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El mundo se conmocionó la semana pasada con la ejecución del periodista James Foley en Iraq. Los estadounidenses se indignaron tras presenciar la muerte de su compatriota a través de las redes sociales.
Pero este no es el único problema relacionado con la muerte tormentosa en el país norteamericano.
En las últimas semanas, los escándalos relacionados con la pena de muerte a los presos estadounidenses han saturado sus medios.
Específicamente de la inyección letal, que es el método primario de ejecución en Estados Unidos (EU).
Y aunque en 2008 la Corte Suprema decidió tratar el caso y aceptó que el método no violaba la Octava Enmienda, que prohíbe los castigos crueles e inusuales, la droga ha fallado muy a menudo en los últimos meses.
El primer caso que desató una rueda de dudas sobre la efectividad fue el de Joseph Wood.
Pues aunque se estima que el reo debe morir 10 minutos después de ser inyectado, a Wood le tardó dos horas en hacer efecto.
“Sus abogados interpusieron un recurso de suspensión de emergencia, después de haber estado ‘jadeando y resoplando por más de una hora’ en la cámara de la muerte”, publicó BBC el pasado 24 de julio.
“Este último caso ha regresado al reflector al tema de cómo EU ejecuta a sus presos condenados a muerte… Estos casos, y el secreto sobre la procedencia de las drogas en la inyección letal, serán citados por los opositores como una razón para abolir la pena capital”, afirmó el analista Rajini Vaidyanathan de BBC News.
Y así como se presentó este incidente en julio, en el mes de abril en Oklahoma intentaron inyectar a Clayton Lockett, pero la ejecución se suspendió por dificultades y el hombre murió minutos más tarde de un infarto.
Asimismo, en Ohio, Dennis McGuire tardó 25 minutos en morir el pasado enero.
Sin embargo, después del alboroto, el pasado 6 de agosto fue ejecutado bajo los mismos métodos un secuestrador y asesino de Missouri, Michael Worthington.
Además, según The New York Times, está la frustración que están demostrando las cortes con los constantes cambios de protocolo e improvisaciones en este tipo de ejecuciones, algunos de los cuales han sido impulsados por la creciente dificultad de obtener los medicamentos para llevarlas a cabo.
Con raíces profundas
Aunque algunos estadounidenses objetan que las víctimas de este sufrimiento son “asesinos”, otros como el anestesiólogo Mark Dershwitz renuncian a su trabajo como testigo experto en ejecuciones.
Su decisión surgió después de haber presenciado la muerte de McGuire, de cuya prolongada muerte no obtuvo mucha información.
“Los anestesiólogos no tienen permitido jugar ningún papel en la creación de un sistema de ejecución. Dershwitz dijo que no existió ninguna discusión: el Estado le informó muy poco sobre lo sucedido”, publicó The Guardian el pasado 20 de agosto.
“No puedo correr el riesgo (de ser acusado), por lo tanto voy a terminar mi papel como testigo experto”, indicó el doctor.
Y su colega, el doctor Mark Heath, lo apoya y asevera que es muy poco probable que cualquier otro doctor familiarizado con esta droga esté dispuesto a apoyar la combinación de la misma.
Además de la inefectividad que puede presentarse al utilizar la inyección letal, en Texas esta genera cuatro veces los gastos que el de otros estados.
“El costo adicional se produce debido a que el proveedor anterior del Estado se negó el año pasado a proporcionar el poderoso sedante, alegando que se había convertido en un objetivo de los opositores de la ejecución”, informó AP el pasado 15 de agosto.
Los diferentes estados se han negado a otorgar información de sus proveedores.
Este mismo nivel de secreto ha generado conmoción entre expertos y opositores. E incluso ha llevado en decrecento la popularidad de la pena de muerte entre los estadounidenses, la cual bajó de 78 por ciento en 1996 a 55 por ciento el año pasado.
“Pero la pena de muerte está tan arraigada en este país. Es como jalar de un árbol con raíces enormes y profundas. Esto va a tomar un tiempo, y el árbol no va a querer soltarse”, afirmó Deborah W. Denno, experta en pena de muerte.
