Valiosa, estrecha e histórica. Estas tres palabras podrían definir la relación comercial entre México y Estados Unidos, misma que ha dado señales de tensión con la reforma eléctrica que impulsa el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y se discute actualmente en el Congreso de la Unión.
En febrero de 2022 México se posicionó una vez más como el primer socio comercial del país gobernado por Joe Biden, al exportar productos por 32 mil 536 millones de dólares, lo que representa un incremento anual de 18.6 por ciento. En tanto que las importaciones alcanzaron los 23 mil 715 millones de dólares, de acuerdo con información de la Oficina del Censo de Estados Unidos.
En total, el intercambio comercial en febrero de 2022 fue del orden de 56 mil 251 millones de dólares, en tanto que ambos países han acumulado 113 mil 200 millones de dólares en esta materia durante los 12 meses previos, lo que representa 14.5 por ciento del total de las exportaciones e importaciones de Estados Unidos.
Seguido de México está China, que durante los nueve meses previos a febrero ocupó el primer puesto como socio comercial de Estados Unidos. Datos del gobierno estadounidense señalan que en el mes pasado el gigante asiatico exportó bienes por 42 mil 260 millones de dólares e importó 11 mil 594 millones de dólares, lo que suma un intercambio comercial de 53 mil 854 millones de dólares.
Aunque hasta el momento el intercambio de productos no se encuentra precisamente en riesgo, el gobierno estadounidense ha hecho diversos señalamientos en torno a las disrupciones que podrían generar los cambios en materia energética en México planteados a través de la reforma presentada por el presidente López Obrador en octubre de 2021.
En febrero de este año, a través de un comunicado, la embajada de Estados Unidos en México expresó su preocupación sobre la propuesta del sector energético elaborada por el Gobierno federal mexicano al señalar que promueve el uso de tecnologías “más sucias, anticuadas y caras sobre alternativas renovables y eficientes” que pondría en desventaja tanto a los consumidores como a la economía en general.
Un mes más tarde, durante un foro del Consejo Atlántico de Washington, Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, señaló que no se podía tener confianza en invertir en México si no se resolvían “asuntos difíciles”, al referirse a la reforma energética
Asimismo, John Kerry, enviado especial de Estados Unidos para el Clima, detalló que Washington sigue de cerca la discusión de la reforma eléctrica durante su reunión en Palacio Nacional con el mandatario mexicano el 1 de abril de este año.
Kerry señaló que el presidente López Obrador coincidía con Biden en torno a la importancia que tenía para ambos países la reforma y la necesidad de integrar a México, Estados Unidos y Canadá en acuerdos respecto al clima y “cuestiones económicas amplias”.
Cabe destacar que el intercambio comercial de insumos energéticos en 2019 alcanzó un monto total de 13 mil millones de dólares en las exportaciones de México al país vecino, en tanto que las importaciones ascendieron a 34 mil millones de dólares, según cálculos de US Energy Information Administration. En tanto que el comercio con México representó nueve por ciento del total de sus importaciones de crudo de ese mismo año.
En pleno análisis de la reforma eléctrica
Después de un proceso de discusión entre diferentes sectores a través de un parlamento abierto, el pasado lunes las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Energía de la Cámara de Diputados, presentaron el dictamen de esta iniciativa.
Los grupos parlamentarios del PAN, PRI y PRD presentaron esta semana una contrapropuesta de reforma, toda vez que votarían en contra de la expuesta por el presidente al considerarla “destructiva, regresiva y contaminante”.
La iniciativa modifica los artículos 25, 27 y 28 de la constitución con el objetivo de que el Estado recupere la conducción del sistema eléctrico nacional a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que se convierte en organismo del Estado, mismo que se encargará de preservar la seguridad energética, la autosuficiencia energética y el abastecimiento continuo de energía eléctrica a toda la población.
En ese sentido propone que la CFE se encargue de por lo menos el 54 por ciento de la participación del mercado eléctrico y 46 por ciento a la iniciativa privada, misma que estaría sujeta a la planeación y control del sistema eléctrico nacional a través de la CFE.
Para instrumentar este sistema eléctrico se cancelarían todos los permisos de generación eléctrica otorgados y los contratos de compraventa de electricidad, así como las diversas figuras de generación privada y las solicitudes pendientes de resolución.
