Una mujer sin ingresos propios es una mujer más vulnerable ante la violencia y en México hay casi 26 millones de ellas. Esto significa que seis de cada 10 mujeres en edad de integrarse a un empleo no tienen acceso al mercado laboral.
La mayoría de ellas, 16.9 millones para ser exactos, no tienen un ingreso propio debido a que llevan a cabo quehaceres domésticos y labores de cuidado que no son remuneradas, en tanto que 4.6 millones no tienen ni buscan activamente un empleo y 4.1 millones sí trabajan pero no reciben remuneración por sus labores, advierte un reporte especial de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.
“Podemos ver cómo esta división o exclusión, que es la primera barrera que encuentran las mujeres para la autonomía económica, tiene que ver con una división del trabajo en la que parece que es su deber natural cuidar del hogar y la familia y además que consideran que por ser amas de casa no trabajan, cuando sí es un trabajo pero no remunerado”, explica María Ayala, coordinadora de investigación de esta asociación civil.
Esta falta de autonomía económica es un factor de vulnerabilidad frente a la violencia que se comete en contra de las mujeres, sobre todo cuando se trata de agresiones domésticas.
La Organización para las Naciones Unidas (ONU) alertó en abril de este año respecto a un aumento significativo en la violencia hacia mujeres y niños en sus hogares, en gran medida impulsado por el confinamiento y la inseguridad financiera de las familias.
Pero las mujeres que no tienen ingresos no son las únicas en condiciones de vulnerabilidad. Aquellas que sí han podido integrarse a un empleo lo hacen en condiciones de precariedad laboral.
Por ejemplo, 72 por ciento de las trabajadoras del país no pueden adquirir con su sueldo dos canastas básicas, cuyo valor unitario es de tres mil 200 pesos en las zonas urbanas y dos mil 089 pesos en zonas rurales, en tanto que 22 por ciento puede adquirir entre dos y hasta 4 canastas básicas y únicamente seis por ciento puede adquirir más de cuatro, esto significa que ganan más de 12 mil pesos al mes.
Otro aspecto alarmante es que 61 por ciento de las trabajadoras no cuentan con seguridad social, pese a que la pandemia por COVID-19 mostró la importancia de contar con servicios médicos públicos o viviendas dignas, destaca Ayala.
A esto se suma que 32 por ciento de las mujeres que trabajan lo hacen sin contar con prestaciones, es decir, aguinaldo, vacaciones y prima vacacional, día de descanso semanal, licencia por maternidad, entre otras; 52 por ciento no cuenta con contrato estable y 93 por ciento no puede afiliarse a un sindicato, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del primer trimestre de 2020.
El informe además destaca que la crisis laboral provocada por COVID-19, que generó la pérdida de 12 millones de puestos de trabajo, agravaron las barreras para acceder al mercado laboral en donde la recuperación de los empleos ha sido más lenta en el caso de las mujeres.
“Para las mujeres ha sido más difícil incorporarse al mundo del trabajo y me parece que podemos intuir que es porque están en su casa, con los niños que están tomando clases, no sólo depende de ellas la salud o la limpieza, ahora también depende la educación de niñas, niños y adolescentes”, apunta Ayala.
Doble jornada para las mujeres
Pese a este diagnóstico, que da claras señales de infravalorar la importancia de la presencia de la mujer en el mercado laboral y con ello su retribución económica, las mujeres mexicanas si tienen una carga excesiva de trabajo, pero en el hogar.
Las mexicanas de entre 30 y 59 años dedican al trabajo en el hogar y de cuidados no remunerados 45.6 horas a la semana frente a las 16.1 horas que invierten los hombres de la misma edad en estas labores. Para las mujeres que trabajan, las labores en casa significan jornadas extra en casa.
En 2019 el INEGI calculó que el valor económico del trabajo no remunerado en labores domésticas y de cuidados era de aproximadamente 5.5 billones de pesos, que representa 23.5 por ciento del PIB del país.
En ese sentido, Acción Ciudadana Frente a la Pobreza propone establecer un Sistema Nacional de Cuidados con cobertura universal que involucre a la sociedad en general, gobierno y el sector privado, cuyas empresas puedan contar con incentivos para proveer servicios de cuidado.
Señala la necesidad de establecer mecanismos para garantizar igualdad de pago para las mujeres, condiciones favorables para la contratación, promoción de las trabajadoras en el trabajo y establecer mecanismos en contra de las violencias en el entorno laboral.