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El Senado de Brasil ha dado inicio al juicio político contra Dilma Rousseff. Desde el día de ayer el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lewandowski, dirige la sesión plenaria de los 81 senadores brasileños que deberán votar el próximo miércoles 31 de agosto, sobre el destino de la expresidenta Dilma, suspendida de su mandato desde mayo.
La destitución de la presidenta brasileña ha sido larga y traumática. Y si bien Dilma, de 68 años, está acusada de maquillar las cuentas públicas, ella alude a favor de su inocencia, denunciando un golpe institucional contra su mandato.
Pero si los senadores votan por su destitución -como los analistas de todas las tendencias prevén-, Dilma Rousseff será excluida permanentemente del poder, interrumpiendo cuatro gobiernos consecutivos de izquierda en Brasil.
Llegando al poder
Primera mujer en la historia de Brasil en llegar a la presidencia, como heredera política del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff llegó al poder en 2010 con la intención de continuar el trabajo de su predecesor: reducir la pobreza e impulsar la potente economía emergente de Brasil.
Durante su primer mandato como presidenta, Dilma consolidó su reputación de incorruptible, pues tan pronto llegó al poder se distanció de los ministros sospechosos de corrupción.
Pero la candidata del Partido de los Trabajadores (PT) fue reelegida en 2014 en un contexto económico y social difícil y la inflación empezó a recortar directamente el poder adquisitivo de la clase media.
Brasil entró oficialmente en recesión a mediados del 2014 y la popularidad de Dilma Rousseff alcanzó profundidades récord. El producto interno bruto (PIB) cayó un 3.8 por ciento en 2015 y el Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé que siga bajando durante el segundo semestre del año, siendo ésta la primera vez que Brasil registra dos años consecutivos de recesión desde la década de 1930.
Escándalo Petrobras
En marzo de 2014, la encuesta “Lava Jato” reveló un enorme escándalo de corrupción vinculado a la petrolera Petrobras, desde donde se formó una red para dividir las contrataciones de grandes proyectos de infraestructura y sobrecarga.
A cambio, jugosos sobornos fueron pagados a diversos partidos políticos, especialmente dentro de la coalición gobernante, y que estuvo en el poder desde la toma de posesión del presidente Lula en 2003.
Las malversaciones y sobornos tendrían como objetivo principal la financiación de las campañas electorales, sin excluir, por supuesto, que algunos empresarios y líderes políticos se sirvieran de paso.
Sin embargo, la expresidenta nunca figuró entre las personas citadas por el Procurador General de la República, -como sí lo hicieron Temer y Lula- pues ella no se habría beneficiado directamente del dinero de estos sobornos, pero sí podrían haber sido utilizados para financiar sus campañas presidenciales en 2010 y 2014.
Manchada por el escándalo
Una buena parte de la opinión pública, sin embargo, considera que ella “sí es responsable” aunque no culpable, pues como Ministra de Energía – dependencia desde la cual se supervisa Petrobras -, de 2003 a 2005, y después presidenta de la junta directiva de la petrolera, Dilma Rousseff, difícilmente puede alegar ignorancia.
El 2 de diciembre de 2015, el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), partido de la coalición de su gobierno, puso en marcha el proceso de destitución contra Dilma Rousseff, así, su antiguo aliado, se convirtió en su peor enemigo.
Paradójicamente, el partido de Dilma le habría negado el apoyo por haber sido acusado de corrupción y lavado de dinero en el caso de Petrobras.
Oleada de protestas
La exasperación de los brasileños, que ya se habían manifestado varias veces contra la jefa de Estado, había sido reavivada por los avances en el escándalo de Petrobras, y que ahora involucraban a su mentor, Lula da Silva.
Sospechoso de haberse beneficiado de “regalos” de la empresa petrolera, el expresidente fue detenido y obligado a prestar declaración a la policía. Doce días después, el 16 de marzo, Dilma Rousseff, llamaba a Lula a unirse a su gobierno.
Oficialmente se dijo que el expresidente se integraría para ayudar a restablecer la situación económica del país. Pero, extraoficialmente, Dilma Rousseff fue sospechosa de haber hecho esa invitación para ofrecerle protección legal y que pudiera escapar de la persecución del juez federal,
Sergio Moro, responsable de la investigación de Petrobras.
Enfurecido, este último difundió una grabación de una conversación telefónica entre Rousseff y Lula.
La charla confirmó las sospechas de algunos sectores de que Lula fue nombrado ministro del gobierno de Rousseff para dificultar que se le detuviera por el caso de corrupción por el que estaba siendo investigado.
En la grabación se escucha que Rousseff aconseja a Lula de no usar el documento de su nombramiento político mas que en caso de un “necesidad de absoluta”.
Es decir: en caso de estar rodeado por la justicia sin posibilidad de escape.
Dilma se queda sola
El 29 de marzo, la presidenta brasileña pierde a sus principales aliados en el seno de la coalición de su gobierno. Y en tres minutos, los diputados del PMDB deciden dejar el gobierno con la esperanza de preservar la imagen de su formación. Una salida que significó el apoyo a la destitución iniciada contra Dilma Rousseff.
Tras la opinión favorable de la Comisión de Investigación, 367 elegidos de la Cámara Baja aprobaron en el pleno, la admisibilidad de la impugnación, una puntuación muy por encima de los dos tercios requeridos (342).
Esa decisión apartó a la Presidenta de forma automática durante la duración del procedimiento, es decir, 180 días. Y ahora, en caso de que el día 31 de agosto gane el voto positivo, la presidenta será reemplazada como jefa de Estado por Michel Temer, su vicepresidente, y ex líder del PMDB, acusado de traición y que también fue citado en el caso de Petrobras.
Si casi todos los partidos políticos se mancharon con el escándalo de Petrobras, ¿solo la destitución de la Presidenta será suficiente para los brasileños?
