“En la época actual, los países pueden dividirse entre los que tienen y los que no tienen petróleo. Nosotros lo tenemos.”
La frase se atribuye al expresidente José López Portillo y pone de relieve la percepción tradicional de que México es un país petrolero.
Sin embargo, la más reciente debacle en el mercado del crudo, donde el precio del petróleo se ha desplomado más de 60 por ciento desde junio del 2014, ha evidenciado cómo México ha perdido gradualmente el estatus de nación petrolera.
El año pasado, el país se convirtió en un importador neto de petróleo. Las exportaciones de crudo cayeron 45 por ciento en relación al 2014 y el déficit de la balanza comercial petrolera fue de 9 mil 855 millones de dólares.
Desde que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994, la economía mexicana se ha transformado drásticamente. Este cambio estructural se caracterizó por restarle preponderancia a la industria petrolera para privilegiar una nueva base productiva diversificada en la que las manufacturas se convirtieron en el principal componente del sector exportador.
La venta de petróleo en el exterior constituía alrededor del 80 por ciento de las exportaciones totales antes de que se firmara el TLCAN. En el 2015, la cifra fue de apenas 6.1 por ciento de las exportaciones totales.
De acuerdo a datos del Banco Mundial y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en 1982, la renta petrolera representaba el 18.5 por ciento del producto interno bruto (PIB). Para 2014, la cifra se redujo a 7.1 por ciento del PIB y la coyuntura de bajos precios del crudo recortaron la proporción a 4.6 por ciento del PIB para 2015.
En línea con el consenso de analistas, el gobierno considera que la nueva normalidad del mercado petrolero llegó para quedarse y prevalecerá en el mediano plazo. Los Criterios Generales de Política Económica de la SHCP estiman que la razón de los ingresos petroleros en relación al PIB se mantendrá en los niveles actuales al menos hasta el 2021.
A pesar de que el modelo económico mexicano se ha transformado para consolidarse como una potencia manufacturera integrada a las cadenas productivas globales, la pérdida de preponderancia del sector petrolero en la economía también responde a otros factores.
En los últimos 12 años, la producción petrolera de México ha seguido una tendencia descendente. En el 2004, el país producía diariamente 3.3 millones de barriles de crudo. Actualmente, la producción nacional apenas supera los 2.2 millones de barriles de petróleo diarios.
La combinación de un entorno de bajos precios del crudo con una trayectoria a la baja en la producción se ha vuelto patente en la crisis que atraviesa Pemex, la compañía energética estatal que registró pérdidas netas de 521 mil millones de pesos en el 2015.
Petróleo y finanzas públicas
Entre el 2009 y el 2014, los ingresos petroleros representaron en promedio el 34.5 por ciento del presupuesto federal. La cifra alcanzó un máximo de 39 por ciento en el 2012 y desde entonces se ha diluido gradualmente.
No obstante, el cambio más drástico ocurrió en la transición entre el año 2014 y el año 2015, cuando inició la debacle en el mercado de crudo. Los ingresos petroleros cayeron 33 por ciento en el 2015 respecto al año anterior, lo que significó que la parte del presupuesto financiada con ingresos de la venta de petróleo cayó a 19 por ciento, un fuerte contraste respecto al 30 por ciento registrado en el 2014.
El cambio en el financiamiento del gasto público obedece tanto a una baja considerable de los ingresos petroleros como a un incremento de los ingresos tributarios a partir de la entrada en vigor de la reforma fiscal en el 2014.
Esto ha blindado parcialmente a la economía mexicana de la volatilidad del precio del crudo. A diferencia de países como Venezuela y Rusia, cuya dependencia del petróleo es mayor, el desempeño económico de México cuenta con un balance de riesgos menos desequilibrado.
Sin embargo, la caída en el precio del petróleo ha obligado a las autoridades de política económica de México a tomar medidas preventivas para salvaguardar la estabilidad macroeconómica. La SHCP determinó un recorte al gasto público de 317 mil millones de pesos para el 2016 y el 2017.