La labor de las organizaciones civiles en las estaciones migratorias está en riesgo y con ello la seguridad de las personas en situación de movilidad. El Instituto Federal de Defensoría Pública y representantes de asociaciones aseguran que bloquear el acceso a las sedes del Instituto Nacional de Migración (INM) vulnera los derechos de los migrantes.
Las agrupaciones temen por su trabajo desde que el INM reconoció el martes la veracidad del oficio con folio INM/ DGCVM/0118/2020 e informó que sería suspendido temporalmente el ingreso de organizaciones civiles y religiosas a las estaciones para no obstaculizar la operatividad de las mismas.
No obstante, la Secretaría de Gobernación y el instituto aclararon el miércoles que 10 grupos que ya tenían agendada su visita podían ingresar a partir del 1 de febrero.
La última información se difundió después de que la Secretaría de Gobernación publicó un tuit el martes en el que desconocía el oficio emitido por Antonio Molina Díaz, director general de Verificación Migratoria en el INM.
Netzaí Sandoval, titular del Instituto Federal de Defensoría Pública, considera que la inconsistencia en la información se debe a que el gobierno mexicano quiso respetar los derechos de los migrantes en los primeros meses de la administración, pero la visión cambió en algunos funcionarios después del acuerdo entre México y Estados Unidos.
“Hay funcionarios que responden a la lógica de reprimir los derechos de estas personas como limitar su acceso a la información y la defensa. En cambio, hay otros, quienes envían el último comunicado, que tienen una postura más comprometida con los derechos humanos”, dice el abogado en entrevista con Reporte Índigo.
El también profesor de derecho constitucional menciona que el gobierno violaría el primer artículo de la Carta Magna si limita las actividades de las organizaciones. Este apartado establece que en México todo individuo goza de las garantías que otorga la Constitución, las cuales no pueden restringirse ni suspenderse.
“Se violaría el principio de progresividad de los derechos. Tú no puedes garantizar un derecho por un tiempo y luego limitarlo o suprimirlo”.
El titular del Instituto Federal de Defensoría Pública añade que con una decisión de este tipo también se infringirían las fracciones IV y V del artículo 224 del Reglamento de la Ley de Migración.
Ambas establecen que previo cumplimiento de los requisitos, autorización de la autoridad migratoria y en los horarios establecidos al efecto, podrán ingresar a las estaciones migratorias o estancias provisionales integrantes de asociaciones religiosas u organizaciones de la sociedad civil, respectivamente.
El titular del Instituto Federal de Defensoría Pública recuerda que el trabajo de las organizaciones civiles y religiosas es importante porque estas aportan médicos, asistencia legal y ayudan a que los migrantes encuentren trabajo y se integren en el país.
Ellos aportan muchísimo en estos procesos, entonces sacar de la ecuación a las organizaciones de la sociedad civil es un error tremendo y podría poner en mayor estado de vulnerabilidad a las personas migrantes, su salud y su integridad
Recomendaciones
Ante las últimas acciones, el titular del Instituto Federal de Defensoría Pública recomienda al INM utilizar las estaciones migratorias sólo en casos extraordinarios, no detener a menores de edad y dejar de utilizar lenguaje engañoso.
“Recomiendo que el INM no generalice el uso de estas cárceles. Las estaciones migratorias sólo deberían usarse para casos extremos. Las personas deberían seguir su trámite migratorio de regulación en libertad. Eso sería un gran cambio para el Estado mexicano”.
El abogado también sugiere que las autoridades migratorias no detengan a menores de edad solos o acompañados en las estaciones migratorias porque esa situación viola derechos, acuerdos internacionales y las propias leyes mexicanas.
Su otra recomendación es que el INM deje de usar eufemismos como la palabra “rescates” para referirse a detenciones o “retornos asistidos” en vez de deportaciones.
“El poder del lenguaje pone también en situaciones vulnerables a las personas. La mayoría de la gente no sabe que las estaciones migratorias son centros de detención, cárceles”.
Algunas organizaciones detectan bloqueos a sus labores desde hace meses e incluso años. Rita Marcela Robles, enlace para la incidencia del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, asegura que el INM no renueva el permiso de su asociación para entrar a estaciones migratorias desde que lo pidieron el 22 de noviembre pasado.
Después de un par de meses de espera, Robles menciona que las autoridades migratorias informaron a la organización en enero que no podían entrar a la Estación Siglo XXI ubicada en Tapachula, Chiapas, porque había quejas en contra de sus integrantes debido a que supuestamente no se conducían con profesionalismo.
“No sabemos quiénes interpusieron esas quejas y con base en ello, entre otros puntos, nos niegan el acceso a Siglo XXI”.
Robles asegura que después de que las autoridades migratorias le negaron la entrada a los integrantes del Centro de Derechos Humanos, el INM empezó a prohibir el acceso a otras organizaciones que sí tienen permisos vigentes.
Desde la semana pasada empezaron a negar los accesos. Es muy preocupante porque no tiene precedentes. Los gobiernos anteriores de Felipe Calderón y Peña Nieto tenían unas prácticas tremendas en temas migratorios, pero nunca negaron el acceso a las estaciones migratorias
La voz de las organizaciones
Algunas asociaciones denuncian que no les permiten el acceso a las estaciones desde hace dos años.
Alberto Xicoténcatl, director de la Casa del Migrante de Saltillo, asegura que durante cuatro años interpusieron quejas semanales sobre las malas condiciones de la Estación Migratoria de Saltillo hasta que cerró hace dos años después de que la CNDH le recomendó subsanar sus limitaciones.
“En un momento lo vimos como algo positivo, pero después el INM abrió sus oficinas en una casa y habilitaron la cochera como una estación provisional en la que nunca nos permitieron entrar para hacer observaciones sobre las condiciones”.
La CNDH detectó que en julio de 2019, la estación migratoria provisional de Saltillo, cuyas capacidades de albergue ascienden a las 50 personas, tuvo una sobrepoblación durante 15 días, entre los cuales hubo un ingreso de hasta 145 migrantes.
“La CNDH emitió medidas cautelares por sus condiciones: el hacinamiento, la falta de una correcta alimentación, la incomunicación, los malos tratos, e incluso violencia sexual por parte de personal de las estaciones”.
Las violaciones a derechos humanos también se dan en otras sedes del INM. De acuerdo con el informe especial Situación de las estaciones migratorias en México publicado por la CNDH en 2019, los recintos migratorios violan el derecho al trato digno porque en ellos no existen áreas específicas para ingerir alimentos o dormir, ni un entorno adecuado para la recreación o para que las personas que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad puedan permanecer con seguridad.
El director de la Casa del Migrante de Saltillo denuncia que las nuevas decisiones del INM colocan sobre el papel una política que se implementa desde el gobierno de Enrique Peña Nieto.
“Intentan impedir a toda costa el acceso de la sociedad civil a las estaciones migratorias. Nos preocupa mucho la falta de coordinación dentro del Gobierno federal, nos preocupa mucho que la Secretaría de Gobernación haya perdido la potestad sobre el tema migratorio”.
