Austeridad dominicana

Miles de dominicanos vestidos de negro protestaron el domingo en un emblemático parque de la capital como muestra del rechazo popular a un paquete de nuevos impuestos recién aprobado por el Congreso y a la represión policial.

Y es que ésta dejó 2 muertos la semana pasada. El jueves murió un estudiante universitario a manos de la policía durante una marcha y el viernes falleció una profesora de educación básica después de que un día antes un agente policial le disparó en una manifestación que exigía agua potable para  Barahona, a 200 kilómetros al oeste de la capital.

La manifestación fue la más numerosa que ha enfrentado el gobierno del presidente Danilo Medina desde que comenzó sus funciones el 16 de agosto y a ella acudieron estudiantes de universidades privadas, jóvenes profesionales, amas de casa de zonas residenciales, líderes sindicales, empresarios, actores y dirigentes de partidos políticos.

Con el nuevo paquete de impuestos “nos han humillado, han burlado la soberanía”, dijo a la AP Catherine Fernández, una abogada que recolectaba firmas para derogar la reforma fiscal.

Según la policía, en la concentración en el Parque Independencia había unas 3 mil personas. Las organizaciones civiles que convocaron la manifestación no tenían un cálculo.

La reforma fiscal aprobada el 8 de noviembre incrementará del 16 por ciento al 18 por ciento el impuesto general a las ventas y fue presentada por Medina al Congreso para hacer frente al déficit fiscal del gobierno. La nueve ley gravará productos alimenticios básicos que estaban exentos, el salario de Navidad, incrementará los impuestos a la propiedad y eliminará incentivos a las industrias de turismo.

José Rafael Pérez, un odontólogo que acudió a la manifestación, dijo a la AP que se siente “defraudado por los altos niveles de corrupción” que, según él, se registraron durante las administraciones del ex mandatario Lionel Fernández, cuyos ministros forman parte, en su mayoría, del gabinete actual.

El incremento de impuestos, que entrará en vigencia el 1 de enero, fue aprobado mientras la prensa ha develado cómo altos funcionarios del gobierno, aún en sus cargos, se han jubilado antes de la edad reglamentaria con pensiones de al menos 20 mil dólares mensuales, mientras que el 56 por ciento de la población con empleo fijo gana menos de 250 dólares al mes.

Los manifestantes también mostraron indignación por las comisiones y dietas millonarias que reciben los legisladores y por la distribución entre funcionarios de 180 departamentos de un complejo residencial construido con dinero público. (AP)