Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) enfrenta un nuevo desafío. Una Corte federal en Houston, Texas, analizará una solicitud para invalidar el programa que protege de la deportación a inmigrantes que llegaron a vivir a Estados Unidos cuando eran niños.
En esta audiencia, que está prevista para desarrollarse el 22 de diciembre, se evaluará el memorándum que el expresidente Barack Obama emitió cuando creó el programa en 2012. Esto debido a que Texas argumenta que DACA viola la ley federal estadounidense.
Esta demanda, liderada por Ken Paxton, fiscal general de Texas, quien alega que DACA agota recursos estatales para la educación y la salud, fue presentada en 2018 y desde entonces fue nombrada como “DACA y Texas vs Estados Unidos”.
Paxton es conocido por su postura conservadora y su cercana relación con el presidente Donald Trump, a quien ha representado en diversas batallas legales, entre ellas la impugnación estatal de los resultados electorales del pasado 3 de noviembre.
En tanto, el Fondo de Defensa Legal para la Educación México-Estadounidense (MALDEF, por sus siglas en inglés), que representa a algunos de los beneficiarios del DACA, será la organización que defenderá este programa insignia del otrora presidente Obama. Su argumento será que es una iniciativa legal y pedirá desestimar la demanda de los estados porque no han demostrado el daño resultante de su implementación.
Además de Texas, a esta querella se sumaron los fiscales republicanos de Alabama, Arkansas, Luisiana, Nebraska, Carolina del Sur y West Virginia. “Nuestra demanda está basada sobre el Estado de derecho, no sobre la sabiduría de ninguna política de inmigración en particular”, dijo Paxton en 2018.
Los demandantes son gobiernos republicanos que están controvirtiendo el tema del programa bajo el argumento de que DACA condiciona recursos estatales que deberían estar destinados a atender a la población de cada estado y no a migrantes extranjeros.
Este litigio pareciera no estar relacionado con los intentos de Donald Trump para frenar el programa que beneficia a cerca de 650 mil jóvenes, sin embargo fue un precedente para que el presidente estadounidense anunciara que terminaría gradualmente con el programa.
El analista político Juan Pablo Galicia considera que aunque esta demanda no está directamente relacionada con los intentos del presidente Trump por revertir DACA, sí tiene como fin el mismo objetivo que el republicano de poner fin al programa.
“El fondo del asunto cambia y la manera en la cual la Corte se va a meter al tema para resolverlo va a cambiar de enfoque porque ya no es el Gobierno federal queriendo restablecer el orden jurídico anterior en el que no existía la práctica. Son gobiernos estatales los que están buscando prácticamente cuestionar la constitucionalidad del programa”, declara Galicia.
Los estados demandantes argumentan que DACA condiciona los recursos locales para educación y salud
El cuestionamiento
Fue en 2012 cuando Barack Obama creó DACA a través de una orden ejecutiva, después de más de una década de negociaciones fallidas en el Congreso sobre cómo de abordar el status de los dreamers. Como ley, esta iniciativa nunca fue aprobada, pero ganó una popularidad generalizada entre la comunidad migrante que vive en Estados Unidos.
“Yo hubiera preferido aprobar una ley que firmar una acción ejecutiva. Es la razón por la cual aguanté y empujé tan duro como pude para ver si lográbamos pasar una ley de reforma migratoria porque es más difícil derogar que una acción ejecutiva”, dijo Obama en su libro de memorias.
Esta orden ejecutiva de Barak Obama ha sido cuestionada por diferentes actores políticos, quienes consideran que se extralimitó en su autoridad como jefe del Ejecutivo al crearlo.
“Dejar intacto DACA establece un precedente peligroso al darle al poder Ejecutivo la autoridad para ignorar las leyes promulgadas por el Congreso y cambiar las leyes de inmigración de nuestro país para adaptarlas a las preferencias políticas del presidente”, dijo Ken Paxton al presentar la demanda en 2018.
