Sin el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), la reforma energética perdería el blindaje legal que ha permitido garantizar la protección a la inversión comprometida por las grandes firmas energéticas globales en el proceso de apertura petrolera.
La incertidumbre que rodea al futuro del TLCAN, cuya negociación ha llegado a un impasse debido a la radicalización de las demandas de Estados Unidos, se ha traducido en una creciente preocupación de los inversionistas y del gobierno mexicano en relación al futuro de la reforma energética.
El TLCAN contempla un mecanismo de resolución de disputas Estado-Inversionista en el que se estipula que un panel de arbitraje internacional puede trascender la decisión de las cortes domésticas para resolver determinadas cláusulas de un conflicto. Esto ha ofrecido una garantía implícita a los inversionistas de que los contratos de las licitaciones petroleras no pueden ser afectados por un cambio drástico en la política energética. El marco legal del TLCAN protege a las empresas de cualquier riesgo de expropiación estatal.
La supervivencia del acuerdo comercial es vital para las perspectivas de inversión de la reforma energética dado que el riesgo político se ha vuelto un elemento inherente a la narrativa del sector petrolero mexicano. El discurso de Andrés Manuel López Obrador, quien encabeza la mayoría de las encuestas de cara a la elección presidencial de 2018, ha transitado alrededor de posturas que van desde la desaceleración del proceso de implementación de la apertura petrolera hasta la convocatoria de un referéndum para derogar la reforma energética.
80 mmdd en juego
De acuerdo a la Secretaría de Energía, hasta el momento hay cerca de 80 mil millones de dólares en inversiones comprometidas en actividades relacionadas con la reforma energética, incluidas asociaciones estratégicas con Pemex.
Además, el calendario de licitaciones de la Comisión Nacional de Hidrocarburos está lejos de concluir. En enero de 2018 se llevará a cabo la Ronda 2.4, una subasta clave para medir la aversión al riesgo de la industria. Será el primer concurso licitatorio en el que el colapso del TLCAN es considerado como un escenario con una probabilidad de ocurrencia significativa. La cuarta fase de la Ronda Dos busca asignar 29 bloques de campos de aguas profundas con un potencial conjunto de 4.2 mil millones de reservas prospectivas de barriles de petróleo equivalente.
Lourdes Melgar, subsecretaria de Hidrocarburos en la Secretaría de Energía, asegura que la fragilidad del TLCAN pudiera alienar a las grandes firmas energéticas globales de participar en la Ronda 2.4. Esta tesis se refuerza con el contexto de la industria: el precio del petróleo cotiza alrededor de los 60 dólares, un nivel bajo para estándares históricos recientes, de modo que las firmas energéticas se han vuelto mucho más selectivas para escoger proyectos de exploración y producción. Es decir, la estrategia corporativa generalizada de acumular reservas petroleras de manera indiscriminada ha perdido vigencia, particularmente en un momento en el que la apertura energética brasileña y argentina ofrecen nuevas posibilidades de inversión en América Latina.
Riesgo político y legal
Shell, Chevron y Exxon son algunos de los grandes nombres de la industria que han avalado el proceso de apertura petrolera. Sin embargo, esto no quiere decir que los inversionistas globales le han conferido una fe ciega a la reforma energética. Existe una preocupación relevante que va más allá de la incertidumbre que representa la candidatura de Andrés Manuel López Obrador: la falta de un precedente legal para la resolución de un conflicto entre una empresa extranjera y el gobierno mexicano.
“No creo que cualquiera de nosotros quiera ser el primero en probar cómo van a deliberar las cortes mexicanas en cualquier disputa relacionada con el petróleo” dijo a la agencia Reuters Tim Callahan, el representante en México de BHP Billiton. “La inversión futura sin la protección que ofrece el TLCAN necesariamente conlleva un nivel de riesgo mayor dada la posibilidad de que una disputa pueda no ser resuelta de manera justa”, agregó.