Calles desbordadas

“Cuando el gobierno viola los derechos de los ciudadanos, la insurrección es para el pueblo, y para cada porción del pueblo, el más sagrado de sus derechos y el más indispensable de sus deberes”.

Así rezaba el artículo 35 de la Declaración de los Derechos del Hombre del año 1793 elaborado por la Convención francesa después del destronamiento del rey y la proclamación de la República.

Ese artículo pudo leerse en el Facebook de la plataforma española Juventud Sin Futuro y también en algunos carteles  de las marchas del jueves 19.

Pareciera reflejar el sentir de cada vez más personas en España ante los recortes que el Gobierno conservador de Mariano Rajoy anuncia cada viernes.

Ningún colectivo está a salvo. Por ello, en la manifestación del jueves 19 se produjo una unión histórica e impensable entre sindicatos, organizaciones y movimientos sociales.

Así, convocada por 6 sindicatos que hasta ahora no habían confluido nunca –Unión General de Trabajadores (UGT), Comisiones Obreras (CC.OO), Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), Confederación General de Trabajadores (CGT), la Intersindical y Unión Sindical Obrera (USO)–, a la marcha acudieron centenares de miles de personas si se tiene en cuenta que se produjo de forma más o menos simultánea en 80 ciudades del país. La Plataforma en Defensa del Estado del Bienestar también se unió a la convocatoria.

También participó la Coordinadora de Trabajadores del Espectáculo, que engloba a varios sindicatos del mundo de la cultura. El actor Javier Bardem también estuvo allí y declaró que   “Se están cargando el presente y el futuro de este país”.

La manifestación y las protestas del jueves fueron calificadas por algunos medios españoles como puntos de clímax.

Y es que en cierto modo puede decirse que el descontento está alcanzando sus cotas más altas.

Tanto es así que la movilización de ayer fue mayor que la de la huelga general y llegó después de una intensa semana de protestas desde que el viernes pasado Rajoy anunciase la subida del IVA hasta el 21 por ciento, la supresión de la paga de Navidad a los funcionarios, la reducción de la prestación por desempleo a partir del séptimo mes o la supresión de la deducción por la compra de una vivienda, entre otras medidas.

La subida del IVA convierte a España en uno de los países de la zona euro con el impuesto más alto y el salario mínimo interprofesional más bajo (641.40 euros al mes).

Antecedentes

Para muchos, la noticia en sí era motivo más que suficiente para salir a las calles. Pero, por si con ello no bastase, el día 11 de julio la diputada del Partido Popular de Castellón, Andrea Fabra, caldeó aún más el ambiente.

Y es que después del anuncio de los recortes en el Congreso de los Diputados, en medio de los aplausos de la bancada del Partido Popular, a Fabra se le ocurrió gritar “¡Que se jodan!”.

Un hecho que circuló a la velocidad de la luz por redes sociales y que provocó que, en cuestión de horas, hubiera una protesta en frente de la sede del Partido Popular en Madrid.

Aunque después la diputada explicó que sus palabras iban dirigidas a los socialistas, para muchos la justificación carecía de consistencia.

Esta anécdota influyó sin duda en el seguimiento que tuvo el jueves el lema  “Quieren arruinar el país, hay que impedirlo, somos más”.

Los datos

Aunque en Madrid se produjo la manifestación más multitudinaria (unas 100 mil personas según los cálculos de El País, 800 mil según organizadores), también fueron reseñables las marchas de Barcelona (400 mil según organizadores y 40 mil según fuentes policiales), Bilbao (20 mil personas), Sevilla (más de 50 mil), Pamplona (más de 15 mil) y Palma (más de 20 mil, 50 mil según los organizadores).

Según información de la agencia española de noticias EFE, la jornada concluyó con disturbios por el centro de Madrid que dejaron un saldo de 15 detenidos y 39 heridos.

Los disturbios se iniciaron cuando después de que se diera por finalizada la marcha, cientos de manifestantes intentaron continuarla con el objetivo de llegar al Congreso.

El ERE de la televisión valenciana

Otro punto caliente fue Valencia. Allí salieron a las calles más de 50 mil personas. Y es que también esa ciudad tuvo su detonante.

La Radio Televisión Valenciana (RTVV) anunció el lunes 16 de julio que tenía previsto un ERE (Expediente de Regulación de Empleo) que contemplaba el despido de mil 295 personas, el 76 por ciento de la plantilla.

Tras el anuncio, los trabajadores de uno de los canales del conglomerado de RTVV ocuparon el estudio de los informativos e impidieron la emisión del noticiero de las 14:00 horas después de que la televisión se negara a informar de los despidos. Finalmente, se transmitió un documental .

“Somos más”

Así concluía el lema de la marcha y no sin razón, pues a todo lo anterior se suman las protestas de los mineros, que se iniciaron a finales del mes de mayo, y la novedosa participación de policías vestidos de civil en las manifestaciones. Aunque en Valencia llegaron incluso a realizar una protesta vestidos de uniforme.

La clave para entender lo que está pasando es que los denominados planes de austeridad ya no afectan únicamente a colectivos particulares. Ya no se trata sólo de desempleados (colectivo que por sí solo ronda los 5 millones), sino también de trabajadores precarios, de becarios, de funcionarios, de pensionistas, de estudiantes y de enfermos.

En definitiva, de todos aquellos que van a pagar las consecuencias mientras se inyecta dinero a aquellas entidades a las que cada vez más gente percibe como las culpables de la crisis.

El 15M empezó con una idea –“¡Esta crisis no la pagamos!”– que ha ido cobrando fuerza a medida que los ciudadanos sentían que a causa del rescate y de los planes de austeridad, ya estaban irremediablemente pagándola.

Por esto, ahora en los carteles de las marchas se habla de “saqueo del pueblo” o de “referéndum o elecciones”. La crispación no cesa de aumentar.

Las alternativas

A pesar de que Mariano Rajoy presentara los ajustes como “inevitables”, las voces que aseguran que hay alternativas no cesan de elevarse. Una de las más relevantes fue la de GESTHA, el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda.

Éste expresó en un comunicado que se hizo público el miércoles 18 su “total desacuerdo con las nuevas medidas anunciadas por el presidente del Gobierno” y planteó alternativas a los recortes después de un inicio contundente:

“Estos recortes suponen un ataque brutal contra los empleados públicos, con la intención de continuar con la política de estigmatización de este colectivo de trabajadores y desviar responsabilidades, sin atender a razones de justicia social ni económicas.”

Algunas de las medidas alternativas propuestas para recaudar los 65 mil millones de euros que el Gobierno pretende recaudar con los recortes en sanidad, educación y con la subida de impuestos son: crear un impuesto sobre la riqueza, subir el de Sociedades, retocar las SICAV y las ganancias especulativas, reducir la economía sumergida y crear un impuesto a las transacciones financieras.

Una foto que circula por Facebook muestra una gráfica con datos obtenidos del mismo sindicato que revela que el fraude fiscal en España es cometido sobre todo por grandes empresas y grandes patrimonios (72 por ciento).

Estas y otras noticias explican parte de la exasperación ya que las medidas más duras siguen recayendo sobre las rentas más bajas.

Por eso, si Diderot tenía razón cuando dijo que “La naturaleza no creó amos ni esclavos”, en un periodo en el que se tensa la cuerda mientras los medios de comunicación continúan exhibiendo los beneficios y los privilegios de ciertas minorías, no es raro que las calles se hayan convertido en el escenario clave para librar batallas entre quienes sienten que ya no tienen nada y las fuerzas de seguridad.

Otra cosa será que el Gobierno se decida a escuchar.