El presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, pidió el lunes la mediación internacional para resolver la crisis suscitada por el referéndum independentista y demandó que la policía nacional se retire de la región tras los sucesos de violencia de la víspera.
Añadió que el gobierno regional investigará violaciones de derechos humanos cometidos durante la jornada electoral.
Puigdemont exhortó a la Unión Europea a considerar el deseo secesionista de Cataluña como un problema europeo, y llamó al gobierno de Mariano Rajoy a aceptar la mediación. Dijo que en los próximos días en Parlamento regional pondrá en marcha un proceso para declarar la independencia ya que una mayoría de votantes optó por el sí en la consulta.
Poco antes se informó que el gobierno de Cataluña celebró el lunes una reunión a puerta cerrada para discutir los próximos pasos en su plan para declarar la independencia de España.
Las autoridades regionales dijeron que la votación, que España insiste en que es ilegal y no tiene validez, mostró que la mayoría de la población está a favor de la secesión.
La debacle de la consulta dejó a España y Cataluña al borde de un enfrentamiento que podría ser desastroso: Ambas partes sostienen que lo sucedido el domingo en la región del noreste del país le da la razón y ninguna parece dispuesta a ceder terreno.
Puigdemont presidió la reunión en la que podría considerarse la posibilidad de pedir al parlamento catalán que vote sobre una declaración de independencia más adelante en la semana.
Por su parte, Rajoy se reunirá con los líderes del partido gobernante antes de solicitar una comparecencia ante el parlamento estatal para discutir cómo abordar la crisis más grave del país en décadas.
Rajoy convocó además una reunión el lunes por la tarde con el líder del principal partido de la oposición, el Partido Socialista, para discutir las opciones de España.
En declaraciones a la cadena Antena 3, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, lamentó el lunes que hubiera heridos, pero reiteró que la policía actúo por orden judicial para impedir el referendo.
Por su parte, Zeid Ra’ad al-Hussein, jefa de derechos humanos de la ONU, hizo un llamado al gobierno español para asegurar una “investigación independiente, meticulosa e imparcial” en torno a los actos de violencia del domingo.
La confrontación surgió después de que los líderes catalanes decidiesen seguir adelante con la consulta prevista para el domingo a pesar de la suspensión del Tribunal Constitucional. El gobierno español niega que el referéndum haya tenido lugar, mientras los secesionistas catalanes alegan que fue válido y que justifica la ruptura definitiva con las autoridades en Madrid.
Según las autoridades catalanas, los resultados preliminares de la consulta mostraron que el 90% de los votantes votó a favor de la independencia. Menos de la mitad del electorado participó en la votación, en una jornada marcada por los enfrentamientos con la policía antimotines.
Los servicios sanitarios de Cataluña elevaron el lunes a 893 el número de heridos en los disturbios. Cuatro personas seguían hospitalizadas en centros de la región, dos de ellas en estado grave aunque sus vidas no corren peligro, agregaron funcionarios sanitarios señalando que la mayoría de los heridos sufrieron golpes y cortes.
Varios centros de votación registraron enfrentamientos tras la llegada de policías antimotines para evitar que la gente votase y confiscar las urnas.
Algunos catalanes dijeron que ambas partes eran responsables del caos.
“Estoy muy molesto por las dos partes implicadas en lo que ocurrió ayer”, dijo Eric Tigra, de 56 años. “Creo que las dos partes implicadas cometieron graves errores. Pero también debemos resaltar que si los catalanes salen a la calle y no se les escucha, entonces algo no está funcionando”.
Líderes catalanes acusaron a España de brutalidad policial y represión, mientras que el gobierno central de Madrid elogió a las fuerzas de seguridad por un comportamiento firme y proporcionado.
Vídeos y fotografías de los enfrentamientos ocupaban las primeras páginas de medios de comunicación en todo el mundo el lunes.
El diario El País, uno de los de mayor difusión en España, culpó en un editorial al gobierno catalán por los “vergonzantes” acontecimientos del domingo, pero también criticó al ejecutivo español por su incapacidad para atajar la crisis desde su comienzo hace siete años. Según el diario, “lo de ayer fue una derrota para nuestro país”.
Hasta ahora, la Unión Europea, Estados Unidos y la mayor parte de los entes internacionales respaldaron a España frente a Cataluña.
La Unión Europea pidió el lunes a ambas partes que avancen de la confrontación al diálogo.
“Estos son tiempos para la unidad y la estabilidad”, dijo el vocero de la Comisión Europea, Margaritis Schinas.
Cataluña, cuya capital es Barcelona, la segunda ciudad del país, representa una quinta parte de la economía española. Las encuestas mostraron durante años que aunque la mayoría de sus 7,5 millones de habitantes estaban a favor de celebrar una consulta secesionista, la decisión entre independizarse y seguir perteneciendo a España estaba dividida casi al 50%.
