Cuando Agustín Carstens anunció que renunciaría a su puesto como gobernador de Banco de México para convertirse en gerente general del Banco de Pagos Internacionales, la reacción de la opinión pública fue unánime: el funcionario de más alto perfil en el manejo de la política monetaria está dejando el barco en medio de la tormenta.
La inflación en el mes de noviembre, el último en la gestión de Agustín Carstens en el banco central, repuntó a 6.63 por ciento en términos interanuales. La cifra se encuentra más de 300 puntos base por encima de la tasa objetivo y, de acuerdo a las más recientes minutas de la Junta de Gobierno de Banco de México, se espera que el cambio en el nivel de precios converja hacia el objetivo hasta finales del siguiente año.
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Las perspectivas son poco alentadoras. La transmisión de la depreciación del tipo de cambio hacia el mecanismo de formación de precios es citado como la principal presión inflacionaria.
El diseño de la política económica mexicana plantea que el tipo de cambio es la variable de ajuste por excelencia de la economía mexicana frente a choques externos.
La incertidumbre que rodea al proceso de negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), referido como el ancla del modelo de crecimiento e industrialización del país, es mencionado por el consenso de analistas como el factor más significativo para explicar la pérdida de valor del peso frente al dólar que se ha registrado en los últimos tres meses.
Sin embargo, existen factores adicionales que han colocado un velo de volatilidad sobre el tipo de cambio. Los bancos de inversión, las agencias calificadoras y las casas de bolsa mantienen la perspectiva común de que el proceso electoral de 2018 tendrá efectos significativos sobre la valuación de los activos mexicanos, notablemente sobre la relación peso-dólar.
Esta semana, Luis Robles Miaja, el presidente del consejo de administración de BBVA Bancomer, le dijo al diario La Jornada que las elecciones de 2018 representan un riesgo mayor que la posible cancelación del TLCAN.
Inflación: ¿problema de diseño de política económica?
El Banco de México reconoce la vulnerabilidad que implica mantener un tipo de cambio en extremo flexible y un control de capitales extremadamente laxo. El peso, altamente reactivo a eventos políticos, ha demostrado ser un termómetro de riesgo global durante eventos como el referéndum del Brexit y la elección presidencial de Estados Unidos. Por eso, las expectativas de la elección presidencial en México y del futuro del TLCAN, que atañen directamente a las perspectivas de la economía real mexicana, juegan un papel particularmente relevante en la cotización del tipo de cambio.
El peso es la moneda emergente más líquida en los mercados financieros; operable las 24 horas y los 365 días del año. Esta condición ha hecho de la divisa mexicana un activo de cobertura: en caso de que un inversionista busque reducir la exposición de su cartera a activos de economías emergentes, el peso suele ser el primer activo en ser vendido (porque es más fácil encontrar un comprador en el mercado), independientemente de si el riesgo cubierto esté relacionado con México u otro país emergente.
El Banco de México reconoce la vulnerabilidad que implica mantener un tipo de cambio considerablemente flexible y un control de capitales extremadamente laxo
Esto exacerba los episodios de depreciación del peso, que en los últimos cinco años ha perdido el 47.7 por ciento de su valor frente al dólar, lo cual pone a prueba los límites del tipo de cambio como variable de ajuste.
La política monetaria enfrenta una contingencia en la que el efecto de la acumulación de la depreciación del tipo de cambio se vuelve cada vez más nocivo para la inflación. En ese sentido, el Banco de México ha implementado medidas cambiarias específicas, como la subasta estratégica de dólares, para garantizar la liquidez del peso en el mercado y evitar una fuerte contracción en el valor de la divisa mexicana en relación al dólar. Esta medida se suma al fuerte sesgo restrictivo de la política monetaria, que ha elevado la tasa de interés de referencia en 400 puntos base desde diciembre del 2015, con todo lo que eso implica para el crecimiento de una economía cuya tasa de expansión sigue siendo mediocre y que el consenso de analistas la ubican en 2.1 por ciento en 2017.
La transmisión de la depreciación del tipo de cambio hacia el mecanismo de formación de precios es citado como la principal presión inflacionaria
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