La crisis y la represión en Haití alcanzaron niveles tan altos que el propio gobierno del país caribeño pide la intervención de organismos internacionales.
El ministro de Exteriores haitiano, Bocchit Edmond, anunció en su cuenta oficial de Twitter que invitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a visitar la isla en diciembre tras las denuncias de abusos cometidos en la represión de varias protestas.
Renuevo la determinación y la voluntad de Haití en defender los valores y principios de los derechos humanos
La invitación a la CIDH se produce después de que las protestas antigubernamentales comenzaron a disminuir en las últimas dos semanas. La mayoría de manifestaciones recientes fueron entre septiembre y octubre.
Las protestas en Haití iniciaron el 15 de septiembre con el detonante del intento del gobierno por aumentar el precio del combustible, en julio pasado, por recomendación del Fondo Monetario Internacional (FMI). La medida fue rechazada en un país donde el 60 por ciento la población vive con menos de 2 dólares estadounidenses por día y uno de cada tres haitianos necesitan asistencia urgente para cubrir sus necesidades alimentarias, según datos del Programa Mundial de Alimentos (PMA).
Las personas que se manifestaron también exigieron la renuncia del presidente Jovenel Moïse y pidieron cambios estructurales en las políticas públicas para eliminar la desigualdad social, la corrupción y la inseguridad.
Los haitianos pidieron la renuncia del presidente en parte por el contenido de un informe del Tribunal de Cuentas haitiano acerca de la gestión de los fondos de Petrocaribe, un programa de cooperación entre Venezuela y varios países latinoamericanos para financiar proyectos de infraestructura a través de la producción petrolera de Caracas.
Este documento menciona que de los más de 2 mil 230 millones de dólares presupuestados por los seis gobiernos averiguados por esta auditoría, solo mil 730 millones aparecen tras revisión, lo que representa un hueco de 500 millones de dólares.
La información responsabiliza a 15 políticos y altos funcionarios por este posible desvío. El actual mandatario no tenía funciones políticas en ese período, pero aparece en el informe por su papel como empresario.
Además, el gobierno actual carece de legitimidad porque el presidente fue elegido en las elecciones de 2016 en las que participaron el 18 por ciento de los inscritos en el instituto electoral y que fue la repetición de un proceso anulado en 2015.
Consecuencias de la represión en Haití
Las protestas contra el mandatario fueron reprimidas de forma violenta por el gobierno haitiano. La Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció en noviembre que 42 personas fallecieron en el contexto de las protestas, una de ellas era periodista y 19 murieron por culpa de la la fuerzas de seguridad en un periodo de siete semanas.
También 86 individuos fueron heridos en las protestas y los actos represivos, entre ellos nueve profesionales de la comunicación que cubrían las manifestaciones.
“Los bloqueos de carreteras y la violencia se han traducido en mucha gente, especialmente fuera de la capital (Puerto Príncipe), con graves problemas para acceder a alimentos, agua potable, medicamentos y combustible”, describió la portavoz de la oficina de Derechos Humanos Marta Hurtado.
La representante de Naciones Unidas también denunció en noviembre un número alto de personas detenidas a la espera de juicio, debido al cierre de muchos juzgados locales por razones de seguridad. Ante estas cifras de personas fallecidas y lastimadas por las acciones de las fuerzas armadas, el Parlamento Europeo condenó la semana pasada la represión de las protestas pacíficas por parte de las autoridades haitianas, así como el uso de fuerza con resultado de muertes, y las detenciones arbitrarias, intimidación, acoso y violencia sexual.
El organismo de la Unión Europea también exigió que las autoridades haitianas se abstuvieran de inmediato del uso de armas de fuego y munición real contra manifestantes pacíficos y que salvaguarden el derecho de las personas a manifestarse.
Además, Europa respaldó la petición de que se envíe a Haití una misión de expertos independientes de la Organización de los Estados Americanos (OEA) por un periodo prolongado para investigar las numerosas violaciones de los derechos humanos cometidas en el país.
Por otra parte, el presidente del país caribeño pidió hace dos semanas la intervención internacional para frenar la crisis de abastecimiento que afecta a los haitianos desde hace meses.
“Estamos en una crisis humanitaria (…) Necesitamos ayuda internacional para superar esta crisis”, afirmó Moïse en una entrevista con la agencia Reuters, donde agregó que se puso en contacto con el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, para recibir ayuda internacional.
El líder haitiano también anunció que el Programa Mundial de Alimentos (PMA) acordó el envío de 2 mil toneladas de comida de parte del Gobierno estadounidense y que las distribuciones empezaron en noviembre.
En las últimas semanas solo se registraron manifestaciones con poca participación, por lo que la capital de Haití, Puerto Príncipe, y otras ciudades lograron retomar cierta normalidad en sus actividades.
Algunas escuelas de Puerto Príncipe retomaron sus actividades después de haber pasado casi tres meses cerradas debido a los manifestantes que exigen la renuncia del presidente haitiano, de acuerdo con información de agencia EFE.
A pesar de la aparente calma, la crisis sigue sin resolverse y las protestas pueden reanudarse en cualquier momento. Ante esta posibilidad, organismos internacionales tienen que evitar la violación de los derechos humanos de los haitianos.