Los nubarrones de Macri

El panorama, ya de por sí tempestuoso que se vive en Argentina por el endurecimiento de las políticas migratorias en el país, al presidente Mauricio Macri se le viene una nueva tormenta.

Macri enfrenta una serie de denuncias penales por fraude en perjuicio de la Administración Pública y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones, promovidas por dirigentes del kirchnerismo.

El mandatario sudamericano presuntamente condonó alrededor de 4 mil 200 millones de pesos argentinos (unos 250 millones de dólares) de una deuda de la empresa Correo Argentino, la cual pertenece a su padre.

Esta medida ya ha sido condenada por la oposición y tendrá que responder ante la justicia.

Ambas polémicas llegan en un momento en el que el gobierno de Macri está seriamente cuestionado, principalmente por los resultados económicos en el país sudamericano durante su primer año de gestión.

Con una inflación superior al 40 por ciento desde que asumió la presidencia a finales de 2015 y con un decrecimiento económico, el 2017 es un año clave para la administración de Macri.

A finales de este año, habrá elecciones para renovar buena parte del parlamento argentino y los resultados serán fundamentales para el futuro de las políticas del mandatario.

El 2016 también fue un año complicado para el gobierno argentino que tomó decisiones controversiales como el incremento a las tarifas energéticas, de agua y de transporte, recorte a la burocracia, entre otros.

Tanto Macri como sus ministros defendieron las medidas augurando que para 2017 se comenzarían a ver los primeros síntomas de recuperación.

Sin embargo, cada vez hay mayor escepticismo acerca del proyecto de nación argentino, y situaciones como la condonación de la deuda a Correo Argentino no hacen más que elevar el encono y malestar social, lo cual podría repercutir en las urnas.

El conflicto de intereses

La deuda del grupo empresarial encabezado por Franco Macri, padre del presidente argentino se remonta a varios años atrás.

En 1997, el empresario se hizo con el control de Correo Argentino, antes propiedad estatal. Sin embargo, en 2003 Néstor Kirchner –entonces presidente de Argentina– expropió la compañía argumentado que Macri no cumplía con sus obligaciones.

Tras años de litigio, con la llegada de Mauricio Macri, el Ministerio de Comunicaciones aceptó la nueva propuesta de la compañía, que, según la fiscalía equivale a una condonación del 98 por ciento de la deuda, situación que ha generado suspicacias.

La condonación equivaldría a más de 4 mil 200 millones de pesos, una cifra que llegaría, a causa de los intereses, hasta 70 mil millones en 2033, fecha en que concluye el acuerdo original, según cálculos de la fiscalía.

Más allá de los señalamientos por posible conflicto de interés en beneficio de su familia, ahora el gobierno de Macri enfrenta una denuncia penal.

Los kirchneristas Martín Sabbatella y Gabriela Cerrut denunciaron penalmente al mandatario y al ministro Oscar Aguad.

La tensión migratoria

El pasado 30 de enero, Mauricio Macri firmó el decreto 70/2017 el cual modifica la Ley de Migraciones y propone un control más estricto tanto en las fronteras como en los aeropuertos.

La legislación busca evitar que ingresen al país personas con antecedentes penales, así como realizar deportaciones más rápidas para los delincuentes.

La decisión del presidente argentino, hijo de un inmigrante, generó comparaciones con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump y su “America First”. Y es que en su discurso, Macri dejó en claro su “primera preocupación” debe ser “cuidar a los argentinos, cuidarnos a nosotros”.

“No podemos permitir que, por falta de acción, el crimen siga eligiendo a la Argentina para delinquir”, dijo el presidente argentino durante una conferencia de prensa.

Además, esta nueva política migratoria se da en un contexto donde la inseguridad ha escalado en la nación sudamericana, con una ciudadanía cada vez más atemorizada y que pedía acciones concretas para combatir la criminalidad.

En un año electoral, la polémica medida de Macri fue, en general, bien recibida por gran parte de la población que se siente amenazada.

El gobierno argentino justificó el decreto argumentando que los extranjeros son culpables de una gran parte de los delitos que se cometen en el país, principalmente los derivados del narcotráfico.

Según las cifras que dieron a conocer, la cifra de extranjeros bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal ha aumentado más del 21 por ciento de la población carcelaria.

En los delitos vinculados al narcotráfico, una tercera parte de los presos son extranjeros, según los datos del gobierno.

Sin embargo, autoridades de Bolivia y Paraguay la calificaron como xenófoba, racista y discriminadora.

La primera reacción del presidente boliviano Evo Morales fue acusar a Macri de acercarse a las políticas migratorias de Trump.

Sin embargo, Morales ya envió una delegación a Argentina para conocer de primera mano la intenciones de Macri, y desde el gobierno argentino han enviado señales a Bolivia que el decreto no pretende ser persecutorio e invitó a Morales a Argentina para el próximo mes de abril.