Alternativa social

El fracaso de Sedesol

Para entender la pobreza endémica de México es necesario entender qué ha sucedido con el organismo del Estado mexicano dedicado a su combate: la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

A 25 años de su nacimiento, la Sedesol no ha podido corregir los altos niveles de pobreza extrema y pobreza de patrimonio en el país. 

En el 2014, último año en el que el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social (Coneval) realizó una medición completa de la condiciones socioeconómicas de México, el 53.2 por ciento de la población vivía en un estado de pobreza de patrimonio.

La cifra no es muy diferente a lo registrado en 1992.

Bajo ese rasero, puede argumentarse que éstas han sido las décadas perdidas de la política social mexicana.

Las estimaciones del Coneval muestran que el 20.6 por ciento de la población tiene un ingreso diario que se encuentra debajo de la línea de bienestar mínimo.

La crítica usual a la Sedesol es que cuenta con programas que se solapan entre sí, que aplica políticas que no son escalables y que el gasto de desarrollo social se realiza, en gran medida, en función de objetivos político-electorales.

Una estampa de este argumento puede encontrarse en el presupuesto de la Sedesol para 2017. La delegación estatal de esta secretaría, a la que se le asignaron más recursos este año fue a la del Estado de México, una entidad clave para los objetivos políticos de la Oficina de la Presidencia de la República.

La delegación de Sedesol en el Estado de México recibirá 360 millones de pesos en el 2017, el doble que lo que obtendrá la delegación de la Ciudad de México y más que lo que recibirán las delegaciones de Guerrero, Oaxaca y Chiapas; los estados de mayor rezago económico del país.

Desde la izquierda se ha ceñido el argumento de que la perpetuación estructural de la pobreza se explica por la falta de un sector público robusto que pueda financiar un verdadero Estado de bienestar, garantizando un piso mínimo de bienestar para la población.

Este argumento presenta claroscuros.Por un lado, es verdad que México es el país con el menor nivel de recaudación fiscal como proporción del producto interno bruto (PIB), entre los miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). También es verdad que es la segunda economía de la OCDE con la mayor desigualdad de ingreso (medida por el coeficiente Gini) y que el gasto social como proporción del PIB fue, en 2010 (último dato disponible), de 7.5 por ciento, debajo de la media de 21 por ciento para los países de la OCDE.

Sin embargo, la Sedesol es la tercera secretaría a la que se le asignan más recursos.

 El periódico Reforma publicó  que, a precios deflactados del 2008, el gobierno ha destinado 1.56 billones de pesos  a la Sedesol en los últimos 25 años.

Hacia nuevos modelos sociales

A todas luces, la Sedesol ha sido incapaz de garantizar un piso mínimo de bienestar en términos de ingreso, educación y seguridad social. Para el consenso de analistas, resulta claro que el Estado mexicano no ha logrado consolidar una transición hacia un modelo de desarrollo que privilegie la universalización de los derechos básicos de la población.

Aunado a otras consideraciones como la política salarial, la política de ingresos y la política fiscal; existe un creciente interés en la academia y en los círculos globales de estudio de la política pública por encontrar nuevos modelos de desarrollo social.

Probablemente, la opción más referida por miembros de la izquierda y la derecha libertaria es el de la renta básica universal: el pago periódico de una cantidad fija de dinero a todos los miembros de la población, sin condiciones ni ataduras, “un salario por nada”.

No existe un consenso respecto a si esta política debería complementarse con la política social tradicional, que en México cuesta 105 mil millones de pesos al año.

La izquierda sostiene que la renta básica universal compensaría tres décadas de concentración excesiva del ingreso en el 1 por ciento más rico de la población. La derecha argumenta que permitiría migrar hacia un nuevo modelo más flexible de seguridad social, que no sea tan oneroso. Asimismo, ambos grupos destacan que esta política garantizaría un “colchón de libertad” que pudiera derivar en nuevas innovaciones y en una mayor productividad.

La idea de que un “salario por nada” pudiera desincentivar el empleo ha sido ampliamente descartado por los promotores de la renta básica universal, entre los que se encuentran figuras como Elon Musk, director de Tesla, y Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL.

Esta política es particularmente relevante en un momento en el que se acelera la automatización de la economía, un fenómeno con consecuencias inciertas para el futuro del empleo a gran escala.

De acuerdo a McKinsey, México es el sexto país más vulnerable a la ola de automatización, cuyas consecuencias ya se han vuelto patentes en el sector manufacturero estadounidense. La firma de consultoría estima que el 52 por ciento de los empleos en México estarían en riesgo de desaparecer debido a la robotización de la actividad económica en todos sus niveles. 

En ese sentido, la renta básica universal emerge como un mecanismo a considerar para asegurar un piso mínimo de bienestar y como un posible blindaje frente a la incertidumbre de la economía del futuro.