Le bastaron unos argumentos jurídicos básicos a Ann Donnelly, la juez federal de la corte del Distrito Este de Nueva York, para conseguir bloquear el decreto firmado por Donald Trump que prohibió la entrada al territorio de Estados Unidos a refugiados y originarios de siete países musulmanes.
La juez que plantó cara al hombre más poderoso del mundo emitió la orden alrededor de las 9 de la noche en medio de un día intenso de protestas en todo el país contra Donald Trump y su orden ejecutiva.
El bloqueo fue decretado durante una audiencia de emergencia celebrada el sábado por la noche, buscando liberar a dos viajeros de Siria, Hameed Khalid Darweesh y Haider Sameer Abdulkhaleq Alshawi, que poseían una visa válida y vigente, fueran detenidos e interrogados en el aeropuerto de JFK de Nueva York, por la policía, sin otro motivo que el de su nacionalidad.
El caso fue presentado por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), por el Proyecto Internacional de Asistencia a los Refugiados, por el Centro Nacional de Ley de Inmigración y la Escuela de Derecho de Yale.
Durante la breve sesión de la corte, la juez dijo que era difícil ver el daño de permitir que los inmigrantes recién llegados se quedaran, ya que estos habían sido ingresados y estudiados rutinariamente hace apenas un par de días.
“Todas estas personas han pasado por un proceso de investigación”, dijo la juez. “Explíqueme cómo es que estos peticionarios de asilo no sufrirán daños irreparables si no les garantizo la estancia”.
Esto sucedía mientras varios cientos de personas se manifestaron fuera del aeropuerto de Nueva York.
Sin embargo, la orden de Donnelly no puede interferir con la mayor parte de los mandatos de Trump, ya que la juez puede proteger a un número limitado de individuos, y específicamente a aquellos que ya están o estaban a punto de embarcar a los Estados Unidos cuando Trump firmó su medida.
Otros jueces también se embarcaron en la lucha legal contra la implementación de la orden ejecutiva de Trump desde el sábado por la noche y hasta altas horas del domingo por la mañana.
Un juez federal en Alejandría, Virginia, emitió una orden que prohibía la deportación de todos los titulares de greencards que estaban detenidos en el aeropuerto de Dulles en Virginia.
Y es que, los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional se niegan a permitir que los abogados dialoguen con los detenidos, que son residentes permanentes legales, a pesar de que la orden del juez requiere que el gobierno permita el acceso de abogados.
Ann M. Donnelly trabajó durante años en la oficina del fiscal del distrito de Manhattan, y fue nominada para el Tribunal de Distrito de Estados Unidos del Distrito de Nueva York por el Presidente Obama, siendo confirmada por el Senado con una votación historica de 95-2 en 2015.
En 1989, fue asignada para el programa de delincuentes reincidentes y fue recomendada para el tribunal federal por el Senador Chuck Schumer. Además ha trabajado como consejera senior y como jefa de la Oficina de Violencia Familiar y Abuso de Menores.
En el pasado, fue juez en el Tribunal de Reclamaciones del Estado de Nueva York y en los Tribunales Supremos del Bronx, Brooklyn y Manhattan.
Donnelly nació en Royal Oak, Michigan y recibió su grado de abogacía en la Facultad de Derecho de la Universidad Estatal de Ohio en 1984.
Esta no es la primera vez que Donnelly se encuentra en el centro de atención de los medios, pero hace tres décadas que ejerce su profesión.
Su caso más notable antes de hacerle frente al presidente de Estados Unidos, ocurrió en 2005, cuando ayudó a dirigir el enjuiciamiento de Dennis Kozlowski, el jefe ejecutivo de Tyco, quien fue condenado por saquear 100 millones de dólares de la compañía para su uso personal.
