Vivir con miedo

Los mexicanos viven con miedo. Salir a la calle se ha convertido en un acto de riesgo. Recordemos: el sábado pasado una pareja caminaba por Polanco, en la delegación Miguel Hidalgo, cuando dos sujetos los amagaron con un arma de fuego. Bastaron 12 segundos para que los delincuentes los despojaran de sus pertenencias a plena luz del día.

Las víctimas, impávidas, caminaron hacia el sentido contrario de los criminales. Días después, el video del asalto se difundió en redes sociales. Esta escena es común en un país donde la violencia le cuesta a cada mexicano 5 mil 647 pesos al año, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública (ENVIPE) 2017 elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La séptima edición de la encuesta muestra que, en 2016, el costo total a consecuencia de la inseguridad y el delito representó un monto de 229 mil millones de pesos, es decir, 1.1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

“México vive una crisis en materia de seguridad”, advierte Arturo Argente, director de la División de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey Campus Toluca.

El especialista asegura que esta situación ha empeorado en la actual administración, debido a que el gobierno no ha podido conjuntar los tres niveles de gobierno para crear una fuerza uniforme que combata a la inseguridad.

El tema de la inseguridad no es sólo cuestión de percepción. Los resultados de la última Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Inegi revelan que 75.9 por ciento de la población considera que vivir en su ciudad es inseguro.

Así, las ciudades con la percepción más negativa son: Reynosa, Chilpancingo de los Bravo, Fresnillo, Villahermosa y Coatzacoalcos.

Acudir al cajero o tomar el transporte público son algunas de las actividades que implican un mayor riesgo para los mexicanos.

Las cifras no mienten. El 82.3 por ciento de los ciudadanos se sienten inseguros en los cajeros automáticos localizados en la vía pública; 72.9 por ciento en el transporte público; 69.2 por ciento en el banco y 68.2 por ciento en las calles que habitualmente usa.

“El miedo se ha convertido en la compañía permanente de los mexicanos”, lamenta el director de la División de Ciencias Sociales y Gobierno del Tec de Monterrey.

Corrupción, el cáncer de México

México no ha logrado revertir el fenómeno de la corrupción. The Business Anti-Corruption Portal (BACP, por su sigla en inglés) asegura que esta problemática representa un reto importante para las empresas mexicanas. La plataforma detalla en un análisis que el soborno es una práctica que se ha normalizado en la política, en las instituciones de seguridad y en algo tan común como en los procesos de registro comercial y para obtener permisos de construcción y licencias.

“El crimen organizado continúa siendo un factor muy problemático para las empresas. La colusión entre la policía, los jueces y los grupos delictivos es extensa, lo que lleva a la delincuencia generalizada, el robo y a la impunidad a una aplicación deficiente de la ley”, expone el reporte.

Sobre la industria petrolera, BACP pone en evidencia que Petróleos Mexicanos (Pemex) ha sido objeto de varios casos de corrupción de alto perfil.

“Los obsequios y la hospitalidad no están prohibidos por la ley y pueden ser permitidos, dependiendo de la intención”, pero, “la extorsión y los sobornos de funcionarios públicos extranjeros para conseguir alguna facilitación están penalizados bajo el Código Penal Federal de México”, añade.

Sin embargo, la plataforma expone que en nuestro país las leyes anticorrupción casi nunca se hacen cumplir, y los funcionarios públicos pocas veces son considerados responsables de actos ilegales.

Es difícil saber el impacto que tiene la corrupción para la economía mexicana. Pero, cálculos realizados por organismos nacionales e internacionales muestran que este mal le cuesta a México entre 8 y 9 por ciento del PIB nacional.

“Es dinero que sale de la economía formal, del trabajo de los ciudadanos y de las empresas. Tenemos que erradicar esta práctica que está asfixiando a la economía del país”, dijo en días pasados a medios de comunicación Gustavo A. de Hoyos, presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Además, explicó que la corrupción es está presente en todo el país y la realidad es que son pocos los casos donde este fenómeno se está erradicando de manera consistente.

Impunidad, sin freno

En sólo dos años, los niveles de impunidad en México empeoraron. El Índice Global de Impunidad 2018, presentado por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), exhibe que en 28 de las 32 entidades federativas hay niveles altos o muy altos de impunidad. El Estado de México, entidad bastión del Partido Revolucionario Institucional (PRI), encabeza la lista.

Al considerar todas las entidades, el promedio nacional del Índice (IGI-MEX 2018) aumentó a 69.84 puntos, frente a la medición de 2016 que fue de 67.42 puntos.

Esto coloca a México como el cuarto país a nivel mundial con mayor impunidad y el peor del continente americano, según una treintena de variables consideradas en el estudio.

“Nuestro país vive un momento crítico, producto del profundo deterioro en el desempeño de las instituciones de seguridad y justicia”, comenta el reporte de la casa de estudios.

Al ser un año electoral, Arturo Argente, director de la División de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey Campus Toluca, insiste en que los aspirantes a la presidencia deben incluir en su agenda el tema al combate a la corrupción e inseguridad, así como la rendición de cuentas por parte de instituciones y sector privado con la finalidad de evitar más prácticas ilegales.

“Aquellos que busquen llegar a Los Pinos tienen mucho trabajo por hacer. Esperemos que sus campañas no sólo se basen en promesas, pues, la corrupción en México es un tema que se debe tomar en serio”.