Apple enfrentará a partir del lunes una de las mayores amenazas judiciales en su contra en los últimos años: Un juicio que amenaza con poner fin a su control absoluto de su tienda de apps, que genera miles de millones de dólares al año y suministra aplicaciones a más de mil 600 millones de dispositivos en todo el mundo.
El caso ante la corte federal fue presentado por Epic Games, fabricante del popular videojuego Fortnite. Epic quiere derribar el llamado “jardín amurallado” de la tienda de apps, que Apple empezó a construir hace 13 años como parte de una estrategia ideada por el cofundador Steve Jobs.
Epic asegura que Apple ha transformado lo que alguna vez fue una pequeña tienda digital en un monopolio ilegal que se queda con una importante porción de los ingresos de las aplicaciones para dispositivos móviles. Apple cobra una comisión de entre 15% y 30% por las compras dentro de las apps, incluyendo artículos digitales en videojuegos y suscripciones. Apple rechaza las acusaciones de Epic.
La fórmula sumamente efectiva de Apple ha ayudado a convertir al fabricante del iPhone en una de las compañías más rentables del mundo, con un valor en el mercado que ya rebasa los 2,2 billones de dólares.
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En comparación, Epic — de propiedad privada — es una compañía diminuta con un valor estimado en el mercado de 30 mil millones de dólares. Sus aspiraciones de crecimiento dependen en buena medida de su plan de ofrecer una alternativa a la tienda de apps en el iPhone.
La empresa con sede en Carolina del Norte también quiere desligarse de las comisiones que cobra Apple. Epic afirma que le pagó cientos de millones de dólares a Apple antes de que Fortnite fuera expulsado de la tienda de apps en agosto pasado, después de que Epic añadió un sistema de pagos que excluía a Apple.
Posteriormente, Epic demandó a Apple y desató un drama legal que podría arrojar nueva luz sobre la manera en que Apple gestiona su tienda de apps. Tanto el director general de Apple, Tim Cook, y su contraparte de Epic, Tim Sweeney, testificarán en un tribunal federal de Oakland, California, que estará adaptado para cubrir los requerimientos de distanciamiento social y uso de mascarilla en todo momento.
Ninguna de las partes quiso un juicio con jurado, dejándole la decisión a la juez federal Yvonne Gonzalez Rogers, quien parece ya estar al tanto que probablemente su fallo sea apelado, debido a todo lo que está en juego en el caso.
Se prevé que el juicio se extienda la mayor parte de mayo, y el fallo se emitiría algunas semanas después.
