Niños mueren en Brasil por disparos de policías. Ágatha Félix era una niña de ocho años que murió en Río de Janeiro por una bala perdida de la policía el 23 de septiembre. La pequeña brasileña se dirigía a su casa desde la escuela, en la favela del Alemão, cuando fue alcanzada por tiros de fusil en el microbús en el que viajaba.
Los familiares de la niña acusan a la policía de efectuar los disparos de forma arbitraria. Daniele Lima Félix, tía de Ágatha, dice que no hubo un tiroteo en el momento de la muerte de su sobrina.
“La policía comenta que los agentes fueron atacados simultáneamente y no es así. Nosotros vivimos cerca del lugar de los disparos y si hubiese habido un ataque con muchos tiros, habríamos escuchado algo. Simplemente fue una niña baleada. Pasó una moto y los policías dispararon”, dice Lima Félix al medio de comunicación internacional France 24.
Ágatha fue la quinta persona menor de 12 años en ser asesinada a tiros durante operaciones policiales, en circunstancias poco claras, según la plataforma Fogo Cruzado.
Además, hay 57 investigaciones abiertas sobre niños que murieron por balas perdidas en Río de Janeiro de 2007 a 2019. Del total, 30 casos fueron en confrontaciones entre policías y personas que cometieron delitos, de acuerdo con Rio de Paz, organización que se dedica a contabilizar los homicidios infantiles.
Del total de 57 carpetas de investigación, 23 corresponden a niñas y 34 a niños; 17 víctimas tenían menos de 6 años y 40 entre 7 y 14.
El asesinato de Kauê Ribeiro dos Santos es otro de los casos registrados por la organización. El niño murió a los 12 años por una bala perdida en la noche del 7 de septiembre. En ese momento, la policía militar dijo que el niño era un sospechoso que habría chocado con los militares. La familia, sin embargo, disputa esta versión.
Otro caso de este año es el de Kauan Rosário, un niño de 11 años que fue alcanzado el 10 de mayo por un disparo durante un enfrentamiento entre la policía militar y civiles en Bangu, en la Zona Oeste de Río. El pequeño murió después de una semana en el Hospital Albert Schweitzer en Realengo.
Las estadísticas oficiales, que calculan el número de víctimas sin diferenciar la edad, muestran que las muertes a manos de la policía en todo Brasil aumentaron cuatro por ciento en el primer semestre de 2019, con un total de 2 mil 886 asesinatos.
Este incremento fue mayor en Río de Janeiro: entre enero y agosto murieron mil 249 personas por la acción directa o indirecta de la policía solo en ese estado, según datos del Instituto de Seguridad Pública (ISP). Esta cifra equivale a cinco asesinatos por día.
Además, más del 75 por ciento de las personas asesinadas por agentes son jóvenes y negras, según las últimas cifras del Foro de Seguridad Pública de Brasil y el Atlas de la violencia.
Algunos policías entrevistados por France 24 atribuyen las muertes de civiles al estrés, a la precariedad laboral y a la escasez de medios.
“Yo puedo garantizar que ningún policía sale de casa para matar a un niño o a un inocente. De ninguna forma. Un policía sale de casa primero queriendo volver a ver a su familia, que es algo que no está aconteciendo. Este año ya hay más de 40 policías asesinados. Y en segundo lugar, salimos de casa para salvar vidas porque no hay nada glorioso en matar”, dice Flavia Louzada, sargento de la policía militar de Río de Janeiro.
La Dirección General de la Policía casi nunca asume la autoría de las muertes en combate y menos cuando se trata de niños. Documentos oficiales muestran que el 90 por ciento de las muertes registradas en operaciones policiales no son investigadas o acaban siendo archivadas.
Un informe de la Asamblea de Registros de Resistencia de Río de Janeiro menciona que el 98 por ciento de los casos entre 2010 y 2015 han sido archivados.
Un proyecto de ley permite que los agentes que maten durante su trabajo puedan quedar sin ningún castigo
El documento demuestra que el fiscal estatal es “un gran archivador de casos, contribuyendo a la impunidad de los oficiales de policía criminal”.
Los avisos de resistencia, un instrumento legal creado en medio de la dictadura militar, se basan en el supuesto de que los agentes matan en defensa propia y evitan que sean atrapados en el acto.
La primera semana de octubre, el presidente Jair Bolsonaro dijo que una gran cantidad de registros de resistencia “es una señal de que el policía está trabajando”.
El texto enviado al Congreso por el ministro de Justicia Sergio Moro pretende transformar los avisos en ley y establece que los agentes que afirman “miedo excusable, sorpresa o emoción violenta” después del asesinato pueden quedar sin ningún castigo, cumpliendo la promesa de Bolsonaro de extender la llamada ilicitud excluyente.
Los parlamentarios de la Comisión de Seguridad Pública quitaron esta parte del proyecto de ley poco después de la muerte de Agatha.
Protestan por niños asesinados
Las muertos de los niños provocan movilizaciones de las familias. La segunda semana de octubre, un grupo de madres que perdieron a sus hijos durante operaciones policiales o en matanzas, entre otras situaciones, se reunieron en Brasilia con Rodrigo Maia, presidente de la Cámara de Diputados, y Alessandro Molon, líder de la oposición.
Representantes de varias favelas también acudieron al parlamento del estado de Río de Janeiro el 17 de octubre para pedir un cambio de enfoque en la política de seguridad implementada por el gobernador Wilson Witzel, que defiende el uso de francotiradores en la lucha contra el narcotráfico.
