Susana Prieto, la abogada de los obreros en México
La líder del “Movimiento 20/32” está una vez más en el ojo del huracán por integrar una nueva estrategia que está cimbrando las bases del sindicalismo blanco mexicano y las empresas trasnacionales beneficiadas del T-MEC
María Fernanda NavarroSusana Prieto vive bajo el miedo constante de que alguien le meta “una pinche bala en la cabeza”. Dice que su activismo y defensa en materia de derecho laboral a obreros que trabajan para empresas maquiladoras en el norte del país ha provocado que gobernadores, empresarios y líderes sindicales hayan puesto un precio a su silencio.
La abogada que encabeza el Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Industrias y Servicios “Movimiento 20/32” (SNITIS) y tiene más de 30 años enfocada en casos laborales, adquirió notoriedad en junio de 2020 cuando fue arrestada por 24 días en Ciudad Victoria, Tamaulipas, por supuestos delitos contra servidores públicos, amenazas y motín.
Pero dice que las constantes intimidaciones y el ataque jurídico orquestado desde las más altas autoridades de los gobiernos de Tamaulipas y Chihuahua no la detienen. Incluso tiene una nueva estrategia que está cimbrando las bases del sindicalismo blanco mexicano y las empresas trasnacionales beneficiadas del libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá.
No puedo dar un mensaje de cobardía a la clase trabajadora ni a las mujeres, cuésteme lo que me cueste (...) La Ley Federal del Trabajo es letra muerta hace muchos años en México, a los trabajadores de la maquila, que es a quienes más asesoró, les roban las vacaciones, no les respetan días inhabiles de descanso obligatorio que dice la ley, no les dan el aumento del salario mínimo
La estrategia consistió en presentar a través del “Movimiento 20/32”, pruebas de una supuesta obstaculización a la representación sindical independiente en la planta de autopartes Tridonex en Matamoros, Tamaulipas, las cuales fueron utilizadas por la central obrera más grande de Estados Unidos, AFL-CIO, para sustentar la queja que interpusieron en contra de México por violaciones al capítulo 23 del T-MEC.
Esta queja podría derivar en una demanda del gobierno de Joe Biden a la administración de Andrés Manuel López Obrador, al tiempo de ser un “rayo de esperanza” para tratar de detener las arbitrariedades laborales que cometen en empresas, así como las representaciones sindicales que sólo sirven a los intereses de los patrones, señala la abogada.
“En Estados Unidos estas cuestiones no se hacen con la ligereza con la que ocurre acá. Si los sindicatos estadounidenses ya determinaron que existe una violación al apartado 23 del T-MEC, entonces nosotros vamos a impulsar que todos los trabajadores de las empresas nacionales y trasnacionales que están en México que crean que les están violando sus derechos de libertad sindical puedan actuar con base en este precedente”, afirma.
Un calvario para Susana Prieto
Aunque se ríe, Susana Prieto describe como un “calvario” el camino recorrido desde el arresto que vivió hace un año y la persecución política de la que dice ser objeto, pero la voz se le termina por cortar cuando habla de las circunstancias en las que viven los obreros de empresas maquiladoras del norte del país.
Su detención en el penal de Tamatán, en Ciudad Victoria, en junio de 2020 se ejecutó después de que José Manuel Gómez Porcini, presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, presentó una denuncia penal porque Prieto supuestamente retuvo a trabajadores de la junta local en el interior del edificio. Pero Prieto explica que se trataba de una concentración de trabajadores que exigían ejercer sus derechos sindicales.
Aunque ninguno de los delitos por los que se le acusaba eran graves o requerían prisión preventiva, la jueza Rosalía Gómez Guerra la mantuvo 24 días tras las rejas y fue puesta en libertad después de una indemnización de 60 mil pesos y la obligación de permanecer en Chihuahua, proceso que se suspendió al señalar la inconstitucionalidad de violar su libertad de tránsito y trabajo.
Pero hay otro frente legal que Prieto tiene que enfrentar ya que se le imputan en Chihuahua delitos por presuntamente privación ilegal de la libertad y falsedad en declaraciones judiciales.
“Al criminalizar a quien ellos consideran que es la cabeza de la lucha que soy yo, lograron intimidar a los trabajadores para que no siguieran luchando porque el trabajador tiene una idea de que si quién es abogado, tiene dinero, se puede defender y de todos modos les valió madre al inventarle delitos, a un trabajador le pueden hacer más”, afirma.
Dice que más allá de los políticos que la persiguen como Francisco Javier García Cabeza de Vaca y Javier Corral, el poder real al que le está haciendo frente son los “dueños del dinero” e insiste en que no “se va a rajar”, después de todo, está más cerca llegar a la meta que claudicar.
Extraña candidatura
Otro apuesta de esperanza para Prieto se enfoca en su posible llegada al Congreso de la Unión luego de que la “aún existente corriente de izquierda de Morena” la postuló en el sexto lugar como candidata externa para diputada federal por la vía plurinominal.
Llegar a la Cámara de Diputados podría ser una oportunidad para representar a los trabajadores de forma cabal, afirma, pero admite que Morena le solicitó no hacer campaña o “ruido” acerca de su candidatura.