"No podemos obligar a detenerlos. Pero quedar como refugio de personas que están buscadas internacionalmente no es una posición muy cómoda para un país”
‘Es una carrera contra el tiempo, se mueren los verdugos pero también las víctimas’, dijo una abogada argentina, en alusión a que muchos quejosos no verán castigados a los acusados
Abogados y demandantes de la causa contra el régimen franquista han ganado una “guerra en atraso”.
Antifranquistas aplaudieron una histórica decisión de la justicia argentina de ordenar el arresto de cuatro exagentes españoles por presuntos delitos de tortura, pero se mostraron escépticos sobre su detención.
“La justicia está haciendo un viaje de ida y vuelta”, dijo Ana Messuti, una de las principales abogadas del proceso, en una rueda de prensa en Madrid.
“Es un momento histórico para España y para la Argentina, que también ha tenido como referente a España, que nos ha dado el ejemplo del ejercicio de la jurisdicción universal en el caso de los genocidas argentinos”, agregó.
La magistrada federal María Servini de Cubría, que instruye la causa franquista en Argentina por presuntos delitos de genocidio y crímenes contra la humanidad, libró el martes órdenes internacionales de detención contra cuatro españoles vinculados al aparato represor del general Francisco Franco durante la dictadura en el país ibérico (1939-1975).
Es la primera vez desde la ley de amnistía de 1977, que enterró el anterior intento del exjuez Baltasar Garzón de abrir una investigación similar, que un tribunal de justicia imputa a personas por hechos relacionados con el franquismo.
“Aquel argumento de que la ley de amnistía del 77 era determinante lo desmonta la jueza paso por paso con argumentación fundamental dejando en evidencia al Poder Judicial y al poder político español”, señaló Bonifacio Sánchez, de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica en España.
“Es un día de cierta alegría. El resultado es una puerta abierta a un futuro esperanzador para un país que no contaba con ello”, agregó.
A pesar del paso dado por Servini de Cubría, Messuti se mostró escéptica sobre la colaboración del actual gobierno conservador en la detención de los acusados y consideró apropiado que diera respuesta a la petición de arresto en seis meses.
En abril, la cancillería frenó la toma de declaración de la magistrada a un grupo de víctimas por videoconferencia en la embajada argentina en Madrid.
“No quiero entrar en un tema que no conozco más que por los medios de comunicación y creo que queda más bien en el ámbito de la justicia porque, según he leído, se trata de una juez”, dijo el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.
La orden de Servini de Cubría se cursa a través de Interpol a las policías de todo el mundo.
La jueza pide su detención para interrogarlos en Buenos Aires por 13 delitos de tortura, que en el código penal argentino contempla penas de entre ocho y 25 años de cárcel.
“No sé de las intenciones que pueda tener el gobierno, supongo que las podemos adivinar”, afirmó Messuti. “No podemos obligar a detenerlos. Pero quedar como refugio de personas que están buscadas internacionalmente no es una posición muy cómoda para un país”, añadió.
Los cuatro acusados tienen domicilio conocido en España. Juan Antonio González Pacheco, de 67 años, José Ignacio Giralte González, de 71, y Celso Galván Abascal, de 77, pertenecieron a la Brigada Político Social, que actuó como policía política de Franco. Mientras que Jesús Muñecas Aguilar, de 74, fue de la Guardia Civil.
Según las víctimas, González Pacheco, alias “Billy el niño”, llegó a ser uno de los más feroces torturadores durante el franquismo.
En la querella se pedía la imputación de otras cinco personas, entre ellas un exministro franquista.
Pero de momento la jueza ha optado por iniciar el proceso con estas cuatro personas bajo la acusación de privaciones ilegítimas de la libertad seguidas de tormentos, cometidos muchas veces durante los interrogatorios realizados en las prisiones del régimen franquista.
“Es una carrera contra el tiempo, no solamente se mueren los verdugos, también las víctimas”, explicó Messuti. “Debe reconocerse que estas torturas se cometieron en el marco de un genocidio”, sostuvo.
Máximo Castex, uno de los abogados argentinos querellantes, explicó a The Associated Press que la jueza se limitó por el momento a cursar un pedido de detención bajo la acusación de un delito para que sean indagados en Argentina, tras lo cual decidirá si los procesa formalmente o no. Los imputados pueden negarse a declarar.
Castex dijo que el equipo de abogados querellantes “tratará de reunir elementos probatorios para avanzar con la imputación” de otras personas.
“Esta medida de la jueza va a actuar como un incentivo muy fuerte para que se presenten más querellantes en la causa, que ya son más de 150, y es el primer paso para que fiscales españoles se animen a investigar”, afirmó.
Los querellantes anunciaron que varias víctimas viajarán en noviembre a Buenos Aires para aportar nuevos testimonios ante la jueza.
Servini de Cubría instruye desde 2010 una investigación por delitos de lesa humanidad cometidos en España entre 1936 y 1977, un periodo que abarca la guerra civil, el régimen de Franco y los dos años que transcurrieron entre la muerte del dictador y la celebración de las primeras elecciones democráticas.
La querella argentina, bajo el principio de jurisdicción universal, heredó y amplió el intento fallido de Garzón por abrir una causa general contra el franquismo en 2008 y se ha convertido en la única esperanza de miles de familiares de víctimas de la represión franquista, que encuentran cerradas las puertas de los tribunales españoles.
Garzón, por ejemplo, calculó en 114 mil el número de personas fusiladas sumariamente por Franco y enterradas en fosas comunes. (AP)
