A pesar de que existen decenas de programas pilotos de alguna versión del Ingreso Básico Universal, las autoridades de política económica alrededor del mundo aún no logran establecer algún consenso respecto a la efectividad de esta medida.
Esta discusión es particularmente relevante para México, donde la crítica más visible al régimen económico actual descansa en la poca o nula capacidad de la política social para incidir en un abatimiento sostenido de la pobreza.
El debate en torno al Ingreso Básico Universal ha tomado un nuevo aire. “Por México al Frente”, la coalición PAN-PRD-Movimiento Ciudadano, una de las tres principales opciones políticas de cara a la elección presidencial del 2018, encontró en esta política pública al eje principal de su plataforma económica.
La medida, que pretende que todos los ciudadanos del país reciban una renta mensual de parte del gobierno, fue ampliamente descalificada por los rivales políticos del Frente, tanto en la izquierda como en la derecha. El argumento de rechazo se centra en la idea que es un plan de corte populista porque es irrealizable. En México no existen las condiciones fiscales para financiar un proyecto de esta envergadura, argumentan.
Ingreso Básico: ¿Es realizable?
Jorge Castañeda, una de las figuras más cercanas al Frente, refiere, con base en un estudio del economista José Luis Alberro, que el costo del Ingreso Básico Universal en México es de 6.8 por ciento del PIB. Se trata de una cifra significativa, considerando que, de acuerdo a la OCDE, la recaudación fiscal del país es de menos de 20 por ciento del PIB.
6.8%
Sin embargo, Castañeda, quien fungió como secretario de Relaciones Exteriores durante la primera mitad del sexenio de Vicente Fox, explica también que hay una alternativa menos costosa que el Ingreso Básico Universal: un Ingreso Negativo Sobre la Renta que costaría 0.85 por ciento del PIB. Esta propuesta estaría enfocada en los percentiles socioeconómicos más vulnerables, que se encuentran por debajo de la línea de pobreza extrema.
En ese sentido, la experiencia internacional ofrece referencias valiosas sobre políticas de transferencia de efectivo abocadas al combate de la pobreza extrema. La más reciente es la de Arabia Saudita. Ayer, el gobierno saudita anunció que el programa de “Cuenta Ciudadana”, como es conocido el proyecto de transferencia de dinero, iniciará el 21 de diciembre de este año.
Más de 13 millones de personas, la mitad del país, aplicaron para ser parte de este programa, cuyo objetivo central es minimizar el impacto de las políticas de austeridad que derivan del proceso de reforma económica.
0.85%
Arabia Saudita está recortando subsidios de manera generalizada, especialmente en el sector energético (el precio de la gasolina se incrementará 80 por ciento de golpe), implementará un impuesto al valor agregado, alimentos incluidos; y está reduciendo la pesada base laboral del sector público.
Según el programa de Arabia Saudita, el pago mensual promedio para una familia de seis personas con un ingreso de 2 mil 320 dólares será del 14 por ciento de esta cifra
El programa de transferencia de efectivo, aplicable a la clase baja y a la clase media, pretende sustituir el modelo completo de seguridad social en el futuro.
Según información oficial, el pago mensual promedio para una familia de seis personas con un ingreso conjunto de 2,320 dólares será de alrededor del 14 por ciento de esta cifra.
Al igual que México, el colapso del precio del petróleo, que tuvo lugar a partir de noviembre de 2014, comprometió las finanzas públicas del Estado y derivó en políticas de austeridad costosas para el bienestar del ciudadano promedio.
Guardando las proporciones, en términos demográficos y de ingresos petroleros, el paralelismo saudita puede ofrecer información valiosa sobre la aplicación de programas parecidos al Ingreso Básico Universal en el país.