Crisis aplazada

Ante la falta de certidumbre, el presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, decidió postergar la sesión en la que presumiblemente sería investido Carles Puigdemont como presidente de Cataluña alargando una crisis cuya conclusión sigue siendo una incógnita.

Las advertencias del Tribunal Constitucional sobre la nulidad de una investidura de Puigdemont a distancia ha limitado las opciones de Torrent, quien ha decidido no entrar en estos momentos en un posible desacato.

La crisis política ha entrado en una nueva fase de parálisis, ya que durante el anuncio, Torrent hizo énfasis en que la única candidatura que se mantiene es la de Puigdemont, aunque no se ha concretado fecha para una nueva sesión.

La decisión del legislador del partido ERC ha abierto una brecha con los otros dos partidos independentistas que presionan para investir a Puigdemont a pesar de las advertencias que llegan desde el gobierno central.

Torrent se ha mostrado cauto ante el fallo del Tribunal Constitucional, que prohibía la investidura del expresidente catalán si no se presentaba físicamente en el Parlamento, por lo que de momento gana tiempo en espera de que se presenten los alegatos desde los servicios jurídicos catalanes o en espera de acordar un plan b que hasta el momento no existe.

Desde su exilio en Bruselas, Puigdemont ha lamentado el aplazamiento de la sesión, aunque se mostró respetuoso con la decisión y aseguró que no hay ningún otro candidato posible, por lo que pidió unidad al frente independentista.

Con Puigdemont a kilómetros de distancia del epicentro del conflicto, la unidad entre los partidos independentistas pende de un hilo.

En una protesta simbólica, los cuatro diputados de la CUP, el partido antisistema catalán, ocuparon sus escaños en el Parlamento a pesar de la suspensión de la sesión en clara desaprobación a la decisión de Torrrent.

La frágil alianza entre las fuerzas independentistas ha venido mostrando signos de división desde la intervención del gobierno español en octubre pasado, aunque nunca habían sido tan claros.

Tanto la CUP como Junts Per Catalunya han manifestado su voluntad de no participar en ninguna sesión de investidura donde Puigdemont no sea el candidato y sus aliados del ERC parecen haber dado marcha atrás -al menos de momento- en lo que hubiera sido un nuevo desafío al gobierno central.

Aunque el presidente del Parlamento afirma en lo público que defenderá los derechos de Puigdemont, tampoco se ha descartado totalmente la idea de que ERC pueda forzar la situación para presentar su propio candidato, lo que derivaría en una ruptura total de los partidos secesionistas.

A las afueras del parlamento, cientos de manifestantes independentistas también se hicieron presentes para protestar en contra del aplazamiento del pleno, provocando momentos de tensión con las fuerzas de seguridad durante la tarde de ayer.

Los manifestantes rompieron el cordón policial en su intento por llegar al Parlamento, lo que ocasionó algunos enfrentamientos con los Mossos D’Squaddra y según cifras oficiales hubo al menos 13 lesionados, casi todos del cuerpo policial catalán.

El tiempo corre en contra del movimiento independentista y ante la incapacidad de acordar un nuevo ‘gobierno’ que sea legalmente reconocido en Madrid, la posibilidad de la celebración de nuevas elecciones está cada día más cercana.

Sin margen de maniobra

La conformación del Parlamento catalán que dejaron las elecciones del pasado 21 de diciembre le volvió a dar la posibilidad a los partidos independentistas de volver a conformar el gobierno, aunque solo en la aritmética.

Hasta el momento, la única vía que han planteado es la de investir al depuesto Carles Puigdemont, aunque en términos legales sea el escenario más complicado.

El expresidente catalán se encuentra en un exilio autoimpuesto en Bruselas, Bélgica, debido a los procesos judiciales que enfrenta en España por delitos como sedición, por lo que de pisar territorio español tendrá que responder a la justicia y estaría enfrentando hasta 30 años de prisión.

Con esa condicionante, los independentistas han estudiado alternativas como la toma de protesta vía remota, la cual ha sido desechada por el Tribunal Constitucional, pero por el momento -al menos públicamente- nadie ha planteado la alternativa de proponer a otro candidato.

De seguir adelante con el proceso de investidura de Puigdemont, el Parlamento caería en una ilegalidad, el gobierno no sería reconocido por el Estado español y mantendría su intervención hasta que se agotaran los tiempos legales, una prolongación indefinida de la crisis.

Con el panorama actual, sin la presencia de otra candidatura, la actual legislación se vería legalmente incapacitada para formar gobierno, lo que derivaría en una nueva convocatoria de elecciones, un escenario poco deseable dada la crisis política, aunque al día de hoy la conclusión más probable.

Los partidos constitucionalistas no cuentan con los números suficientes para poder formar gobierno, a pesar de que Ciudadanos, con Inés Arrimadas a la cabeza fue la formación más votada en los pasados comicios.

A pesar de la fractura entre los partidos independentistas se hace cada vez más evidente, lo único que sí parece seguro es que se unirían al menos para evitar la llegada de un candidato constitucionalista al gobierno autonómico.

Los puentes de diálogo entre la mayoría independentista y el gobierno de Mariano Rajoy están prácticamente rotos, los primeros parecen dispuestos a defender la candidatura de Puigdemont a pesar de todo y Rajoy ha sido muy claro en su postura de no permitir su investidura.

 Dos posiciones en los extremos, sin que se haya presentado una alternativa que permita vislumbrar una salida.