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Remando a contracorriente

Entre todas las propuestas que Enrique Peña Nieto delineó durante su discurso inaugural, se esconde la que podría ser un inmenso dolor de cabeza para las futuras 
generaciones.

Se trata del programa 70 y Más creado por la administración pasada, y que el nuevo presidente busca extender para incluir a personas mayores de 65 años.

El problema más grande de la expansión del programas es que, si no se acompaña con las demás medidas que el sistema necesita, podría afectar aún más la diferencia entre costos del empleo formal e informal

Entre todas las propuestas que Enrique Peña Nieto delineó durante su discurso inaugural, se esconde la que podría ser un inmenso dolor de cabeza para las futuras 
generaciones.

Se trata del programa 70 y Más creado por la administración pasada, y que el nuevo presidente busca extender para incluir a personas mayores de 65 años.

El programa actual otorga una pensión de mil pesos bimestrales, financiada por contribuciones federales, es decir, directamente de los contribuyentes. Además, en caso de que el pensionado fallezca, entrega mil pesos, por una sola ocasión, a un beneficiario.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Desarrollo Social, al primer semestre de 2012 había 2 millones 814 mil 373 mexicanos que contaban con ese apoyo.

Es cierto que se trata de un programa intensamente focalizado y progresivo, según México Evalúa, ya que ayuda más a quienes menos tienen, pues es requisito no recibir pago de jubilación o pensión.

Sin embargo, es un paso en sentido contrario a lo que la mayoría de los países avanzados han aprendido en los últimos años.

Se acorta tasa de dependencia

La edad de pensiones ha sido un tema controversial en muchos países porque sus gobiernos buscan garantizar la estabilidad del sistema a partir de las mayores expectativas de vida de la población.

En este sentido, en Francia, por ejemplo, se ha propuesto incrementar la edad a partir de la cual se pueden recibir beneficios, ante fuertes protestas y críticas de toda la población.

Lo cierto es que incrementar la edad de recibir beneficios y reducir los ya existentes es una de las tareas más urgentes de muchos países, pero también una de las más difíciles políticamente.

Entre los 34 países miembros de la OCDE, en 1950 había en promedio 7.2 personas económicamente activas por cada persona mayor a 65 años.

En 2010, esta razón, conocida como la tasa de dependencia, cayó a tan solo 3.5, y se espera que llegue a 1.8 para el 2050.

En esencia, si se mantienen los beneficios que se han prometido a los adultos mayores, la cuenta a pagar para los que están en edad de trabajar se dispara dramáticamente.

Por su parte, México todavía es un país joven, su tasa de dependencia ronda en el 11, pero ello no quiere decir que la tendencia no sea parecida.

Según datos del INEGI, la proporción de personas mayores a 65 años ha estado incrementando desde 1980 de manera constante.

Y el costo…

Además de que podría ser un programa difícil de retroceder en el futuro, y que va en contra de todo lo que ya han aprendido los países avanzados, la expansión propuesta por Enrique Peña Nieto implica mayores costos en el corto plazo.

Según datos del Consejo Nacional de Población hay en el país 4 millones 851 mil 933 mexicanos mayores a 70 años.

Usando datos del presupuesto de 2012, obtenemos que el costo anual por persona es de aproximadamente 3 mil 879 pesos.

El costo no es de 6 mil 240 pesos por persona, como daría una simple multiplicación, porque muchas personas mayores a 70 años no son elegibles para el programa ya que reciben pensiones por otro medio.

De mantenerse la proporción de personas que son elegibles, expandir el programa a 65 años costaría aproximadamente unos 26 mil 963 millones de pesos. Es decir, poco más de 8 mil millones o un incremento de 43 por ciento respecto al ejercido en 2012.

El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria obtiene una cifra todavía menor. Según el CIEP se necesitarían aproximadamente 3 mil 763.5 millones de pesos adicionales a los ejercidos en 2012.

Pero considerando que el objetivo de este programa es servir como un pilar del Sistema de Seguridad Social Universal que ha propuesto el presidente, este costo puede aumentar sustancialmente si más adelante se decidiera eliminar otros sistemas de pensiones, o relajar las reglas para incluir a todos los mexicanos.

En dicho caso, la factura podría llegar a ser de hasta unos 43 mil 300 millones de pesos.

No obstante, el problema más grande de la expansión del programas es que si no se acompaña con las demás medidas que el sistema necesita, este podría acabar afectando todavía más la diferencia entre costos del empleo formal e informal.

Sin eliminar otros sistemas de pensiones, como el IMSS e ISSSTE, el programa 65 y Más simplemente incrementará los costos para el gobierno federal y acrecentará la informalidad.

Un estudio de la RAND Corporation, un centro de investigación de políticas públicas en Estados Unidos, encontró que por el tipo de sistema de pensiones que utiliza México, sin incluir al programa 70 y Más, la edad del retiro en la práctica tiende incluso a ser menor que la oficial, lo que también se ve en países desarrollados.

Muchas naciones avanzadas han aprendido que, dada la expectativa de vida, 65 años es un edad relativamente joven para comenzar a pagar retiro, México, con esta propuesta, parece evadir la evidencia, optando por remar a contracorriente.

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