Todavía falta lo peor

El plan de Nicolás Maduro de una nueva Constitución desató la especulación de sanciones de Estados Unidos relacionadas con el petróleo; lo que significaría un doble golpe. 

Al respecto, algunos analistas han sugerido que Donald Trump suspenda las compras de petróleo a Venezuela, que es la mayor fuente de ingresos de esa nación; sin embargo no sería la mejor opción y de hecho fue desechada en el pasado por temor a un alza de precios internacionales del crudo, y el daño a la economía estadounidense.

Estados Unidos es el mayor comprador de crudo de Venezuela, y Citgo Petroleum, la filial de PDVSA en Estados Unidos, recibe la mayor proporción de esas importaciones, de acuerdo un reporte de Bloomberg con datos del gobierno de Donald Trump.

La analista de BMI Research en Nueva York, Mara Roberts, destacó que si Citgo no puede comprar a su compañía matriz debido a los castigos que imponga Estados Unidos entonces estaría obligada a comprar más caro en el mercado spot.

“La dependencia de PDVSA en el mercado estadounidense la ha colocado en una posición en extremo difícil”, precisó.

Un embargo afectaría más sus ingresos, lo cual complicaría hacer frente al pago de deuda que tiene que realizar en el cuarto trimestre, explicó.

Venezuela exportó 741 mil barriles diarios de crudo a Estados Unidos al cierre de 2016, lo que representó cerca de 30 por ciento de su producción y el cuatro por ciento de la demanda estadounidense.

Un embargo obligaría a Venezuela a buscar otros mercados como destino de sus exportaciones de petróleo, por ejemplo Asia, lo que incrementaría los costos y reduciría los beneficios, opinó por su parte Andy Lipow, presidente de Lipow Oil Associates en Houston.

Doble efecto

Una sanción en ese sentido también afectaría a Estados Unidos porque las refinerías tendrían que traer crudo de más lejos, expuso Andy Lipow.

“Al final, las importaciones procedentes de Arabia Saudita y de otros proveedores del Golfo Pérsico, como Kuwait o Irak, llegarían a un mayor costo para las refinerías estadounidenses, que a su vez implicaría un aumento en los precios de la gasolina y el diesel”, agregó.

De esa forma, el consumidor tendría que pagar más por el combustible, sostuvo.

Según el reporte de Bloomberg, Petróleos de Venezuela registra una deuda de tres mil 700 millones de dólares, con vencimiento en 2017.

La empresa ha tenido problemas para pagar a los acreedores debido a la caída en la producción de crudo y después de que el precio del petróleo Brent de referencia cayó 56 por ciento en los últimos tres años.

Por otro lado, un grupo de senadores republicanos y demócratas estadounidenses cabildean un proyecto de ley, que además de incluir sanciones a responsables de golpear la democracia en Venezuela también pide al presidente Donald Trump que tome medidas para impedir que la petrolera estatal rusa Rosneft tome el control de cualquier infraestructura energética estadounidense.

Rosneft ha ganado terreno en Venezuela porque el gobierno de Nicolás Maduro busca dinero en efectivo.

En ese sentido, Petróleos de Venezuela (PDVSA) utilizó el 49.9 por ciento de las acciones de su filial estadounidense Citgo como garantía para obtener un financiamiento de Rosneft. En total, le ha prestado a PDVSA entre cuatro mil millones  de dólares y cinco mil millones de dólares.

Los principales impulsores de la iniciativa de ley son los senadores Ben Cardín y Marco Rubio, éste último un crítico del gobierno venezolano.