recaudación, por ende muchos están a expensas de las aportaciones federales.

Entre los ajustes que habrá durante este año destacan Aguascalientes donde se dará un incremento del 2.5 por ciento a la tasa del Impuesto Sobre Nómina (ISN); en Baja California se aplicará un gravamen del 5 por ciento al servicio de hospedaje y en plataformas digitales.

En el caso de la Ciudad de México se alista un impuesto del 10 por ciento a juegos de apuestas y un gravamen del 4.5 por ciento a bebidas alcohólicas, en tanto que en Michoacán se creó un nuevo impuesto por extracción minera.

Jaime Espinosa de los Monteros, socio del bufete de abogados Hogan Lovells, manifiesta que México debe caminar hacia un pensamiento federal si quiere mejorar su situación en el mediano plazo.

“El gran tema es que los estados siguen dependiendo de las aportaciones y eso hace que las caídas en recaudaciones federales arrastren a todas las entidades. Lo ideal sería tener un pacto que mire hacia un federalismo fiscal, pero en la práctica es muy difícil lograrlo”.

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