Sobre el programa, el Center for American Progress informó que al cierre de 2019 cerca de 1.5 millones de personas vivían en hogares con beneficiarios de DACA, entre los que se contabilizan a 250 mil niños nacidos en Estados Unidos.
En la edición de primavera de este año del informe “Lo que sabemos sobre los beneficiarios de DACA”, el centro declara que los dreamers afiliados gastan 566.9 millones de dólares en hipotecas y dos mil 300 millones en pagos de alquiler. Además, sus hogares pagan cinco mil 600 millones en impuestos federales y tres mil 100 millones en impuestos estatales.
“Un fallo de la Corte que permita terminar con DACA pondría en duda el futuro de miles de beneficiarios. Pero el impacto se extenderá más allá de estos jóvenes, poniendo también en peligro a sus familias y las comunidades que dependen de sus contribuciones fiscales y económicas”, dice el análisis.
El futuro del DACA de Trump a Biden
El programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) ha enfrentado una dura oposición por parte de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y aunque el inicio del próximo gobierno demócrata podría alejar la incertidumbre sobre el programa que beneficia a miles de jóvenes migrantes que residen en ese país, el gobierno de Joe Biden deberá actuar de acuerdo con lo que determine la Corte de Houston el próximo martes.
El último revés a los intentos del republicano por sepultar el programa que implementó su antecesor Barack Obama se presentó el pasado 4 de diciembre, cuando Nicholas Garaufis, juez federal de Nueva York, ordenó al gobierno de Estados Unidos restaurar en su totalidad el DACA , lo que significa recibir nuevas solicitudes de dreamers para adherirse al mismo y evitar ser reportados a sus países de origen, trámite que estaba en pausa desde 2017.
No obstante, para Juan Pablo Galicia, analista político, el próximo 22 de diciembre el caso podría dar un giro dado que este enfrentamiento legal tiene un nuevo ángulo, lo cual podría significar algunos desafíos para Joe Biden, presidente electo en Estados Unidos, dado que no cuenta con el respaldo total del Congreso de Estados Unidos.
“A lo largo de estos cuatro años y de distintas batallas jurídicas el gobierno de Trump no ha podido con el programa, pero si la Corte lo retira o elimina alguna de sus partes, el gobierno de Biden se vería obligado a restablecerlo mediante órdenes ejecutivas y propuestas propias, y es poco probable que tenga el capital político para ello”, declara.
Este programa beneficia a 650 mil jóvenes que tienen en promedio 26 años, la mayoría de ellos de origen mexicano, aunque también hay chicos nacidos en otros países de la región latinoamericana y de Asia.
Los dreamers más jóvenes nacieron en Estados Unidos, pero no tienen la nacionalidad estadounidense debido a que sus padres son migrantes indocumentados. Estos chicos vivieron su infancia y adolescencia en el país de las barras y las estrellas y su idioma principal es el inglés.
Los resultados de DACA
El movimiento Development, Relief and Education for Alien Minors (Dream Act) nació en 2008, cuando las organizaciones de estudiantes universitarios indocumentados se expandieron a nivel nacional. El grupo de activistas logró fortalecer su estructura durante la campaña electoral de ese año, y pese a que por su estatus migratorio no pueden votar, se sumaron a las fuerzas políticas que respaldaron la candidatura de Barack Obama.
En la actualidad, DACA ha mejorado la vida de los jóvenes, a quienes les permitió acceder a programas de educación superior y capacitación laboral, junto con oportunidades para buscar trabajos mejor remunerados alineados con sus objetivos profesionales a largo plazo, de acuerdo con un análisis del Center of American Progress.
“El hecho de que Donald Trump se pueda ir de la Casa Blanca cantando una victoria en caso de que la Corte determine revertir algo del programa DACA le va a dar fuerza discursiva para poner mayor seriedad a su objeto de mantenerse relevante y ser candidato presidencial en 2024”, opina Galicia.
