Los celadores chilenos realizaron ayer un paro de advertencia por un plazo de 24 horas en contra de una medida que adoptó la Contraloría de ese país y que puso un tope a sus jubilaciones, con el fin de presionar para seguir con su antiguo sistema que, al igual que a las Fuerzas Armadas, les otorga pensiones superiores al promedio de los civiles.
Los funcionarios reaccionaron a una disposición aprobada en junio que prohibió su jubilación con pensiones superiores a mil 500 millones de pesos chilenos, es decir, dos mil 240 dólares.
En contraste, el promedio de la pensión de un civil es de 300 mil pesos, alrededor de 445 dólares.
“Estamos luchando por un derecho y no vamos a claudicar”, advirtió Juan Carlos Orellana, presidente de la Asociación de Funcionarios Penitenciarios. “No descartamos ir en forma ascendente, no podemos claudicar ni aceptar que hoy nos cambien las reglas del juego”.
Les ponen tope
El tope en las pensiones de la Gendarmería fue una reacción al reciente escándalo por pensiones superiores a 5 millones de pesos chilenos mensuales, equivalentes a 7 mil 500 dólares, que favorecieron a 135 funcionarios que se acogieron a retiro luego de recibir abultados bonos.
Las jubilaciones de los guardias se calculan, según sus últimos ingresos mensuales, al igual que las de la policía uniformada y de investigaciones, aunque éstas dos ramas siguen sin tope en sus pensiones.
Las policías y las Fuerzas Armadas tienen un mecanismo que permite que el monto de su pensión sea igual a su último sueldo luego de 20 años de trabajo. Las jubilaciones de los militares las cubren en un 90 por ciento el Estado y el resto sus aportes previsionales.
Los civiles, en cambio, pueden jubilarse a los 60 años si son mujeres y a los 65 en caso de ser hombres, y el monto de la pensión se obtiene de dividir el dinero ahorrado a lo largo de la vida laboral en que deben aportar un 10 por ciento mensual.
Los funcionarios reaccionaron a una disposición que prohibió su jubilación con pensiones superiores a los 2 mil 240 dólares.
