Para todos tiene

No queda la menor duda de que la presidencia de Donald Trump será la presidencia del cambio, para bien o para mal.

Esto tiene implicaciones directas para el sistema financiero global, un ente que no escapa de la influencia de uno de los virajes más disruptivos de política económica en la época reciente.

El discurso de campaña de Trump no sólo se ha limitado a construir un caso en contra del libre comercio y de medidas macro prudenciales, sino que  también propone desmantelar dos pilares básicos para la estabilidad financiera del mundo: la ley Dodd-Frank de supervisión bancaria y la condición de independencia del banco central.

El fin de Dodd-Frank

La lección más evidente de la crisis financiera que desató la debacle de Lehman Brothers en 2008 es que las instituciones “demasiado grandes para caer” significan un riesgo de primer orden para la economía global.

Los bancos tomaron riesgo de forma excesiva porque la estabilidad económica dependía de su supervivencia. Ante cualquier disrupción, el gobierno tendría que usar fondos públicos para salvar a estas instituciones.

Por ello, el gobierno estadounidense aprobó la Ley Dodd-Frank que limitó las operaciones especulativas de los bancos, impuso pruebas de estrés e incrementó los requerimientos de capital. 

Sin embargo, el equipo de transición de Donald Trump promete desmantelar esta ley. El congresista republicano de Texas, Jeb Hensarling, está en la terna de los probables secretarios del Tesoro de la siguiente administración.

Hensarling, presidente del Comité de Servicios Financieros en la cámara baja, ha promovido una reforma a la ley Dodd-Frank de manera insistente. 

El año pasado, en una entrevista para Fox News, Trump declaró: “Necesitamos deshacernos de Dodd-Frank, los bancos no le prestan a la gente lo que necesitan. Los reguladores están a cargo de los bancos.”

Fed: Adiós a la Indepedencia 

La recuperación económica de la crisis global de 2008 ha encontrado una sola respuesta significativa de política económica: el activismo de los principales bancos centrales del mundo. 

Particularmente, la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), ha contribuido a la inyección de liquidez en la economía. Esto ha propiciado una tendencia alcista en los mercados y una recuperación gradual de la economía real en los últimos ocho años.

Todas las decisiones de la Fed están respaldadas por un andamiaje institucional que garantiza la independencia de la autoridad monetaria respecto del gobierno federal.

El consenso en la academia económica es que esta condición de independencia representa un aspecto fundamental para que los bancos centrales puedan alcanzar sus objetivos de política monetaria.

Si la Fed no está subordinada a los objetivos inmediatos del gobierno federal, cualquier tentación  de financiar el déficit fiscal con la emisión de dinero queda anulada.

El ejemplo más notable de este fenómeno, denominado dominancia fiscal, es Venezuela. La expansión del gasto público se ha hecho posible a través de un incremento sustancial en la oferta monetaria. El resultado es bien conocido. De acuerdo al Fondo Monetario Internacional (FMI), el país enfrentará una inflación de mil 600 por ciento en el 2017.

El caso estadounidense está lejos de llegar a esos niveles radicales de inflación. Sin embargo, la presidencia de Trump amenaza la condición de independencia del banco central que le ha dado a la estabilidad monetaria un sentido de normalidad que dista de la experiencia de la segunda mitad del siglo XX.

Durante su campaña, el candidato republicano atacó sistemáticamente a Janet Yellen, la presidenta de la Fed cuyo mandato expira en el 2018. Trump acusó a Yellen de tomar decisiones de política monetaria con base en motivaciones políticas. El argumento del presidente electo fue que el mantenimiento de las tasas de interés en niveles cercanos a cero ofreció un soporte artificial a la economía, lo cual benefició al presidente Obama y a la ex candidata demócrata, Hillary Clinton.

El ataque de Trump hizo eco en una parte significativa de la clase política que ha sido crítica con la falta de transparencia de la Fed. Esto ha generado expectativas de que, con el control del congreso, la siguiente administración podrá modificar la estructura de la junta de gobierno del banco central, privilegiando a nuevos funcionarios con posturas sintonizadas con la visión económica de Trump.

Aunque el presidente no tiene la capacidad de remover a la presidenta de la Fed, la junta de gobierno del banco central cuenta con dos vacantes y, de acuerdo al Wall Street Journal, otro lugar podría abrirse en el corto plazo si se concreta la salida de Daniel Tarullo.

Esto quiere decir que, en un plazo de dieciocho meses, los contrapesos al interior de la Fed podrían ser neutralizados.

La Fed es un banco central independiente, dado que sus decisiones no tienen que ser ratificadas por el presidente de EU. Sin embargo, estaría bajo la supervisión del Congreso, en su mayoría republicano, controlado por Trump. 

Además, es probable que la administración de Trump dé luz verde a las propuestas de ley que propugnan una mayor transparencia en la Fed. Al respecto, el banco central ha expresado que dichas medidas minarían su independencia.

Durante la presidencia de Obama, cualquier intento del poder legislativo para reformar a la Fed ha sido bloqueado por la oficina del jefe del ejecutivo. Este blindaje podría terminar a partir del 20 de enero del 2017, con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca.