La crisis entre la comunidad autonómica de Cataluña y el Gobierno central de España se acentúa mientras se acerca el 1-O, el 1 de octubre, la fecha programada por el gobierno catalán para un nuevo referéndum separatista.
Mientras el presidente español, Mariano Rajoy, señala con firmeza que no habrá referéndum, el presidente catalán, Carles Puigdemont, advierte que el Estado no podrá frenar el proceso que pretende conducir a la independencia de España y el reconocimiento de Cataluña como nación soberana.
El referéndum ha sido suspendido por los tribunales y no tendrá ningún efecto legal, además de que el gobierno ha asumido todos los pagos de servicios y nóminas del aparato de gobierno catalán (Generalitat), sin embargo, los líderes separatistas continúan en abierto desafío al Estado.
El pasado 7 de septiembre, los partidos independentistas aprobaron en el Parlamento catalán la convocatoria para el referéndum del 1 de octubre, y lo hicieron a pesar de las protestas de los opositores en el mismo Parlamento, a pesar de las advertencias del Gobierno central, de las instituciones europeas y en contra del consejo de abogados y jueces.
Tras días de tensiones, y en un acto que podría ser calificado como desobediencia constitucional, el gobierno catalán y los partidos que se han aliado para impulsar el referéndum iniciaron el pasado jueves la campaña de la consulta del próximo 1 de octubre, a pesar de que la votación está suspendida legalmente.
De inmediato, la Fiscalía de Tarragona abrió una investigación en contra de Carles Puigdemont, el vicepresidente Oriol Junqueras y la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, para determinar si incurrieron en delito durante el inicio de la campaña por la promoción de un referéndum ilegal.
Sin embargo, la acción del Estado español estaba lejos de terminar.
Los bancos deben evitar colaborar con las actividades del referéndum e informar al Gobierno central de cualquier pago o transferencia relacionada con el mismo
Vigilancia a Prensa y a la Banca
El viernes 15 de septiembre, el Gobierno central anunció que asumirá todos los pagos de los servicios esenciales y nóminas de la Generalitat, por lo que el Estado se encargará de cubrir los gastos para sueldos, educación, sanidad, entre otros.
El gobierno de Mariano Rajoy también ha decretado la suspensión de todos los gastos no esenciales del gobierno español para garantizar que los recursos del presupuesto no sean destinados al referéndum del 1 de octubre.
Además, se ha determinado que los bancos deberán evitar colaborar con las actividades del referéndum y que tendrán que informar al gobierno de cualquier pago o transferencia relacionada con el mismo, una cooperación parecida a la que se sigue en casos de otras actividades delictivas, como el lavado de dinero.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña también ha determinado que la prensa catalana no debe incluir publicidad sobre el referéndum en sus ediciones debido a que éste ha sido declarado ilegal, por lo que la inclusión de propaganda podría acarrear responsabilidades penales.
La Guardia Civil se ha presentado en diversos medios de información catalanes para verificar el cumplimiento de esta orden judicial y han realizado operativos para confiscar carteles y publicidad del referéndum.
‘Estado de excepción’
A pesar de la presión del gobierno central, los impulsores del referéndum no dan marcha atrás.
Ante la intervención del Estado en las finanzas del gobierno catalán, el secretario de Economía de la Generalitat, Pere Aragonés, ha asegurado que la Tesorería se encuentra en las mejores condiciones para seguir pagando a funcionarios y proveedores y calificó de ilegal la acción del gobierno central.
El presidente catalán fue más contundente sobre las medidas políticas, judiciales y policiales que ha tomado el gobierno español en los últimos días.
“Es un estado de excepción encubierto que ni siquiera tienen el coraje de decretar oficialmente. No parece que la principal amenaza sea el terrorismo o la seguridad, sino las urnas”, declaró Carles Puigdemont en un acto de campaña el pasado viernes.
En la víspera de los anuncios del gobierno español sobre la intervención en las finanzas y los operativos de la Guardia Civil, Puigdemont envió una carta a Mariano Rajoy y al rey Felipe VI en donde pedía un diálogo para intentar llegar a un acuerdo para la celebración del referéndum.
Sin embargo, con los últimos acontecimientos, una salida política parece más lejana que nunca, y a menos de dos semanas del 1 de octubre, permanecen las dudas sobre si habrá consulta, cómo se llevará a cabo o hasta donde llegará el Estado español para impedirla.
“Es un estado de excepción encubierto que ni siquiera tienen el coraje de decretar oficialmente”
Misión separatista
Desde su investidura como presidente del Gobierno de Cataluña en enero de 2016, Carles Puigdemont se propuso continuar con la política separatista de su antecesor Arthur Mas y se comprometió a lograr la independencia de España en un plazo de 18 meses.
En junio de este año fue cuando anunció la celebración del referéndum, lo que se confirmó en el Parlamento catalán el 7 de septiembre, a pesar de no contar con el respaldo del Gobierno central.
Al declarar la inconstitucionalidad de la consulta, los resultados de la misma no tienen ningún carácter vinculante -como ya sucedió en el referéndum de 2014.
Además, las condiciones en que se podría celebrar el proceso, sin el respaldo de la autoridad electoral, tampoco abonan a su legitimidad.
El tiempo corre en contra de los dos bandos en disputa. Pase lo que pase el 1 de octubre, lo que genera más incertidumbre es qué sucederá después de esta fecha, pues la ruptura es inevitable y la frágil tregua que se ha mantenido entre Cataluña y el Gobierno de España en los últimos años podría desaparecer.
