Para resguardar el poder adquisitivo de las familias más vulnerables del país ante la escalada de los costos de productos y servicios por la inflación, es más recomendable un programa de transferencias directas a la integración de un plan de control de precios.
Los planes del Gobierno federal para contener el impacto de la inflación entre los mexicanos más pobres con un programa de “precios de garantía”, tiene un potencial impacto negativo para las empresas, sobre todo las más pequeñas, advierte la organización México ¿Cómo vamos?
Por ello propone que a través de un apoyo de mil 960 pesos mensuales durante un periodo limitado a 90 días, se asegure que 10.8 millones de personas en condición de pobreza extrema puedan adquirir la canasta básica.
El costo total de dicha propuesta se calcula en 63 mil 180 millones de pesos, mismo que se podría financiar con la reasignación presupuestal de los recursos adicionales destinados a la Secretaría de Turismo y a la Secretaría de Energía en el primer trimestre de 2022 que alcanzan montos por 10 mil 985 millones de pesos y 45 mil 437 millones, respectivamente.
El organismo agrega que este programa propuesto para evitar el deterioro del poder adquisitivo de los hogares no debe de considerarse sustituto de la agenda de crecimiento de mediano plazo, toda vez que únicamente con una economía que avanza… en este momento de recuperación incompleta por la pandemia de COVID-19 y la alta inflación.
Además apunta que bajo un contexto adverso para las empresas del país y poco apoyo para su creación y sostén, un programa en el que se limiten los costos de los productos se considera poco viable.
La administración de Andrés Manuel López Obrador ha prometido presentar un plan con el objetivo de suavizar el impacto para las familias más vulnerables, aunque el mandatario federal afirmó que no se trata de un programa de control de precios, sino un acuerdo con empresarios, productores y distribuidores para establecer “un precio parejo de una canasta básica, que se pueda comprar al mismo precio en la Ciudad de México o en Tijuana, o en Valladolid o en Tapachula, un precio justo”.
Durante la primera quincena de abril, la inflación general en el país se ubicó en 7.72 por ciento en su variación anual, un nivel no visto desde enero de 2001 y que fue más elevado de lo pronosticado por los mercados para la primera mitad del cuarto mes del año. Esto como resultado de las presiones a los costos de materias primas por el conflicto armado entre Rusia y Ucrania, además del efecto que ya había generado la pandemia por COVID-19.
Pero tanto la inflación general como la subyacente, es decir, el subconjunto de precios que no están sujetos a la estacionalidad o alta volatilidad, se encuentran por arriba del límite superior de cuatro por ciento del Banco de México (Banxico) desde marzo de 2021. De hecho, en lo que va del 2022 la inflación se ha mantenido por arriba del siete por ciento.
Suman voces en contra
Desde la primera vez que el mandatario federal planteó la idea de establecer un programa de “precios de garantía”, diversos especialistas y análisis han señalado los posibles efectos negativos de la propuesta y ayer se unieron a esta postura la institución financiera JP Morgan y el subgobernador del Banco de México (Banxico), Jonathan Heath.
El banco estadounidense señaló que esta política podría tener un impacto negativo en terminos de producción y potencialmente crear un mercado negro para satisfacer la demanda de ciertos productos. Y agrega que este programa se debe de llevar a cabo a través de un pacto para “suavizar” las negociaciones salariales, anclar el crecimiento salarial del sector público y privado a las expectativas de inflación ex ante, o sea utilizando el cuatro o 4.2 por ciento del próximo año.
En el caso del integrante de la Junta de Gobierno de Banxico señaló, a través de su cuenta de Twitter, que este tipo de programas únicamente funcionan a corto plazo, aunque reconoce que el Ejecutivo federal está facultado para determinar un decreto de precios máximos y así contener la inflación.
Sin embargo, Heath declaró que no le molesta pensar “fuera de la caja” en búsqueda de políticas que puedan ayudar a contener la inflación.
Diversos especialistas han señalado que si el Gobierno federal tiene preparado un programa para controlar la inflación a través de la aplicación de “precios de garantía” a productos de la canasta básica, la intervención tiene que ser específica con los artículos y regiones en las que se aplicará para que resulte sostenible.