Congresistas de EU van contra AMLO por reforma eléctrica: afectan intereses del T-MEC, acusan

Este martes, congresistas de Estados Unidos se lanzaron contra el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por la reforma eléctrica, por lo que enviaron una carta al embajador Ken Salazar.

Y es que de acuerdo con los congresistas estadounidenses, el gobierno de México debe cumplir con los principios claves del tratado comercial con Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC).

Entre estos principios está que garantice que las empresas del sector energético estadounidenses puedan exportar bienes de manera justa y puedan continuar impulsando la inversión privada y el crecimiento del empleo en toda la región.

De hecho, en una carta al Embajador de los Estados Unidos fechada este martes, August Pfluger, Henry Cuellar, miembros del Congreso, y los senadores John Cornyn y Ted Cruz expresan su preocupación.

“Las acciones recientes tomadas por la administración mexicana para favorecer a las empresas estatales (EPE) y desplazar la inversión estadounidense”, se lee.

Estas acciones, añaden, “violan el espíritu y la letra del T-MEC y deben ser discutidas”.

Señalan que no son empleadas con igualdad las reglas del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), un acuerdo comercial entre países que debe poner primero a los negocios, las familias y los trabajadores, situación que no se observa en la actualidad.

“Por eso nos queremos asegurar en la completa implementación del T-MEC, y estamos preocupados por las recientes acciones tomadas por el Gobierno Mexicano en favor de las empresas paraestatales, y con presión para las inversiones estadunidenses. Estas acciones violan el espíritu y el acuerdo del T-MEC, lo que necesita ser aclarado”, añade.

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“En el inicio de esta nueva encomienda, respetuosamente le pedimos que lleve las serias preocupaciones de los productores estadounidenses de energía y continúe defendiendo la fuerte aportación agrícola incluida en el T-MEC”, dice la carta.

Los legisladores señalan que México discrimina a los productores de energía que proceden del país vecino al norte y favorece a los inversionistas nacionales, como se observa en las modificaciones de las leyes de hidrocarburos recientemente modificadas, que permiten al gobierno mexicano suspender y revocar permisos de operación privada.