Compra dos meses de vida

Odiado por algunos y adorado por otros, Mohamed Morsi ha recorrido un camino lleno de obstáculos ante la justicia desde junio del 2012, cuando fue elegido presidente de Egipto. 

Fue destituido y encarcelado hace cuatro meses. Y ayer inició el juicio en su contra, pero solo duró unas horas, ya que el proceso fue pospuesto hasta enero del 2014.

En una nación dividida, el político estuvo al frente del poder poco más de un año. En ese lapso hundió al país en una aguda crisis política, social y económica, rompiendo así su promesa de ser el presidente de todos, aseveró Ignacio Álvarez-Ossorio, especialista en filología árabe y columnista de El País. 

Morsi, quien fue el primer presidente electo en Egipto por la vía democrática, fue derrocado por los militares el 3 de julio pasado. 

Tras cuatro meses de ausencia, ayer hizo su primera aparición ante los tribunales para ser enjuiciado. La sede del proceso fue cambiada a última hora del domingo para evitar los mítines de la Hermandad Musulmana, grupo al que pertenece el político, informó Al Jazeera. 

Incluso se desplegaron más de 20 mil efectivos para proteger los alrededores del lugar y sellar algunos puntos sensibles de la ciudad, como la famosa plaza de Tahrir. 

Pero los seguidores no pudieron ser controlados. Aparecieron frente a los tribunales cientos de manifestantes que se enfrentaron al acordonamiento de las fuerzas de seguridad. Ondearon banderas y atacaron a los representantes de los medios televisivos mientras gritaban acusaciones contra los militares y el Gobierno interino. 

En el juzgado, Morsi no paraba de repetir: “Soy el presidente legítimo de Egipto (….) y no acepto la legalidad de este tribunal”.

Tal ilegalidad fue destacada por su abogado en una entrevista con CNN. Aseguró que, según la Constitución aprobada, no se puede remover al presidente sin la aprobación de dos tercios de los miembros del Parlamento.  

El depuesto mandatario es acusado por las autoridades actuales de ordenar el uso de la fuerza pública contra manifestantes el 5 de diciembre del 2012, cuando protestaban por los cambios en la Constitución. Esta medida contravino la decisión del Ministerio del Interior, que no había aprobado la orden de Morsi.  

Un asalto a las leyes

La detención de Mohamed Morsi, quien fue depuesto con un golpe de Estado, ha sido calificada por Amnistía Internacional (AI) como una “desaparición forzada”. 

“Se le denegó el acceso a sus abogados durante el interrogatorio y la instrucción, lo cual socava gravemente su derecho a un juicio justo. También su desaparición forzada constituye de por sí una grave violación de derechos humanos a la que debe ponerse fin de inmediato. 

“Morsi debe quedar en libertad o ser trasladado a un lugar de detención reconocido, y debe permitírsele acceder con regularidad a su familia y sus abogados”, afirmó Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.

Si el exmandatario es declarado culpable, podría enfrentar la pena de muerte, lo que dividiría aún más a la endeble nación egipcia.