Los food trucks viven al margen de la ley en México. Sin embargo, el panorama para esta industria podría cambiar en poco tiempo si los legisladores dan luz verde a una iniciativa que busca incorporar la actividad económica de los vehículos gastronómicos dentro de la formalidad.
La encargada de liderar este proyecto es la diputada Circe Camacho Bastida, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT), quien asegura que la idea surgió como una necesidad de los mismos jugadores del mercado nacional.
Aunque en el país la industria de los food trucks nació apenas en 2012, esta se ha logrado consolidar al grado de que cada vez más competidores buscan una rebanada del pastel.
En la actualidad, existen más de mil unidades y tan solo en la capital del país hay 300 camiones de comida, los cuales generan 35 mil empleos de manera total, de acuerdo con estimaciones de la Asociación Mexicana de Food Trucks.
No obstante, este sector no cuenta con una regulación que apoye su expansión, por lo que se enfrenta a diversos retos, como la delincuencia, corrupción y los altos costos para poder vender alimentos en eventos privados.
Una luz en el horizonte
La iniciativa del PT busca, entre otras cosas, que los vehículos gastronómicos operen mediante un permiso extendido por la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México y que la autoridad competente defina itinerarios para el funcionamiento de estos camiones.
En el documento que fue compartido con Reporte Índigo también se plantea que los food trucks definan su actividad dentro del marco legal como establecimiento mercantil de bajo impacto y que los titulares de los permisos se asocien para realizar eventos temporales.
Uno de los puntos relevantes del proyecto es que los participantes del mercado paguen una contribución local con el objetivo de erradicar la corrupción.
Diversos propietarios de camiones gastronómicos han denunciado actos de intimidación por parte de elementos de la policía capitalina e incluso de grupos organizados que solicitan el cobro de un pago para dejarlos vender en la vía pública.
Camacho Bastida comparte que, desde 2015 a la fecha, el sector creció en promedio 30 por ciento anual y con el apoyo de esta iniciativa, además de impulsar la expansión de la industria, se protegería también a los propietarios.
La prueba de fuego que deberá pasar el proyecto será que lo aprueben la mayoría de los legisladores en el periodo ordinario de sesiones, el cual comenzará en agosto próximo.
La diputada Circe Camacho Bastida se muestra optimista sobre el futuro de la iniciativa y adelanta que existen grandes posibilidades de que se le dé el visto bueno.
“Confiamos en que se aprobará la iniciativa en los próximos meses, ya que, hasta el momento, las diferentes fuerzas políticas han mostrado voluntad y están en la mejor disposición”.
La historia sobre ruedas
Reporte Índigo publicó a finales de mayo pasado un reportaje sobre la oportunidad de negocio de los food trucks y los retos a los que se enfrentan