13.8%
“Expertos consideran que dicha resolución pone en peligro los beneficios de la reforma (...) y de otras más que benefician al consumidor final”
El amparo que alista conceder la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al empresario Carlos Slim, no sólo repercutirá en un incremento en las tarifas de telefonía celular, sino que es además un ataque a las facultades legislativas del Congreso.
Fueron los diputados federales y el Senado los que aprobaron la reforma que hoy busca echar abajo Slim con un amparo al artículo 131 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y el cual deberá resolver la SCJN esta semana.
De favorecer al empresario, los perjudicados serían los usuarios de telefonía celular, coincidieron legisladores de distintas fracciones políticas en un documento.
El pasado 10 de agosto, la Segunda Sala de la Suprema Corte hizo público un proyecto de resolución que prevé resolver que el Congreso de la Unión no tiene facultades de establecer en leyes medidas que regulen actividades económicas, es decir, que la reforma propuesta por el Congreso en 2013 es inconstitucional, ya que ellos no pueden decidir si Telcel cobra o no a su competencia por el uso de la red celular.
“Expertos consideran que dicha resolución pone en peligro los beneficios de la reforma en Telecomunicaciones y de otras más que benefician al consumidor final y propician una mayor competencia”, señala el documento elaborado conjuntamente por los senadores Zoé Robledo y Gerardo Flores, además de la diputada Lía Limón y Javier Lozano, actual senador con licencia.
Este proyecto deriva luego de que en el 2014, Telcel interpusiera un amparo ante el Juez Segundo de Distrito Especializado en Telecomunicaciones en el que juzga que el Congreso no tiene las facultades para decidir al respecto, ya que esto corresponde -según la Corte- al Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel).
Cuando se interpone un recurso de revisión sobre una resolución de amparo, la autoridad revisora debió estudiar y, en su caso, desestimar, los razonamientos de la Juez Segunda de Distrito que conoció el caso. Sin embargo, se puede apreciar que el ministro Laynez no basó su resolución en el artículo cuarto transitorio y dio un alcance parcial al 28, ambos Constitucionales.
Con ello, la Suprema Corte olvidaría que el Congreso tiene la facultad de crear órganos autónomos y darles el alcance de sus facultades, ya que se encuentran subordinados a lo que dictan las propias Leyes del mismo.
Afectaciones y respuesta de los perjudicados
De aprobarse este amparo, el ministro Laynez privilegiaría los intereses particulares del hombre más rico de México, sobre los mismos mexicanos, señalan los legisladores en el documento.
El proyecto de amparo advierte que el Congreso no tiene facultades para haber refomado el artículo 131, pero expertos coinciden en que sí tiene, ya que no sólo legisló al respecto sino que prohibió al agente preponderante (Telcel) el cobro de larga distancia.
De decidirse esto, se beneficiaría a Slim y América Móvil, afectando la libre competencia en el ámbito de telecomunicaciones.
Si Telcel cobra a las otras empresas, aumentarían los precios de paquetes telefónicos, los cuales descendieron un 40 por ciento luego de aprobarse la reforma, además de que el roaming de llamadas a bajo costo a Estados Unidos y Canadá podría terminarse.
Desde que se reformó dicha Ley, los precios del servicio de telecomunicaciones se redujeron un 13.8 por ciento.
Encabezadas por AT&T, 21 compañías de telecomunicaciones firmaron un desplegado para demandar que América Móvil no sea beneficiada con el amparo.
“A cuatro años de la reforma, buscan que el IFT comience desde cero. Desde julio de 2013 han aumentado en más de 30 millones su base de clientes de banda ancha móvil, trasladando su poder de mercado en los servicios de voz a los servicios de datos”, indicaron las empresas acusadoras entre las que se encuentran Movistar, Axtel, Izzi, Total Play y Virgin.
