Los peruanos continúan indignados. Desde que se dio a conocer el caso de una niña de tres años que fue víctima de secuestro y violación sexual en la ciudad de Chiclayo, las manifestaciones no se han hecho esperar. Como respuesta, además de que las autoridades correspondientes detuvieron al autor del delito, Juan António Enríquez García, también conocido como “El Monstruo de Chiclayo”, el presidente de la República, Pedro Castillo, propuso un castigo, la castración química.
“Planeamos aplicar la castración química como una medida drástica contra los violadores de menores de edad, adolescentes y mujeres. Esta propuesta será formalizada y esperamos el respaldo del Congreso, que no le den la espalda a un clamor popular”, dijo el mandatario.
Como Gobierno condenamos y repudiamos la agresión sexual que sufrió una menor de edad en Chiclayo. Este lamentable hecho no debe quedar impune. Nuestra solidaridad y todo el apoyo a la niña y su familia. Pedimos al Poder Judicial el mayor peso de la ley para el culpable. pic.twitter.com/aBY3icSPWm
— Presidencia del Perú ?? (@presidenciaperu) April 15, 2022
Esta no es la primera vez que el gobierno de Perú pide aprobar la castración química como medida para reducir las violaciones sexuales en la nación. Tan solo en 2016 el grupo parlamentario Acción Popular lanzó un proyecto de ley para que se admitiera dicha medida, pero eso no ocurrió.
De igual manera, dos años más tarde, la Junta de Portavoces y la Comisión Permanente del Congreso se manifestaron en contra de dicha propuesta, considerándola “poca efectiva”.
La insistencia para implementar este castigo se ha dado sobre todo por la cantidad de violaciones sexuales a menores de edad registradas en el país, convirtiéndose desde hace cuatro años en el segundo delito más numeroso, sólo después del robo agravado.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), mientras que en 2018 se registraron ocho mil 121 internos imputados por dicho delito en los establecimientos penitenciarios de Perú, en enero de 2019 fueron ocho mil 878, durante el mismo mes de 2020 nueve mil 511 y en enero de 2021 nueve mil 674.
En años anteriores, 2013 y 2015, la Encuesta Nacional de Relaciones Sociales de Perú (ENARES) publicó por su parte que más del 45 por ciento de los adolescentes experimentaron alguna vez una o más formas de violencia sexual con o sin contacto.
“Este hecho atroz e inhumano nos lleva a una enorme reflexión como país para adoptar políticas públicas de Estado más severas que salvaguarden los derechos humanos de los más indefensos que son nuestros niños y niñas, y la castración química es una opción, no podemos esperar más”, aseguró el presidente Castillo, considerando la situación en la que se encuentra su país.
Presidente Pedro Castillo: “Reiteramos nuestro repudio y exigimos la máxima sanción a aquellos que agreden sexualmente a nuestras niñas y niños, como ha ocurrido recientemente en Chiclayo, generando la indignación de todos los peruanos”. pic.twitter.com/EzLgUG114T
— Presidencia del Perú ?? (@presidenciaperu) April 18, 2022
Para la doctora Claudia Edith Serrano Solares, internacionalista de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón y posdoctorante de la Unidad Académica de Estudios Regionales (UAER) de la UNAM, la castración química podría entrar en un enorme debate dentro del Congreso, tomando en cuenta que es un método que requiere de un seguimiento médico constante.
“La principal problemática es que requiere de un seguimiento médico constante, considerando que la inyección que se aplica a cada persona debe ser administrada de manera periódica para que tenga la funcionalidad que se espera.
“Eso implica que debería haber un presupuesto dentro del sistema penitenciario de Perú para que pueda garantizarse ese seguimiento, porque también podría haber daños colaterales al momento de que se inicie el tratamiento, poniendo en peligro a los reos”, asegura la docente.
En ese sentido, no sólo se necesitaría analizar los efectos que causarían los fármacos en cada interno, dependiendo de su sistema inmunológico, sino el monto económico que ello conlleva, el cual se sumaría a los gastos que ya se hace en suministros esenciales como los alimentos y bebidas.
El plan b de Castillo si no se aprueba la castración química
Considerando los antecedentes que ha tenido la castración química en Perú, vetando esa propuesta en diferentes ocasiones, y el grado de atención médica que necesita, lo cual puede poner en duda su aprobación en el Congreso, es necesario que el gobierno del presidente tome en cuenta una segunda opción de castigo para los autores de delitos como la violación sexual.
En el artículo “Castración química, última opción en pacientes pedófilos y pederastas considerando su autonomía y dignidad” (Revista Colombiana de Bioética, 2019), la médico Sandra Méndez Bejarano señala que una terapia psicológica cognitivo conductual podría ser un tratamiento para el manejo de este problema, pues ya ha sido aplicada en diferentes países, como Reino Unido.
Por su parte, la doctora Serrano Solares señala que el gobierno primero que nada debería hacer un nuevo diagnóstico para analizar la situación en todo el país, enfocándose en la causa que podría estar llevando a las personas a cometer violación.
De acuerdo con ella, este tipo de análisis podría generar nuevas campañas de concientización sobre la importancia de cuidar a las y los menores.
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