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Cobrarles impuestos onerosos a los especuladores financieros es más fácil decirlo que hacerlo.
Es la experiencia que tiene Inglaterra y que aprenderá pronto Francia.
Bajo la iniciativa del Presidente Francois Hollande, Francia será el primer país en Europa en cobrar un impuesto a compra de acciones, incluyendo las famosas de alta frecuencia, que se intercambian en cuestión de segundos.
Un impuesto similar, aunque no idéntico, en Inglaterra llamado “de estampado”, es cobrado por documentos legales, pero ha sido exitosamente evitado por los grandes inversionistas del mercado londinense.
Lo que hacen es simplemente usar lo que en términos financieros se conoce como contratos de diferencia.
Estos son un tipo de derivados y consisten en acuerdos entre el comprador y vendedor para pagar la diferencia de la acción en un tiempo determinado, más no la acción.
En lugar de comprar la acción y después venderla para generar una ganancia, cosa que según las nuevas leyes llevaría un costo por impuesto, los compradores firman un contrato con los vendedores.
En este se estipula que se pagará la diferencia entre el precio de la acción ese día y en el día que contemplaban venderla.
Las acciones no cambiaron de manos y por lo tanto el fisco no se lleva ni un centavo. Claro que hay costo de financiamiento, pero éste es generalmente menor al impuesto que se tendría que pagar.
La estrategia
Los contratos de diferencia, llamados CFD’s en el lenguaje coloquial financiero, fueron inventados en 1990 para evitar el impuesto inglés de estampado, entre otras cosas.
El mercado se ha acostumbrado desde entonces.
“Nunca hemos comprado acciones en el Reino Unido sin usar un CFD” dice en entrevista para Bloomberg Fabrice Seiman, quien maneja un fondo de inversiones de 100 millones de dólares.
El ejecutivo continúa, “ahora haremos lo mismo con acciones francesas”.
Es un sentimiento lógico y común entre el sector financiero, que lógicamente no ve con gusto las nuevas condiciones que el gobierno francés busca imponer.
El llamado impuesto de Robin Hood, que será de 0.2 por ciento, el doble de lo que proponía su antecesor, está programado a comenzar el 1 de agosto de este año.
Con ello el gobierno francés busca recaudar hasta 170 millones de euros este año y hasta 500 millones el año próximo.
Hay iniciativas parecidas en otros lugares del mundo, pero parecen estar apenas en pañales.
En Estados Unidos, el impuesto es promovido por una organización de enfermeras y otras afines al movimiento Occupy Wall Street.
El país donde más se han organizado en torno a esta iniciativa es Inglaterra, donde la campaña a favor del impuesto es administrada por una coalición de más de 50 ONG’s, entre ellas UNICEF.
Además, algunos países europeos han señalado su intención de al menos estudiar la posibilidad.
El problema es que lejos de quitar a los ricos para dar a los pobres, son los inversionistas más pequeños quienes terminarán perjudicados.
Los grandes fondos de inversiones e instituciones financieras tendrán maneras de evitar el impuesto, como usando CFD’s, cosa que está lejos de los inversionistas más pequeños.
Según un ejecutivo de un fondo, “la gente que paga este tipo de impuestos son los de baja velocidad y larga duración”. Es decir, los pequeños.
Los de alta frecuencia simplemente podrían ensanchar sus márgenes de ganancia y pasar el costo al mercado.
Problema global
Otro problema que los críticos ven con el impuesto es la dificultad para cobrarlo.
Según la ley del impuesto, éste se cobrará en transacciones de acciones francesas tanto dentro del país como fuera de él.
Sin embargo, resulta bastante confuso como el gobierno cobraría las que se llevan a cabo en otro país.
“Nadie podrá cobrar el impuesto” dice Sam Capital, analista en un fondo de inversiones con sede en Londres.
También podría ser contraproducente.
Mario Draghi, Presidente del Banco Central Europeo, admitió públicamente que no sería la mejor opción para atraer inversionistas a Europa.
A pesar de que la Comisión Europea lo ha recomendado, el gobierno de Inglaterra aboga públicamente por un impuesto global o en su defecto ningún impuesto.
Si no lo hacen así, argumentan, los inversionistas solo irán a países más favorables.
