En las protestas que siguieron a los comicios fallecieron ocho personas, todas ellas simpatizantes chavistas
La decisión del líder opositor Henrique Capriles de impugnar los resultados de los comicios del 14 de abril y de no participar a la auditoría del proceso electoral en el caso de que no se cumplan las condiciones que demandó, ha crispado las tensiones en el país.
Mientras tanto, el oficialismo señala a opositores por promover la desestabilización.
La posibilidad de que la crisis política que enfrenta Venezuela encuentre un camino de distensión se alejó cuando Capriles Radonski anunció en la víspera que impugnará legalmente la votación ante la negativa de las autoridades electorales de auditar las papeletas, las actas y los cuadernos de votación.
Aunque el dirigente opositor se mostró pesimista de que su solicitud de impugnación sea aceptada por un Tribunal Supremo de Justicia, señalado de simpatizar con el oficialismo, dijo, en una entrevista en el canal de noticias Globovisión, que persistirá en sus denuncias de supuestas irregularidades electorales con las aspiración de que haya una “nueva elección”.
Tanto la auditoría como el proceso de impugnación son vistos por analistas como las salidas para solventar la crisis política que se desató luego de las pasadas elecciones en las que Nicolás Maduro logró 7.5 millones de votos, unos 200 mil más que Capriles.
Mientras la oposición mantiene la postura de desconocer a Maduro, el oficialismo también ha recrudecido los ataques contra adversarios del gobierno señalados de promover planes desestabilizadores.
El diputado oficialista Pedro Carreño, presidente de la comisión legislativa que se creó para investigar las violentas protestas ocurridas tras las elecciones, exigió el viernes a la Fiscalía General actuar con celeridad para procesar a los opositores implicados en esos actos, entre ellos Capriles.
En las protestas fallecieron ocho personas, todas ellas simpatizantes del PSUV (Partido Socialista Unido de Venezuela), según la periodista Olga Rodríguez. (AP)
