Las aprehensiones de los opositores de Leopoldo López y Antonio Ledezma a la mitad de la noche y con artera precisión son reflejo de un régimen que de la misma forma ha consumado el secuestro de la vida democrática de todo un país.
Tras la simulación que fue la elección constituyente del pasado domingo y las acciones que le siguieron, el gobierno de Nicolás Maduro ha dado un paso más hacia la consolidación de un régimen totalitario, la supresión de las instituciones y la pérdida de las libertades.
La oposición, por su parte, no baja los brazos y continúa la lucha a pie de calle. La posibilidad de una salida política hace mucho tiempo quedó descartada y las presiones de la comunidad internacional son cada vez mayores.
A pesar de todo, el régimen se sostiene y los chavistas se defienden con la única vía que les queda: la represión, el autoritarismo y la imposición.
Ayer, apenas tres días después de la jornada electoral, los 545 parlamentarios electos tomaron protesta y hoy comenzarán a sesionar con la encomienda de reformar la Constitución, lo que consuma el autogolpe de Estado para favorecer a Maduro.
El régimen chavista se aleja cada vez más de cualquier signo democrático. Aunque en teoría el Gobierno de Venezuela es una democracia, en la práctica se ha transformado en una dictadura.
El último golpe ha sido la elección y conformación de la Asamblea Constituyente, que además de ser una acción con la que Maduro busca perpetuarse en el cargo, también es un intento de legalizar -que no legitimar- la dictadura, incumpliendo incluso la Constitución aprobada bajo el mandato de Hugo Chávez, predecesor de Maduro.
Tras perder el control de la Asamblea Nacional en 2015, cuando la oposición ganó en las urnas la mayoría parlamentaria, Maduro inició una ofensiva para arrebatarle poderes, echó abajo un referéndum en su contra y la declaró en desacato.
En general, todas las instituciones o actores políticos que han intentado mantener cierta independencia o se han opuesto a la dictadura han sido atacadas por todos los medios. Como la fiscal general Luisa Ortega, descalificada y amenazada por el régimen, y los cientos de opositores detenidos y encarcelados arbitrariamente.
La resistencia
Después de su rendición de protesta, hoy debería de comenzar a sesionar la Asamblea Nacional Constituyente, pero la sede que se le asignó, el Palacio Federal Legislativo, es la misma donde opera actualmente la Asamblea Nacional, de mayoría opositora. Esto genera más incertidumbre que certezas.
Una de las primeras instrucciones de Nicolás Maduro a los constituyentes es precisamente la disolución de la Asamblea Nacional, así como la eliminación del fuero de los actuales parlamentarios, lo que abre la posibilidad de una toma por la fuerza del recinto y detención de los diputados opositores.
Aunque los legisladores han intentado seguir trabajando, es una incógnita lo que pueda ocurrir a partir del día de hoy. Las fuerzas opositoras aseguran que resistirán la ofensiva oficial y mantendrán el funcionamiento de la Asamblea electa en 2015.
Mediante un comunicado emitido el pasado martes, la Asamblea Nacional de Venezuela se comprometió a tomar acciones para deponer a la Asamblea Constituyente como poder ilegítimo.
De forma paralela, la oposición agrupada en la Mesa de Unidad Democrática convocó a una gran marcha para hoy en Caracas, para protestar contra la Asamblea Nacional Constituyente.
La respuesta del régimen fue convocar a sus simpatizantes a que también marchen hacia el Palacio Federal Legislativo acompañando a los diputados constituyentes.
Condena internacional
La Unión Europea anunció ayer que no reconoce a la Asamblea Constituyente de Venezuela. El grupo de los 28 se suma de esta forma a la amplia condena internacional hacia el régimen chavista y a la exigencia de la suspensión de dicho órgano y la vuelta a la vida democrática.
Aunque de momento no han detallado sanciones, los países de la UE advierten a Nicolás Maduro que podrían endurecer su respuesta en caso de que sus peticiones sean ignoradas.
El pasado lunes, tras la jornada electoral, el Gobierno de Estados Unidos anunció una serie de sanciones en contra de Maduro, desde la congelación de activos hasta la prohibición a ciudadanos o entidades estadounidenses a hacer transacciones con él. Este es el primer paso para que los sistemas bancarios internacionales puedan cerrar el acceso al mandatario.
El encarcelamiento de Leopoldo López y Antonio Ledezma también trajo repercusiones.
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, señaló que Maduro es personalmente responsable de lo que les pueda pasar a los líderes opositores, y a través del Departamento de Estado pidió su liberación inmediata.
Otros gobiernos, como el de Brasil y España, también piden su completa liberación; así como el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Zeid Ra’ad al-Hussein, quien llamó al gobierno venezolano a liberar a todas las personas detenidas por ejercer su derecho a la libertad de expresión.
