Los bancos son corresponsables de homicidios cuando acceden a financiar proyectos que están vinculados con estos delitos. En este sentido, Bertha Zúñiga Cáceres, coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), presentará el próximo junio una denuncia contra el Banco Holandés del Desarrollo (FMO, según sus siglas en holandés) por negligencia y corresponsabilidad en el asesinato de su madre, la ambientalista Berta Cáceres.
En una entrevista con agencias, Zúñiga Cáceres explicó que voceros del FMO afirmaron que esta institución financiera no tenía ninguna responsabilidad en el asesinato de Cáceres en marzo de 2016 y rechazó un planteamiento de mediación. Ante esto, la familia de la ambientalista no tiene más opción que presentar una demanda ante la justicia holandesa.
El Banco Finlandés de Desarrollo, el Banco Centroamericano de Integración Económica y el baco holandés acordaron en 2014 con la firma hondureña Desarrollo Energéticos (Desa), financiar la construcción y gestión de la proyecto Agua Zarca. El 27 de febrero de 2014, FMO aprobó un crédito para la central hidroeléctrica por 15 millones de dólares para la empresa, de acuerdo a los propios registros de la entidad financiera.
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Zúñiga Cáceres afirmó que el Copinh cuenta con pruebas que demuestran la corresponsabilidad del banco holandés en la opresión a la comunidad indígena de Honduras que concluyó con el asesinato de su madre, lo que pone al FMO ante un delito de negligencia.
La denuncia incluirá testimonios de las personas involucradas, llamadas telefónicas y correos electrónicos de los empleados y la administración de DESA
Esta entidad financiera era uno de los principales inversores del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca de Desa, cuyo gerente Roberto David Castillo es investigado por haber planeado el asesinato de Berta Cáceres. La ambientalista fue asesinada semanas antes de que esta viajara a Holanda para reunirse con directivos del banco holandés, a los que pretendía convencer de que retirara su inversión.
La represa se planificó para ser construida en el río Guancarque, sagrado para la comunidad indígena lenca. Ante la oposición de los residentes en la región, el proyecto fue denunciado de fraude e irregularidades en la consulta pública obligatoria sobre los planes.
La tensión provocó violentos enfrentamientos entre soldados y activistas indígenas, hasta que en 2016 culminó con el asesinato de Cáceres, la entonces coordinadora de Copinh y el arresto de ocho sospechosos, incluidos dos empleados de Desa.
Entre las pruebas contra el banco está una carta que Cáceres envió en 2013 al FMO. En esta misiva, la ambientalista avisaba a los directivos del banco que no debían invertir en el proyecto de Desa por la violencia que estaba provocando la represa en la comunidad indígena.
“Había un contexto muy fuerte, muchas denuncias públicas, el FMO mandó a una empresas de asesoría a la región para analizar la situación. Estaba claro que conocía los riesgos, pero siempre respaldó la posición que tenía Desa”, expuso Zúñiga Cáceres.
La actual coordinadora de Copinh explicó que su madre hizo varias llamadas al banco para que dejara urgentemente del proyecto, pero los voceros del organismo financiero dijeron que necesitaban más pruebas y que ellos confiaban en la empresa hondureña. “El caso muestra muy bien lo que estaban viviendo las familias indígenas”.
“El banco cometió un delito de negligencia, por ignorar la situación y porque como entidad tiene cláusulas de derechos humanos que debe respetar”
La denuncia incluirá diferentes tipos de pruebas, tales como testimonios de las personas involucradas, llamadas telefónicas y correos electrónicos de los empleados y la administración de DESA.
Por otra parte, el equipo de abogados que acompañó a Zúñiga Cáceres a Holanda subrayó que el FMO conocía la forma en la que Desa lidiaba con la oposición, como la intimidación de la población local. Los representantes legales de la familia Cáceres acusan al banco holandés de continuar financiando las actividades de la empresa hondureña.
“En estos dos años de búsqueda incesante de justicia se ha determinado que el papel de la financiación internacional también fue fundamental para financiar los actos de violencia que antecedieron al asesinato”, dijo la hija de la ambientalista el jueves pasado en una rueda de prensa en Holanda.
En noviembre de 2017, el informe ‘Represa de Violencia. El plan que asesinó a Berta Cáceres’ elaborado por el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE) concluyó que el FMO es en parte responsable de la muerte de Cáceres porque ayudó a financiar la construcción de la planta de energía hidroeléctrica.
“A partir del análisis realizado, el GAIPE establece la negligencia deliberada por parte de instituciones financieras, como el Banco de Desarrollo Holandés… Dichas entidades tenían conocimiento previo de las estrategias empleadas por Desa, a través de reiteradas denuncias y estudios de consultores internacionales”, menciona la investigación.
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El informe agrega que pese a que el banco holandés estaba informado de las acciones de la firma hondureña, este decidió no adoptar medidas para garantizar el respeto a los derechos humanos de las comunidades indígenas, ni mucho menos para proteger la vida de Cáceres.
“El dinero del FMO se usó para pagar a los asesinos. El banco es, al menos, culpable de negligencia grave”, dijo Miguel Ángel Urbina, uno de los investigadores que elaboraron el informe.
Por su parte, el banco de desarrollo rechazó estas acusaciones y negó cualquier forma de acto ilegal en este u otro proyecto en el que ha participado, según su portavoz Paul Hartogsveld.
“Estamos profundamente comprometidos con el respeto de los derechos humanos en todos nuestros proyectos. FMO reconoce el derecho a un proceso legal que confirmará que el banco actuó de buena fe”, cita un comunicado del banco holandés.
Zuñiga Cáceres actualmente está de gira en Europa para difundir los abusos de la empresa Desa. Ya visitó Bruselas y se dirige junto con sus colaboradores a Suiza, España y Alemania.
Violencia contra activistas
El asesinato de Cáceres es una muestra de la violencia contra los activistas que defienden el medio ambiente y los derechos humanos. En 2015 y 2016, Amnistía Internacional contabilizó la muerte violenta de 437 activistas que defienden los derechos humanos en 22 países.
El 95 por ciento de estos crímenes contra activistas quedan impunes, según las estimaciones de la organización no gubernamental. El grueso de esos conflictos en América Latina, donde en 2016 se produjeron el 75 por ciento de los asesinatos documentados de activistas, están relacionados con actividades extractivas, ya sea de hidrocarburos o de minerales. Estas últimas afectan a 90 millones de hectáreas en México y al 40 por ciento del territorio en Guatemala.