¿Verde o barato?

México se debate entre la vanguardia energética y el sostenimiento de su proyecto de desarrollo. 

Instituciones globales como el Banco Mundial y la Convención del Cambio Climático de las Naciones Unidas están abocadas a reducir las emisiones de carbono alrededor del mundo.

La presión política se ha transformado en una tendencia que está comprometiendo a países y corporaciones para implementar medidas como un sistema de mercado de bonos de carbón e impuestos a las emisiones de combustibles fósiles.

Sin embargo, estas políticas representan un costo adicional en el corto plazo.

El modelo de desarrollo económico de México apuesta a un crecimiento basado en las exportaciones.  El país cuenta con el mayor número de tratados comerciales en el planeta,  bajos costos laborales y cercanía geográfica con el mercado más grande del mundo, Estados Unidos.  El gobierno mexicano busca que el país se convierta en un destino predilecto de inversión en manufactura para exportación. La reforma energética, aprobada en el 2014, puso la cereza en el pastel del modelo mexicano: energía barata.

Además, esta reforma pretende que la intervención de la iniciativa privada y la modernización de Pemex respondan al declive en la producción petrolera del país.

No obstante, México fue destacado positivamente por el último reporte del Banco Mundial y Ecofys (consultoría en energía verde)  en el que se evalúan medidas de reducción de emisiones alrededor del globo.

A pesar de los objetivos de incrementar la producción petrolera y de volver más barata la energía, México implementó un impuesto de carbono el año pasado. En febrero de ese año, el secretario de Energía estableció que se comenzó a desarrollar un sistema de mercado de bonos de carbón.

El país es miembro de una iniciativa de las Naciones Unidas que busca llegar a un nuevo acuerdo mundial en relación al cambio climático. En ese sentido, México se comprometió incondicionalmente a reducir sus emisiones contaminantes en un 25 por ciento para 2030.  La cifra podría elevarse a una reducción de 40 por ciento, dependiendo de los compromisos que realicen otros países en la Conferencia de París que se celebrará a finales de este año. 

El precio del carbón

Diversos economistas llevan casi un siglo proponiendo el que se cobre un impuesto sobre cada tonelada de dióxido de carbono que una empresa emita como la medida más eficiente para reducir el consumo energético y las emisiones globales de gases contaminantes.

Esto se debe a que estas emisiones son lo que se conoce como una externalidad negativa, es decir, un costo en la producción o consumo de un bien o servicio que no se ve reflejado en su precio. 

Imponer un gravamen a estas emisiones reflejaría el costo que los daños ambientales asociados a éstas imponen sobre la sociedad. Sin embargo, encontrar la equivalencia monetaria de estos daños es difícil y supone algunas incertidumbres.

A pesar de estas dificultades, el Banco Mundial reporta que alrededor de 40 países y más de 20 ciudades, Estados y provincias ya usan o planean implementar pronto un impuesto sobre el carbón. En total, los impuestos de este tipo que ya están operando alcanzan un valor anual de 50 mil millones de dólares.

Otra medida que puede utilizarse es crear y vender a las empresas un número limitado de permisos que cubran el nivel de emisiones deseado (sistema conocido como ETS o cap-and-trade en inglés). Éstos se ofrecen a las empresas por un costo similar al del impuesto al carbono, y pueden intercambiarse en un mercado secundario en caso de que haya un desbalance en las necesidades de diferentes empresas (las que más lo necesiten pueden comprarle permisos adicionales que le sobren a quienes menos los necesiten).

Reacción empresarial

Las medidas económicas para reducir las emisiones contaminantes no son exclusivas del dominio de la política pública.  

El reporte del Banco Mundial y Ecofys indica que más de 150 firmas globales están utilizando sistemas internos parecidos al ETS. Compañías como Microsoft, Google, Disney, Royal Dutch Shell, Exxon Mobil, British Petroleum y ConocoPhillips han hecho público el precio asignado al carbón en sus sistemas.

Las empresas entienden que la denominada “ola verde” se convertirá en una realidad tarde o temprano. 

Estos sistemas internos representan experimentos que le permiten a las firmas evaluar el riesgo y el impacto que representarían medidas de reducción de emisiones obligatorias.  En ese sentido, las empresas pueden identificar oportunidades de ahorro e ingresos en inversiones de energía alternativa.

Por otro lado, los inversionistas financieros de largo plazo también están reaccionando a esta tendencia. Dado que consideran que el cambio climático puede minar las ganancias de sus portafolios, están distribuyendo capital hacia actividades libres de emisiones contaminantes.

El Fondo Soberano de Noruega, el mayor de su tipo y que administra 916 mil millones de dólares, anunció su retiro paulatino de inversiones relacionadas con el carbón.