30%
como lo justo por el gobierno de Venezuela"No me subestimen sectores de la burguesía. Si hay que expropiar (empresas) vamos a expropiar a quienes tengamos que hacerlo”
Compañías mexicanas con operaciones en Venezuela, como Grupo Gruma, Coca-Cola Femsa, Bimbo y Cemex se han tenido que enfrentar a un fuerte control de precios y, en ciertos casos, hasta han sufrido la expropiación de sus negocios
Las empresas en Venezuela se enfrentan a un ambiente adverso. Desde la llegada del expresidente Hugo Chávez al poder hace casi 15 años, el gobierno venezolano empezó a intervenir cada vez más en los mercados y a tomar medidas agresivas que lastiman los intereses de los inversionistas.
Compañías mexicanas con operaciones en el país latinoamericano, como Grupo Gruma, Coca-Cola Femsa, Bimbo y Cemex se han tenido que enfrentar a un fuerte control de precios y, en ciertos casos, hasta la expropiación.
Los negocios que tienen estas empresas en Venezuela representa una gran proporción de sus ventas. De acuerdo con cifras del año pasado publicadas por El Economista, el 16 por ciento de los ingresos que reporta Grupo Gruma provienen de este país.
De manera similar, el 11 por ciento de los ingresos por ventas de Femsa se dan en Venezuela, mientras que Bimbo mantiene una participación limitada.
El control gubernamental del mercado alcanzó límites previamente insospechados cuando la semana pasada el presidente Nicolás Maduro publicó la nueva Ley Orgánica de Precios Justos. A través de disposiciones legales, las compañías venezolanas no podrán vender productos más allá de un 30 por ciento por encima de los costos del mismo.
La medida, de acuerdo a Maduro, es la nueva arma que cuenta el país para acabar con la especulación que hacen las corporaciones. El presidente afirma que la economía ha sido secuestrada por los empresarios que abusan de los consumidores y amenazan con sus políticas al gobierno.
Aquellas personas que excedan el valor de los precios justos oficiales podrán enfrentarse a un periodo en prisión de 2 a 14 años, retiro de licencias para comerciar, expropiación de su negocio y diversas multas.
El ordenamiento jurídico contempla 15 delitos diferentes que van desde la usura, hasta la renuencia de inscribirse en un registro único de comerciantes.
Otras medidas similares fueron tomadas el año pasado cuando el gobierno obligó a ciertas tiendas a reducir los precios de sus productos alegando que estaban abusando del pueblo.
El evento fue satirizado como el Black Friday Venezolano, ya que cientos de personas abarotaron las tiendas para aprovechar las “ofertas”.
Los constantes problemas económicos a los que se enfrenta la población, sumado a la escasez de productos básicos, ha movilizado a los grupos de oposición a protestar en contra del gobierno de Maduro.
En los últimos días Venezuela ha sido marcada por la violencia y el enfrentamiento con las autoridades ya dejó varios muertos.
La popularidad de la revolución bolivariana parece haber muerto con Chávez y su sucesor ha sido obligado a pagar la cuenta que dejaron años de políticas populistas.
Historia de un desamor
La primera gran disputa entre mexicanos y funcionarios venezolanos ocurrió cuando en el 2008 los activos de Cemex en el país sudamericano fueron expropiados.
Después de un largo proceso de litigios, el gobierno aceptó pagar a la cementera una compensación de 600 millones de dólares.
A pesar de que el año pasado Lorenzo Zambrano, presidente de Cemex, expresó la intención de la compañía por volver a Venezuela, hasta la fecha no se ha realizado ninguna acción al respecto.
Por su parte, Grupo Gruma sufrió en el 2010 la expropiación de sus activos en Molinos Nacionales (Monaca) y Derivados de Maíz Seleccionado (Damaseca).
En medio de disputas, Gruma había sido capaz de continuar operando 15 plantas con la participación conjunta del gobierno venezolano. Después de haber interpuesto una demanda ante un órgano de arbitraje del Banco Mundial, Gruma llegó a un acuerdo con el gobierno en noviembre para crear una empresa mixta donde se comparte la participación accionaria.
Coca-Cola Femsa también ha enfrentado diferentes presiones por parte de las autoridades, pero no ha llegado hasta el momento a sufrir una expropiación de sus activos.
En este caso, se ha acusado al gobierno como el responsable de fomentar conflictos laborales con los trabajadores de Femsa con el propósito de hacerla quebrar y justificar facilmente la expropiación.
En mayo del año pasado, la planta más grande de Femsa en Venezuela pasó por una huelga de 24 días en la ciudad de Valencia, que significó la pérdida de alrededor del 15 por ciento de las ventas de ese mes.
Miedo de las protestas
La inestabilidad social de las protestas ha generado dudas sobre el pago de la deuda venezolana.
De acuerdo con información publicada esta semana por Bloomberg, los bonos venezolanos tienen los peores retornos del mundo debido a que las protestas pueden obligar a que el gobierno priorice la compra de comida por encima de saldar sus deudas.
En lo que va de este año, los pagarés en dólares de referencia han bajado hasta un 13 por ciento debido a la especulación de que Venezula terminará por usar las reservas en dólares, que están en el nivel más bajo en los últimos 10 años, para mitigar el desabastecimiento y frenar la inflación.
Entre las principales quejas de los manifestantes se encuentra la escasez de medicamentos, arroz y papel. Este último ha sido principal motivo de molestia de los medios de comunicación impresos que apuntan a una estrategia del gobierno para callar su voz.
Para contrarrestar las manifestaciones, Nicolás Maduro llamó a sus seguidores a demostrar su apoyo por el gobierno saliendo a las calles para hacer frente a los opositores.
