"No podemos estar de nuevo en una situación donde, por pagar la deuda, reine el hambre"
"Este gobierno no endeudó al país, nos dedicamos a pagar los platos rotos de la fiesta neoliberal"
"Si se aplicara la sentencia (...) y Argentina se viera obligada a pagar a los buitres, el país caería en default"
"Se tomaron las medidas para impedir que la reconstrucción de la situación financiera de la Argentina esté en riesgo por pequeños grupos de bonistas que no buscan otra cosa que jaquear a los países"
¿Justicia…
La Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos asestó un duro golpe contra la economía argentina.
El gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner está obligada a pagar la deuda contraída con sus tenedores de bonos, sin posibilidad de seguir aplazando o negociando las condiciones de los pasivos.
El problema data desde el 2001 cuando Argentina se declaró en bancarrota y se vio forzada a reestructurar su deuda.
Sus negociaciones fueron calificadas como muy severas y perjudiciales para los acreedores, sin embargo, consiguió que el 92 por ciento de los tenedores de bonos aceptaran sus condiciones.
El 8 por ciento restante demanda, hasta la fecha, el pago completo de la deuda más los intereses y cargos generados por no pagar a tiempo; pero Argentina no ha cedido en su postura.
Debido a que los bonos fueron suscritos en el mercado de Nueva York, le corresponde a las cortes de Estados Unidos resolver la pelea entre los acreedores privados y el gobierno argentino.
Durante años se pagó a la mayoría de los tenedores de bonos las cantidades acordadas en la reestructuración.
Pero la Suprema Corte resolvió que no es posible seguir con dicho esquema si no se liquida antes a los acreedores que rechazaron la oferta de Argentina.
… o extorsión?
A través de su ministro de Economía, Axel Kicillof, el gobierno de Argentina asegura que no acatará la resolución de la Suprema Corte.
Kicillof dice que la sentencia de la Corte conduce irremediablemente al país a la suspensión de pagos.
De acuerdo con el razonamiento del ministro de Economía, si Argentina cumple con la orden tendría que pagar 1,500 millones de dólares a los acreedores demandantes, pero abriría la puerta a otras demandas que superan los 15 mil millones de dólares, cifra semejante a la mitad de las reservas de su Banco Central.
Debido al fallo, el país latinoamericano se encuentra a la merced de sus acreedores. Si no llega a un acuerdo corre el riesgo de caer en suspensión de pagos.
El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner afirmó que no está dispuesto a pagarles a los demandantes, por considerarlos un grupo de extorsionadores.
De cumplir con sus amenazas, Argentina no podría abonar a los tenedores de bonos bajo el marco jurídico de Estados Unidos o Reino Unido, lo que también conduciría a una suspensión de pagos.
Ante el predicamento, Kicillof ofreció a los acreedores que aceptaron los canjes de deuda a cambiar sus títulos de la legislación de Nueva York y Londres por la de Buenos Aires.
Los bonos buitre
Cuando un país se encuentra en condiciones económicas complicadas, sus tenedores de bonos se preocupan de que la deuda pueda ser cubierta en tiempo y forma.
Algunos inversionistas se aprovechan de la situación para comprar la deuda a un menor precio a cambio de correr el riesgo de que no sea liquidada.
Después, cuando el tiempo apremia, exigen la totalidad del valor de los bonos más sus intereses y cargos por pagar fuera de tiempo. Este tipo de bonos son a los que se les denominan como buitres.
Las protestas de Argentina giran en torno a que estos individuos se están aprovechando de los problemas del país para hacer su negocio y la presión que ejercen es comparable a la extorsión.
Sin embargo, bajo ninguna ley este comportamiento es considerado como ilegal, y hay quienes argumentan que lo justo es pagar la totalidad de lo que había pactado en un principio sin importar quién sea el tenedor de los bonos.
Los bonos buitre no son nuevos, pero las gran cantidad de deuda argentina que controlan los ha puesto en medio de la controversia.